Puigdemont esgrime la sentencia del TJUE para pedir a Llarena que renuncie a su captura

La defensa de Carles Puigdemont sostiene que el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, "ni puede ni debe continuar conociendo del presente procedimiento so riesgo de vulnerar los derechos fundamentales". En un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, su abogado se agarra para ello a la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó este mismo martes sobre el alcance de las euroórdenes contra los líderes independentistas.

En esta resolución, la Justicia europea se alinea parcialmente con Llarena y limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega de Puigdemont, pero la defensa del expresidente catalán interpreta que, en realidad, beneficia a sus intereses. Su razonamiento se apoya en la idea de que el Supremo carece de competencia para enjuiciar a los líderes independentistas y esto conlleva una vulneración de su derecho fundamental a "un tribunal independiente e imparcial" si son entregados al mismo.

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El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, apunta en este sentido al párrafo 100 de la sentencia del TJUE: "No puede considerarse un tribunal establecido por la ley (...) un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados", establece el mismo. Según argumenta Boye, el Supremo ya reconoció en un auto del 23 de octubre de 2020 que "ninguna norma" le atribuye "expresamente" la posibilidad de proceder contra europarlamentarios como Puigdemont, por lo que considera que Llarena debe renunciar a seguir con la causa.

"Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro Estado miembro que, sin duda, acatará lo establecido en la sentencia del TJUE de 31 de enero de 2023, o, peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", sostiene la defensa de Puigdemont en su escrito. "Creemos que esta excelentísima sala debe acoger nuestra pretensión y asumir los criterios establecidos".

Impugna los recursos de Fiscalía y Abogacía

En el escrito, Boye carga a su vez contra los recursos en los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden a Llarena que procese también a Puigdemont por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Según argumenta, resulta inviable la "aplicación retroactiva de una norma penal que no estaba en vigor al momento de los hechos".

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"El interesante ejercicio dialéctico contenido en el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal debe ser desestimado y ello por algo tan sencillo como que es un planteamiento que, por muy atractivo que pueda parecer al Ministerio Fiscal, resulta manifiestamente contrario a Derecho", critica la defensa de Puigdemont. "El recurso de la Abogacía del Estado debe correr la misma suerte que el postulado por la Fiscalía, toda vez que, si bien con otros argumentos, pretende lo mismo".

En cuanto a la malversación agravada que le achaca el magistrado del Supremo, Boye recupera los argumentos que ya ha esgrimido en anteriores ocasiones: "Obviamente, esta parte sostiene —en cuanto a ánimos de lucro— su inexistencia en el caso que nos ocupa y, además, que tampoco ha existido actuación ilícita alguna".