Artur Mas sobre el juicio del 9N: "Nos han traído aquí por venganza"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha defendido este miércoles en el juicio que se celebra en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas electorales eran para las escuelas catalanas. Además, considera que es "irrelevante" que los 2,8 millones de euros con los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional. A su salida de la vista, Mas ha asegurado que no existen pruebas de responsabilidad penal ni económica. "Nos han traido aquí por venganza", ha agregado.

Mas, el primero de los miembros de aquel Govern que habrán de prestar declaración en el juicio a petición de Sociedad Civil Catalana, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución y la Abogacía del Estado, ha defendido la "normalidad" del procedimiento con el que se sufragaron los gastos del 9N, especialmente la partida destinada a casi 7.000 ordenadores portátiles, tantos como puntos de votación se habilitaron, informa Europa Press.

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A preguntas del letrado de Sociedad Civil Catalana (SCC), ha afirmado que "los ordenadores iban al sistema educativo catalán para las necesidades educativas del sistema" y "a partir de ahí, ya están en uso de la Administración y si la Administración considera que puntualmente y sin perjuicio para las escuelas y los maestros se pueden usar puntualmente, pues se puede".

Sobre el hecho de que se costearan con 2,8 millones de euros que su gobierno había volcado al fondo de contingencia desde la partida de cinco millones con la que preveían sufragar una consulta previa que fue anulada por el Tribunal Constitucional, Mas ha incidido en que es "irrelevante" y que, en todo caso, controlar este pormenor no estaba en sus funciones. "Una vez usted ha hecho una modificación de partida, el dinero no queda en una partida concreta para una finalidad específica, o va a otra partida o a un fondo de contingencia que sirve para atender prioridades a criterio del Gobierno. Imagino, aunque como presidente de la Generalitat no entraba ahí, que se hizo así", ha señalado, para añadir después: "

No conozco la técnica presupuestaria y no me corresponde a mí conocerla". En esta línea, ha argumentado que habilitar el presupuesto necesario para el arrendamiento de los ordenadores días antes de la consulta responde a "una forma normal de funcionar de la administración" y es sólo una más de las 1.414 modificaciones presupuestarias por importe de 1.250 millones de euros que se hicieron, según ha dicho, en 2014.

Juicio por el 9N

El Tribunal de Cuentas juzga a partir de este miércoles al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y otros miembros de su Govern por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña, para dirimir si incurrieron en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de aquellos fondos.

En concreto, se sientan en el banquillo de este tribunal en la calle Ortega y Gasset de Madrid, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos fueron ya enjuiciados por la organización del 9N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, y el resto están pendientes de que esta sea firme.

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Agencias

Junto a ellos, serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el ex asesor del presidente Mas Jordi Vilalloana, el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.

El juicio tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: Registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información, entre otros.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.