García Ortiz propone para Ciudad Real al fiscal de Tsunami en contra de la mayoría

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha propuesto este jueves el nombramiento del fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación de Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, como fiscal jefe de Ciudad Real, donde mantiene su domicilio desde hace 15 años y que fue su primer destino profesional. La decisión no ha estado exenta de polémica ya que los vocales de la Asociación de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales -consideradas conservadoras- se han opuesto. Carballo es miembro de la AF desde hace años y esta postura se ha visto como un "castigo" a su argumentación sobre Puigdemont.

Carballo aspiraba a la plaza junto a una fiscal de menores de la provincia después de que quedara vacante el puesto en Ciudad Real tras la jubilación de Luis Huete. Se opuso en la Audiencia Nacional a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por Tsunami, así como a que los hechos investigados sean constitutivos de delitos de terrorismo, en contra de lo que sostenía el juez instructor Manuel García-Castellón. También se ha encargado de un segundo caso sensible, el que investiga a un grupo radicalizado de CDR. Ahí, acusó por terrorismo y otra serie de delitos.

La desconfianza por el criterio técnico en la causa que afecta a Carles Puigdemont por terrorismo ha generado tensiones y desconfianzas entre los fiscales, como ya demostró otro episodio de este miércoles. Una petición de amparo de los dos fiscales jefe de penal del Supremo al primer miembro de la Fiscalía del TS que se ocupó de elaborar un criterio que la mayoría rechazó: Álvaro Redondo, acabó en rechazo.

Redondo se opuso de forma oficial en el dictamen que estudió la Junta a que el alto tribunal abriera una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo y consideraba que no existen indicios suficientes contra el expresidente catalán. No obstante, había redactado, en primer lugar, una argumentación totalmente opuesta a esta tesis. Este cambio de opinión levantó suspicacias entre sus compañeros que, en algunos, casos, le acusaban en privado de intentar medrar. De hecho, la Junta votó por abrumadora mayoría a favor de que el Supremo abriera causa y vio indicios firmes de delito en el expresident.

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La postura de Redondo fue criticada en distintos artículos de prensa y los dos fiscales jefes se dirigieron al Consejo Fiscal para solicitar en un escrito que se le diera "apoyo institucional" ante esas publicaciones. Fidel Cadena, con el apoyo de Joaquín Sánchez-Covisa, destacaba que Redondo "es un ejemplo palmario de fiscal dotado de excelencia jurídica e integridad ética probada". También decía que "elaboró un erudito y laborioso informe sin influencia alguna en sus conclusiones que no hubiera emanado de su legítimo cambio de opinión profesional fruto de la profundidad progresiva de su estudio y de las aportaciones intelectuales y jurídicas que su indagación de la verdad le proporcionaba".

El amparo se llevó a votación de la Junta, y, pese a que el propio Redondo es miembro de la Asociación de Fiscales, considerada conservadora, los seis representantes de la AF votaron en contra. El Consejo acabó otorgando el amparo con el voto de calidad del fiscal general del Estado tras una votación en la que las dos vocales natas, los dos vocales electivos de la UPF y el vocal de la APIF se mostraron a favor, y el resto, en contra.