Interior puso trabas a la UCO al investigar el caso Koldo y le mandó "archivos ilegibles"

Los agentes de la Guardia Civil no lo tuvieron fácil cuando llamaron a la puerta del Ministerio del Interior en el marco de sus pesquisas sobre la trama del asesor de José Luis Ábalos. Buscaban información sobre el contrato millonario que le adjudicó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a la empresa investigada para adquirir material sanitario en la pandemia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) recogen en sus informes que les mandaron “archivos en formato ilegible” o que el cargo que tramitó el acuerdo les impidió leer un documento cuando fueron a entrevistarse con él en su despacho.

El Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría de Estado de Seguridad, recurrió a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Es la mercantil para la que Koldo García, el asesor de Ábalos, hacía las veces de conseguidor ante administraciones socialistas a cambio de mordidas. Esta firma obtuvo 53 millones gracias a contratos suscritos con varios ministerios y los gobiernos de Baleares y Canarias. Interior le adjudicó en abril de 2020 un contrato para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado por un valor de casi 3,5 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó en abril de 2022 a la UCO que solicitara documentación a la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior. En estas dependencias contestaron a los investigadores de la Guardia Civil que se habían equivocado de ventanilla y les derivaron a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad, del mismo ministerio. Su responsable era el comisario de la Policía Nacional Daniel Belmar.

La Guardia Civil considera “cuanto menos extraño” que siendo la primera entidad la adjudicadora del contrato, esta carezca o no haya aportado “ningún tipo de información referente al suministro por parte de la empresa, contactos con los mismos, actas de recepción de material o cualquier otro documento necesario para justificar y demostrar cualquier tipo de contratación, máxime cuando se trata de Contratación Pública”. El contrato está firmado digitalmente entre el ‘número dos’ del ministro Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz y por José Ángel Escorial en representación de la firma Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas SL.

Según detalla la UCO en un documento que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Confidencial, ya los primeros contactos con Interior resultaron poco satisfactorios: “Es necesario mencionar que algunos de los archivos aportados no han podido ser analizados por resultar un formato ilegible”. Además, ninguno de los documentos que les remitieron tenían relación con la adjudicación. “Se han localizado diversos documentos, si bien, ninguno que haga mención al suministro de material por parte de la empresa adjudicataria ni a los contactos con la misma”, dice el documento de la UCO.

Los investigadores se desplazaron personalmente hasta la calle Pío XII de Madrid, donde se ubican las instalaciones de la Subdirección del comisario Daniel Belmar. Este mando policial se negó a entregarles nada hasta que no dirigiesen su petición por escrito y al departamento correcto. La UCO detalla que “en primera instancia afirmó poseer documentación relacionada con el expediente y estar dispuesto a entregarla, si bien, posteriormente rectificó afirmando que lo haría cuando el Requerimiento fuese dirigido directamente a su Subdirección”.

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Sin embargo, este comisario sí compartió de forma verbal con la Guardia Civil una información que explica cómo se gestó el contrato con la trama. Según contó, se decidió en una reunión interministerial en la que el Ministerio de Transportes –dirigido entonces por el exministro José Luis Ábalos– “puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario”. Según relató, “los representantes de los demás ministerios manifestaron que dada la escasez de material sanitario que había en esos momentos unido a las dificultades para acceder a líneas de compra, decidieron acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Transportes".

Existe un acta de la reunión con Transportes

En la misma entrevista admitió que existía un acta de dicha reunión, pero no se la quiso dejar leer: “De hecho el señor Belmar manifestó que existía un acta de dicha reunión interministerial en la que por parte del Ministerio del Interior acudió personal de la Dirección general de Coordinación y Estudios llegando incluso a mostrar a los agentes un documento de texto en la pantalla del ordenador, si bien no dejó a estos leer su contenido, de aquel acontecimiento se levantó acta haciendo constar tal vicisitud”.

Belmar Prieto estaba ubicado jerárquicamente por debajo del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Al frente de este organismo clave en Interior se encuentra el también policía nacional José Antonio Rodríguez. Este comisario principal del Cuerpo es una de las personas de la máxima confianza del ministro Grande-Marlaska.

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Su departamento es el laboratorio de ideas donde se diseñan las estrategias de seguridad a largo plazo en Interior y lleva con el ministro desde el inicio de su mandato, a pesar de que ya tiene edad para jubilarse. Cuando la UCO preguntó al Gabinete de Coordinación y Estudios por el acuerdo con la empresa de la trama la respuesta que carecían de “documentación alguna en referencia al expediente del contrato”.

El Confidencial habló esta semana con el comisario Belmar. Enmarca aquella adjudicación a la empresa de la trama en la “necesidad urgentísima” que se vivía aquellos días en que “se daban palos de ciego” y afirma que hoy volvería a hacer "exactamente lo mismo". Niega haber recibido ninguna instrucción o indicación por parte de ningún superior.