Gresca en el Consejo Fiscal por el informe sobre la amnistía que reclama el Senado

El informe técnico sobre la ley de amnistía reclamado por la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha provocado un nuevo encontronazo en el Consejo Fiscal. El cruce de reproches se ha producido después de que el presidente de la cámara, Pedro Rollán, remitiera una carta al fiscal general del Estado tras no tener noticias sobre la evolución de ese dictamen.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que la elaboración del informe está a punto de arrancar y achacan la tardanza a la falta, de momento, de un texto definitivo, dado que la ley se encuentra aún en trámite de enmiendas. Los vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritarios en el Consejo, han mostrado pese a todo su "más profunda estupefacción y rechazo".

Consideran, en un comunicado, que una petición de esta naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional, no solo no ha sido atendida, "sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas". En su carta, Rollán precisaba que la Mesa del Senado acordó tramitar la petición de que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y que se remitió el acuerdo el día 7 de diciembre de 2023, "sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna".

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"Es por ello que los vocales de la AF advierten que Álvaro García Ortiz está ocultando información sobre la petición recibida por parte del Senado "tras haber ignorado previamente dicha petición". "Que desde la Fiscalía General del Estado se esconda información es una situación muy grave", concluyen.

El Consejo pidió más tiempo

Tanto Rollán como los fiscales han comparado la actuación de la Fiscalía con la del Consejo General del Poder Judicial, a quien también se dirigió el Senado para pedir informe. En el caso de CGPJ, la Comisión Permanente acordó a mediados de diciembre pedir a la Mesa una prórroga de 15 días, a contar desde el 24 de enero, para elaborar el dictamen.

Fue el pasado diciembre cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, a pesar de que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo. La Comisión Permanente valoró en su día dicha petición y accedió a emitir informe, designando como ponentes del mismo a la vocal progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea.