La UCO investiga ya contratos de obra pública adjudicados por el Gobierno de Sánchez

La sombra del caso Koldo se extiende ya a contratos de obra pública adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un informe que la mujer de la mano derecha de José Luis Ábalos, Patricia Uriz Iriarte, estuvo a sueldo en 2022 de una constructora que se llevó al menos dos adjudicaciones de ADIF.

Las pistas sobre esta supuesta nueva línea de negocio de la trama, que se sumaría a los contratos para la compra de mascarillas y las dudas sobre el rescate de Air Europa con 615 millones de euros, se centran en el periodo posterior a la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en julio de 2021.

Koldo García Izaguirre y su mujer Patricia Uriz también tuvieron que abandonar sus respectivos puestos de asesor y secretaria en ese departamento. Sin embargo, el sumario evidencia que el asesor de Ábalos habría seguido teniendo relación con altos cargos de Transportes hasta la actualidad y su hermano Joseba continúa trabajando en una sociedad pública del ministerio, Emfesa.

Pese a la abrupta salida de Ábalos del Gobierno, la pareja de Koldo tardó poco en encontrar otro empleo. Según la UCO, ese mismo año fue contratada por la empresa ATEC Ingeniería y Arquitectura SL, una mercantil dedicada a la obra pública, un sector en el que Uriz carecía de experiencia previa.

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Del análisis de las cuentas de la mujer de Koldo se desprende que, entre 2021 y 2022, cobró de esta sociedad un total de 5.271 euros. Los investigadores señalan que, casualmente, ATEC constituyó en 2021 dos UTE con otra empresa de obra pública llamada Infraestructuras Cartago SL con la supuesta intención de presentarse a ofertas del Ministerio de Transportes.

No consta qué ocurrió luego con esa UTE, pero Uriz consiguió una nueva fuente de ingresos. En 2022, recibió otros 7.791,55 euros de una segunda mercantil dedicada a la construcción de infraestructuras públicas, Aridos Anfersa SL. El administrador de esta sociedad es Francisco Coca Sánchez. “Se ha averiguado que el Sr. Coca Sánchez estuvo alojado el día 06.07.2021 en el Parador de Granada, donde estuvieron alojados ese mismo día Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos Meco”, recoge el informe.

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La UCO señala que Áridos Anfersa se asoció en 2022 con otra sociedad del sector de la obra pública llamada Aritec para crear una UTE y optar a una licitación de ADIF para el transporte y suministro de balastro en las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera (Sevilla). Los empleadores de Uriz acabaron ganando el concurso en mayo de ese año. El encargo ascendió a 557.699 euros. La mujer de Koldo fue contratada por Áridos Anfersa “menos de dos meses después de la citada adjudicación”, exponen los investigadores.

Áridos Anfersa y Aritec crearon una segunda UTE en julio de 2022 para repetir el mismo sistema y, en noviembre de ese año, lograron otra licitación de ADIF para el transporte y suministro de balastro para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta ocasión, el valor de los trabajos alcanzó los 5.264.498 euros.

La trama que investiga la Audiencia Nacional también tenía relación con el otro socio de este tándem. El informe revela que el representante de Aritec, Jaime Chouseiro, se reunió con Koldo en un bar de Pamplona el 3 de marzo de 2023. Los agentes documentaron la cita e identificaron a Chouseiro tras comparar las imágenes de la reunión con la fotografía de su carné de conducir.

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El propio asesor de Ábalos ingresó en sus cuentas, tras abandonar el ministerio y el Consejo de Administración de Renfe Mercancías, un total de 20.851 euros de las sociedades Instalibero SL y Vedigadin SL, relacionadas ambas con Manuel Sallés Carceller, un consultor y asesor financiero de empresas que tuvo que declarar como testigo en una de las piezas separadas del caso Púnica. Se desconoce cuáles fueron los motivos por los que el asesor del exsecretario de Organización del PSOE recibió dinero de estas mercantiles, pero tampoco se le conoce experiencia profesional en el campo de las finanzas.

El hallazgo de esta nueva derivada del caso Koldo cuestiona la gestión del gasto en infraestructuras del Ministerio de Transportes, un capítulo que solo en 2023 estaba dotado con más de 7.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado. También aporta nuevos indicios contra Ábalos, máximo responsable del asesor y, hasta julio 2021, el encargado de tutelar esos fondos.