La incineradora de droga con la que la trama Koldo justifica presuntas comisiones

Esta historia comienza con una transferencia de 100.000 euros. El emisor, el empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo. El receptor, otro de los presuntos comisionistas de la trama, el murciano Rogelio Pujalte. El dueño del Depósito Judicial de Murcia se vio salpicado por la red a raíz de ese envío de dinero. En un escrito de su defensa al que ha tenido acceso El Confidencial, su abogado asegura que esa cantidad no tiene relación con la venta de mascarillas. Se trató -dice- de un intento frustrado para poner en marcha una incineradora de droga que ambos querían lanzar y que no prosperó.

La UCO ubica a Pujalte como una pieza más del entramado y le vincula también con Koldo García, al que le une una antigua amistad. Los 100.000 euros viajaron de Aldama a Pujalte en julio de 2020 y, según los investigadores, se abonaron en concepto de comisión después de que la red lograra una adjudicación para la venta de ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, por un importe de 24 millones de euros.

La versión del murciano Rogelio Pujalte nada tiene que ver con la de la Guardia Civil. El escrito explica que, en el Depósito Judicial que regentaba, situado en la localidad de Librilla, se dedicaba a albergar numerosos bienes decomisados normalmente por su relación con delitos de tráfico de drogas. Desde coches a embarcaciones. Constató -indica- la posibilidad de montar "un buen negocio" y cubrir la necesidad en la zona "de una incineradora u horno crematorio de sustancias estupefacientes y demás residuos especiales".

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Según detalla el escrito que reclamaba el sobreseimiento de las actuaciones en su contra, el primer contacto con Aldama se produjo para la venta de la empresa de depósito. A mediados del año 2019, Aldama se interesó por la compra del negocio. La operación de compra no fructificó, pero, en cambio, se interesó por el proyecto de incineración de estupefacientes que Pujalte venía intentando desarrollar hacía tiempo. Según explica el murciano, De Aldama quedó encargado de buscar financiación dado que los costes de instalación y puesta en funcionamiento eran muy elevados.

Inversión en los terrenos

La explicación ofrecida sobre los 100.000 euros está relacionada con este plan compartido. Pujalte asegura que ya había invertido "mucha cantidad de dinero". Encargó un Estudio de Impacto Ambiental y logró informes favorables a la instalación. Necesitaba terreno y, antes de acudir a Aldama, contactó con empresas del sector, como Fomento de Construcciones y Contratas (FFC), para llegar a un acuerdo de colaboración. No lo logró.

Según su relato, que acompaña de abundante documentación (casi 400 folios junto con el escrito) para poder continuar adelante aprovechó la subasta judicial de unos terrenos próximos a su negocio y adquirió mediante adjudicación una serie de fincas donde poder ubicar el futuro negocio, 40.000 metros cuadrados por los que pagó 149.784,47 euros, más otros 76.493,87 euros más de vallado y acondicionamiento de las parcelas.

Aldama contribuyó para la licencia y proyecto con una provisión de fondos de 100.000 euros, que pagó a través de la empresa Deluxe Fortune. En la transferencia se señaló como concepto "Provisión de fondos y licencia proyecto incineradora". Siempre según su versión, el dinero recibido se percibió como entrega a cuenta, pero dado que el proyecto de la incineradora se demoraba por falta de financiación, a primeros de enero de 2022, el horno crematorio se dio por perdido y Depósito Judicial expidió una factura y declaró a Hacienda el IVA. La incineradora nunca vio la luz.