La cúpula fiscal rechaza investigar la querella del novio de Ayuso y respalda a la dos de García Ortiz

La Junta de Fiscales de Sala ha concluido este miércoles que la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra dos miembros de la Fiscalía Superior de Madrid por revelación de secretos ha de ser archivada sin practicar ninguna diligencia. La fiscal encargada del caso, María de la O Silva, se mostraba a favor de investigar la elaboración y emisión de la nota de prensa en la que la Fiscalía informó sobre las negociaciones que había mantenido con González en el procedimiento que sigue contra él por fraude fiscal, pero la Junta ha rechazado sus argumentos por 19 votos frente a 12 y una abstención. La decisión final queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los 32 fiscales que conforman la Junta han debatido este miércoles dos posturas distintas. De un lado, la de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que se mostraba a favor de despachar la querella de forma automática con un informe en contra. De otro, la de María de la O Silva, que invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este señala que, cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, se podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.

De la O Silva consideraba que, antes de decidir si se archivaba o no la querella, debía investigar las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar la nota de prensa. La Fiscalía General trató de convencerla en varias reuniones y le ordenó a través de Sánchez Conde que apoyara el archivo, pero la batalla llegó este miércoles a la Junta.

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Como ya informó El Confidencial este martes, la actual composición del órgano ha tenido un peso evidente en la decisión. Muchos de los fiscales que ahora la integran fueron designados en la máxima categoría en las últimas etapas, desde la llegada a la cabeza de la Fiscalía General de Dolores Delgado. Ella misma forma parte ahora de la Junta tras ser nombrada fiscal de sala por su sucesor y actual fiscal general.

La querella del novio de Ayuso

La querella de González Amador parte de las comunicaciones mantenidas entre su defensa y la Fiscalía en el marco de la investigación que se sigue contra él por dos delitos tributarios. Su abogado envió el 2 de febrero una propuesta de conformidad al Ministerio Público en la que su cliente reconocía los hechos, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena.

11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El Juzgado de Instrucción Decano de Madrid la registró en marzo y el fiscal se la remitió por correo electrónico al abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Según afirman desde la Fiscalía, ese último mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

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Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo, pero el Ministerio Público emitió la polémica nota de prensa en el que detallaban las mencionadas comunicaciones para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.

Este comunicado provocó que tanto la pareja de Ayuso como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se querellaran por revelación de secretos. El fiscal que se hizo cargo de la denuncia del ICAM se opuso a su admisión a trámite y negó que se revelasen datos confidenciales, pero De la O Silva se desmarcó de ese razonamiento al revisar la del novio de Ayuso. Ese es otro de los argumentos a los que se ha acogido este miércoles desde la Fiscalía General: la necesidad de mantener unidad de actuación.