Caso Koldo: la Fiscalía Europea recaba más datos y estrecha el cerco sobre Torres y Armengol

La Fiscalía Europea y la Guardia Civil estrechan el cerco en torno a la gestión de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol al frente del Gobierno de Canarias y Baleares, respectivamente. Según informan a El Confidencial fuentes policiales y judiciales, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han recabado en las últimas horas nueva documentación en las dependencias de ambos Ejecutivos autonómicos. Estos trabajos guardan relación con las pesquisas del llamado caso Koldo.

El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del partido Coalición Canaria, ha confirmado ante los medios de comunicación este miércoles esta nueva actuación de la Guardia Civil. Ha reiterado la voluntad de su administración de "colaborar" con la Justicia y "facilitar" la labor de los agentes que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos. Según las fuentes consultadas por este periódico, estas nuevas diligencias tienen que ver con la etapa anterior, concretamente con la operación Delorme.

Esta es la operación en la que resultó detenido en febrero el asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García. Está acusado de cobrar comisiones ilegales a cambio de conseguir a una empresa llamada Soluciones de Gestión SL. adjudicaciones entre administraciones socialistas para comprar material sanitario durante la pandemia. Una de esas administraciones fue la del actual ministro de Política Territorial, que le otorgó contratos a la trama por valor de más de 12 millones de euros, según desgranan los autos de la Audiencia Nacional que instruye el caso.

Además, según desveló el Confidencial, el Gobierno de Torres adjudicó tres contratos a dedo a un laboratorio implicado en el caso Koldo. Estos expedientes, que suman 5,3 millones de euros, fueron firmados por el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, uno de los altos cargos salpicado también por el escándalo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.

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De forma paralela y coordinada, la Guardia Civil ha recabado documentos en Baleares. Otras fuentes jurídicas consultadas enmarcan esta solicitud de documentación en las diligencias iniciales básicas después de que la Fiscalía Europea asumiera el caso a principios de marzo. Se trata de practicar distintas medidas de investigación para acreditar si se produjo la comisión del delito.

Investigación propia

Hasta ahora, la información inicial de la que disponía es la ya instruida por sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción bajo la coordinación de la Audiencia Nacional. Con este movimiento, la Fiscalía Europea empieza a sentar las bases de su propia investigación de la mano de la Guardia Civil.

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La Fiscalía Europea interviene cuando se cometen delitos con fondos comunitarios. Está centrando estas pesquisas iniciales en los distintos contratos suscritos por la trama con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol, en Baleares y Ángel Víctor Torres. En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. Armengol es actualmente la presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado.

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Parte del material sanitario comprado por Baleares no se correspondía con lo pagado a la empresa investigada. Sin embargo, el gobierno de Armengol tardó más de tres años en pedir que le devolviesen el dinero. Fue dejando pasar el tiempo y no ejecutó la petición de devolución hasta después de que interviniera la Fiscalía a mediados de 2023. Los investigadores sostienen que el asesor del exministro José Luis Ábalos presionó en favor de la mercantil que presuntamente le pagaba las mordidas.