Puigdemont apura el plazo y presenta el recurso para recuperar su inmunidad

La defensa de Carles Puigdemont ha recurrido, como tenía previsto, la última de las decisiones de la Justicia Europea que le retiró la inmunidad como europarlamentario. El recurso se presentó el viernes, confirman fuentes jurídicas. El dictamen final del Tribunal de Justicia de la UE será determinante para conocer si el Tribunal Supremo puede reactivar la solicitud de entrega a Bélgica.

Puigdemont recurrió junto a Toni Comín y Clara Ponsatí el procedimiento del suplicatorio por el que se les levantó la inmunidad parlamentaria. Los tres miembros de la Eurocámara consideraban que el proceso no fue justo. La primera instancia, el Tribunal General determinó, no obstante, que el Parlamento Europeo obró correctamente. "El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados", afirmaba la sentencia.

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Los jueces concretaban que, para aceptar el suplicatorio, "el Parlamento se basó en diversos elementos", entre ellos que "los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los diputados adquirieron la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio de 2019" así como el hecho de que los tres fueron procesaros el 21 de marzo de 2018, "es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética".

Mientras la cuestión se dirime, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido no reactivar las órdenes internacionales de detención. Tanto la Fiscalía como Vox, que ejerce como acusación popular, le habían pedido reactivar su captura, pero Llarena ha decidido esperar a que la Justicia europea se pronuncie.

"Cualquier OEDE que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada [antes de alcanzar su objeto] si el TJUE admite la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso, obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento", argumentaba Llarena en la providencia notificada este jueves. A falta de resolverse estas idas y venidas en los tribunales europeos, la nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.