El PP reabre la pelea en el Consejo Fiscal por la amnistía y aprieta a García Ortiz

El PP volvió a hacer uso este martes de su mayoría absoluta en el Senado para atacar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y forzar un pronunciamiento sobre la ley de amnistía antes de que finalice su tramitación en la Cámara Alta —el plazo máximo es el 16 de mayo—. El jurista ya desestimó la misma petición a finales de enero, al entender que opinar sobre la despenalización del procés implicaría "alterar el normal funcionamiento de la institución" e "invadir competencias" de la Fiscalía. Pero los populares ven margen para forzar ese escrito y, de paso, redoblar la presión.

La decisión de no emitir el informe generó malestar dentro del Consejo Fiscal, con hasta seis vocales levantados en armas contra la decisión "unipersonal" de Ortiz de rechazar el dictamen pese a la obligada cooperación que, a su parecer, debe tener el órgano con las Cortes. La tensión fue a más después de que los vocales de la Asociación de Fiscales acusasen a Ortiz de intentar "ocultar información" por sustraer la petición de la Cámara Alta "al conocimiento del Consejo Fiscal". Y ahora el PP, con el nuevo requerimiento, vuelve a activar esa mina.

En el escrito registrado en la Mesa del Senado, presidida por Pedro Rollán, el partido señala dos preceptos legales por los que entienden que el fiscal general del Estado debería emitir de forma obligatoria un informe sobre la amnistía. El primero es el artículo 10 de la Ley 50/1980 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge el deber de la institución de "colaborar" con las Cortes Generales siempre que no exista "obstáculo legal", del que a su juicio carece la ley.

Recuerdan además que, según el artículo 14.4 de esta norma, "es el Consejo Fiscal, y no el Fiscal General" quien tiene "la competencia de informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal". El PP abre así una nueva ventana de gresca interna en el Consejo Fiscal, al entender que la potestad sobre emitir o no informe sobre la amnistía no corresponde en exclusiva a Álvaro García Ortiz, sino al órgano en su conjunto.

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EFE

El PP ya tiene en su poder el informe que pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apuntó a la ley de amnistía como inconstitucional. Los populares se han marcado como objetivo contar con todos los documentos preceptivos de los órganos competentes que se laminaron en el Congreso por la vía de urgencia que usó el Ejecutivo para la tramitación de la norma.

La próxima semana, por ejemplo, se reunirá la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para elaborar otro informe, previsiblemente crítico, con la despenalización del procés. El Senado ha abierto también un conflicto institucional con el Congreso para que retire la ley, un choque que podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

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Ana Belén Ramos

Más allá del choque por la amnistía, Génova ha situado desde hace meses al fiscal general del Estado en la diana. La gota que colmó el vaso fue la decisión del Gobierno de confirmar a Álvaro García Ortiz en el puesto hasta 2027 solo un día después de que el Supremo le acusase de "desviación de poder" tras promocionar a la exministra Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. El CGPJ concluyó también que el jurista no era "idóneo" para el cargo de fiscal general del Estado.

Desde entonces, el PP ha intensificado sus peticiones de dimisión, hasta el punto de presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra García Ortiz por presunta prevaricación por el ascenso de Dolores Delgado en el Ministerio Público. Cree que el fiscal general está "inhabilitado" para el cargo, una tesis en la que incidió este martes el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

El dirigente popular agitó las informaciones que apuntan a la supuesta decisión de la Fiscalía de retrasar la querella sobre el caso Koldo pese a que la tenía lista antes de las elecciones generales del 23-J. "Debe dar explicaciones inmediatamente y, acto seguido, dejar el cargo", zanjó. Vox se subió también al carro y registró este mismo martes una petición de comparecencia de Álvaro García Ortiz en el Congreso de los Diputados.