El comisario que contrató a la trama de Koldo para Interior: "En pandemia, no había donde elegir"

La Audiencia Nacional centra sus pesquisas sobre la trama de Koldo García en tres contratos para la compra de material sanitario adjudicados por administraciones socialistas. Uno de ellos, por valor de 3,4 millones de euros, se lo otorgó el Ministerio del Interior apenas seis días después de que el Gobierno decretase el confinamiento por la pandemia. El responsable de tramitar este acuerdo ahora bajo sospecha fue un comisario de la Policía Nacional que ha declarado como testigo en la causa. En conversación con El Confidencial, enmarca aquella adjudicación en la “necesidad urgentísima” que se vivía aquellos días en que “se daban palos de ciego” y afirma que hoy volvería a hacer "exactamente lo mismo".

Este mando era en 2020 el responsable de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Su declaración como testigo en la llamada operación Delorme se suma a la de sus superiores en Interior, el secretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio, Rafael Pérez, y el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, el también policía nacional José Antonio Rodríguez. El comisario consultado por este periódico niega haber recibido instrucciones internas para contratar a ninguna empresa en concreto: “Yo hacía la propuesta de compra. Ni el secretario de Estado, ni el ministro [Fernando Grande-Marlaska] ni José Antonio Rodríguez hicieron sugerencia alguna”. El Ministerio del Interior ha declinado comentar diligencias de este caso, al estar judicializado.

La empresa beneficiada se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Sin apenas actividad ni experiencia previa en el sector, se embolsó 53 millones de euros gracias a las adjudicaciones durante la pandemia. La trama contrató también con Transportes y con los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Los investigadores otorgan un papel clave en este entramado al exasesor del exministro José Luis Ábalos. Según las pesquisas, usaba sus influencias ante la Administración para conseguir los contratos para esta empresa y a cambio experimentó un incremento injustificado de su patrimonio. La semana pasada hubo 20 detenidos y se les acusa de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Este mando ya jubilado no es capaz de contestar a la pregunta fundamental: por qué esa empresa y no otra fue la que contrató su departamento si no contaba con experiencia previa. El testigo dice no poder recordar por qué terminó en su mesa el nombre de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL: “El conocimiento que yo tenía era como las demás. No sé a qué organismos se hace esa consulta, a todos, a Policía, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias… Si el Ministerio de Transportes o alguien me hubiese dicho algo, no lo hubiese admitido. No recuerdo por qué fue esa empresa. Si hay una empresa que suministra a un ministerio, ¿por qué vas a dudar de que es legal?”.

"Si alguno se ha llevado pasta, que caiga sobre él el peso de la ley"

Tampoco recuerda con qué persona trató de la citada empresa: “No recuerdo ya, si es que al final entre las que suministraron y las que donaron había como 20 empresas y ya no recuerdo el nombre de las 20. Fue mucha gente. ¿Hubiese elegido otra empresa? No había empresas para elegir. No hay nada que ocultar”.

"¿Cómo se llega a esa empresa? Tú preguntas y te dicen: ‘Pues mira, Fomento [Transportes] compra a no sé quién", reitera el responsable de tramitar el contrato sin poder recordar quién le contestó esa pregunta. “Te puedo asegurar que, con la ley en la mano, si hubiera que volver, haría exactamente lo mismo, no había más opciones, buscar en todos los sitios y que nuestros policías no se murieran. Si alguno se ha llevado pasta, que caiga sobre él el peso de la ley. Pero eso no tiene que ver nada con la adquisición de mascarillas”.

"No hubo ninguna irregularidad"

“No hubo ninguna irregularidad. El problema es que se desconoce cómo funciona la ley de contratos en el sector público, pero irregularidades ni una”, asevera este mando, actualmente jubilado. Recuerda que era una materia en la que el ministerio “no tenía ningún tipo de experiencia previa, porque nunca había comprado mascarillas”. “Vemos que hay una población que se está muriendo, unas fuerzas de seguridad que tienen que atender y sobre ellas cae la ejecución y un mercado concentrado en China. Era dar palos de ciego. Ante la opción de poder comprar mascarillas se compraron con las certezas que se pudo”, explica.

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Cifra en dos millones de mascarillas el material que hacía falta solo en cada semana para abastecer a los cerca de 100.000 efectivos que integran la Policía y la Guardia Civil. "Había que hacer encaje de bolillos y había que mirar a todos los posibles suministradores partiendo de una falta de experiencia absoluta en todo", admite. Insiste en que no tenían tampoco relación con la empresa investigada: “Ni la conocía, ni las conocíamos ni conozco personalmente a las personas”.

Durante la pandemia, el Gobierno autorizó a que los contratos para la compra de material sanitario no se sometieran a concurso público, como es habitual en adjudicaciones de elevada cuantía. Fue una medida excepcional para poder importar mascarillas y material sanitario en el menor tiempo posible. “No hay pliegos, es que una emergencia no requiere pliegos. Tú tienes que recurrir a quienes estaban comprando, no hay una lista, vas a empresas que conocías de España, son a las que tienes que recurrir ¿Quién las puede suministrar? Yo no recibí orden ni sugerencia de nadie”, reitera este comisario.