El fiscal general reivindica su "autonomía e independencia del Gobierno" en la toma de posesión

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este miércoles que es "en todos los sentidos autónomo e independiente del Gobierno que lo propone". Tras tomar posesión para su segundo mandato ante el Tribunal Supremo, ha lanzado esta advertencia durante el discurso que ha pronunciado en la sede de la Fiscalía General del Estado.

El acto se ha celebrado en un momento en el que parte de la carrera fiscal le pide elevar el tono para defender a los fiscales del procés y advertir sobre los riesgos que conlleva la ley de amnistía, pero él ha evitado hacer referencia alguna a estas cuestiones: "No pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial. Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico. Si el Fiscal General abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional".

El pasado noviembre, en pleno debate sobre la amnistía, García Ortiz ya remitió una carta a todos los miembros de la carrera en la que destacaba la necesidad de mantener una posición pública que reforzara "el principio de imparcialidad". Su misiva no descartaba que la Fiscalía pueda valorar la norma que el PSOE ha pactado con Junts "una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", pero insitía en que ese posicionamiento "se realizará a través de los cauces estatuarios" y será "en todo caso técnico-jurídico".

Su discurso de este miércoles ha seguido la misma idea y ha lanzado un aviso a sus subordinados: "Quien espere encontrar en la Fiscalía un lugar para su mera proyección personalista, para lograr otros fines que no sean la custodia de la Ley y el Derecho o la satisfacción del interés social, quien busque otros réditos que no sean profesionales y en provecho de la institución, no tendrá cabida en este renovado camino que hoy empieza".

El CGPJ, en contra

La toma de posesión se ha producido apenas mes y medio después de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyera por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención que García Ortiz no es idóneo para el cargo. Las consecuencias de este dictamen eran simbólicas y no tenían carácter vinculante para el Gobierno, pero nunca antes el CGPJ había rechazado la idoneidad de un fiscal general. Entre otros motivos, los vocales destacaron para ello que entre sus competencias se encuentra la "importante función de protección de los miembros que integran la institución" y que "no ha sucedido así" con él.

García Ortiz ha aprovechado este miércoles para negar esa tesis al presentarse como "la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales", siendo tanto el "velador" como el "valedor" de una institución que "es capaz de soportar las más fuertes tensiones si nosotros somos capaces de cuidar y preservar las instituciones". Frente a los ataques del CGPJ y las críticas de parte de la carrera, su mensaje ha sido claro: "El mandato del Fiscal General del Estado no está sometido a otra condición que su propio ejercicio".

Entre los proyectos que ha anunciado para este segundo mandato, ha apuntado a "la aprobación de varias instrucciones que implicarán reforzar el sistema de controles y contrapesos de la institución y mejorar el régimen de toma de decisiones, garantizando a su vez la autonomía individual de los fiscales". Según ha explicado, se centrarán en "el sistema de discrepancias en el seno de la Fiscalía, las avocaciones y sustituciones en la llevanza de los procedimientos, la dación de cuenta a los superiores jerárquicos y la labor de visado por las jefaturas y los delegados de las especialidades".

García Ortiz ha apuntado a su vez a otra circular para reforzar "la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal" y al desarrollo de una regulación concreta para las dos nuevas unidades especializas": de de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, y la Unidad de delitos de odio y discriminación.