La pareja de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se ha querellado contra la Fiscalía por revelación de secretos, informan fuentes jurídicas. Su denuncia se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por la información que supuestamente han desvelado a lo largo de los dos últimos meses sobre la investigación que se sigue contra González Amador por dos delitos tributarios y otro de falsedad documental.

La querella de González Amador parte de las comunicaciones mantenidas entre su defensa y la Fiscalía en el marco de este segundo procedimiento. Su abogado envió el 2 de febrero una propuesta de conformidad al Ministerio Público en la que su cliente reconocía "la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (IS)", mostrando así su voluntad de alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena.

11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró esta denuncia el pasado marzo y el fiscal se la remitió por correo electrónico al abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Según apuntan desde la Fiscalía, ese último mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, reiterándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo, pero el Ministerio Público emitió un comunicado en el que detallaban las mencionadas comunicaciones para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en esta nota.

TE PUEDE INTERESAR

La pareja de Ayuso reconoce el fraude a Hacienda y busca un pacto con la Fiscalía

Pablo Gabilondo Ignacio S. Calleja

Este comunicado de la Fiscalía provocó una nueva polémica, hasta el punto de que ya se han interpuesto dos nuevas querellas. Por un lado, la de González Amador y, por otro, la que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha interpuesto por los mismos hechos al considerar que son de "una gravedad sin precedentes". Según explican las mismas fuentes, esta segunda denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid, que ya ha incoado diligencias previas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha hecho por su parte cargo de la de González Amador y ahora tendrá que dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su admisibilidad. Mientras tanto, el procedimiento paralelo por fraude fiscal sigue su curso y González Amador tendrá que declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid el próximo mayo.

La querella de González Amador

La pareja de Díaz Ayuso señala en su querella dos posibles delitos. El primero es el del artículo 417 del Código Penal, que castiga con multa e inhabilitación a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Si la revelación provoca un "grave daño para la causa pública o para tercero" o si los secretos afectan a "un particular", la pena puede elevarse a entre uno y cuatro años de prisión.

El segundo delito es el del artículo 197 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".