El novio de Ayuso pactó en un documento "ocho meses de cárcel" por dos delitos fiscales

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, remitió el 2 febrero a la Fiscalía un documento en que proponía alcanzar una conformidad y asumir dos delitos fiscales a cambio de saldar el caso con el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel. En el escrito, al que ha accedido El Confidencial, acepta de forma "íntegra" la defraudación a Hacienda y sugiere una condena reducida que no implique el ingreso en la cárcel.

Según detalla su letrado, se propone la imposición al empresario "de una multa del 40 por ciento de la cuota defraudada, atendiendo al resarcimiento del daño, y al reconocimiento de los hechos". Respecto a la pena de prisión, tras destacar que no se está en ningún caso ante un delito agravado, se propone "una pena de 4 meses por cada delito a imponer", sin incluir la falsedad documental que le atribuye también el Ministerio Público.

"También se propone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses", reza el documento. La conformidad no llegó a cerrarse en esas fechas y el fiscal del caso acabó presentando denuncia sin descartar un acuerdo. La causa está ahora en manos de la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid.

La magistrada ha citado al novio de la presidenta madrileña el próximo 20 de mayo. Considera que los hechos denunciados por la Fiscalía "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos de defraudación tributaria por el impuesto de sociedades de los años 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951 euros). También aprecia un supuesto delito de falsedad en documento mercantil por unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y presuntamente aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

El letrado Carlos Neira trata de destacar la voluntad de cooperar e incluso señala que se alegó durante el procedimiento inspector que las cuotas tributarias a que se refiere la AEAT en su propuesta y liquidación vinculada a delito "ya han sido pagadas por la sociedad en su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022". De hecho hace unos días, Hacienda realizó una devolución a González Amador por este concepto, que ya no se puede saldar hasta que así lo fije la Justicia.

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La respuesta del fiscal

Tras el envío del documento, el fiscal respondió al abogado el 12 de febrero y le dijo que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, aclarando a su vez que el hecho de que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para el acuerdo. Un día después, interpuso la denuncia contra González Amador y los otros investigados ante los juzgados de Madrid, pero este paso no impedía que cerraran un acuerdo más adelante.

El 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró esta denuncia y, siete días después, el fiscal encargado del asunto remitió la misma por correo electrónico al abogado. Según defienden desde la Fiscalía Provincial de Madrid, ese último mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, reiterándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para el pacto.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se apuntó a ese último correo del 12 de marzo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo, pero el Ministerio Público insistió en que los contactos comenzaron el 2 de febrero y que "el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado". Para defender esta idea, enviaron la nota de prensa que ahora tendrá que revisarse en la Junta de Fiscales.