Los 56 contratos covid de Sánchez: vuelos millonarios y empresas fantasma

Vuelos millonarios adjudicados 'a posteriori', empresas fantasma sin identificación, domicilio u objeto social, sobrecostes y sociedades dedicadas al yeso o la alimentación vendiendo material sanitario. La investigación judicial en torno a 56 contratos del Gobierno de Pedro Sánchez en el inicio de la pandemia, desvelada por El Confidencial, abarca un extenso catálogo de actuaciones bajo sospecha de tres organismos dependientes de los ministerios de Sanidad y Hacienda. Los expedientes, tramitados por la vía de emergencia entre el 13 de marzo y el 30 abril, alcanzan los 310 millones de euros solo en mascarillas, guantes o batas. Pero suman mucho más.

Las pesquisas de la titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, comenzaron en mayo de 2020, tras una querella de Vox. El partido de Santiago Abascal pone el foco en numerosas mercantiles, la mayoría procedentes de China, que vendieron todo tipo de material en los meses más complicados de la pandemia. Fruto de la investigación, ya han declarado como imputados el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. Están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

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La magistrada investiga, entre otros muchos expedientes que ha ido recopilando en los últimos meses tras reclamarlos a las entidades afectadas, dos adjudicaciones para el transporte de material sanitario por un importe total de 14 millones. El 8 de abril se autorizó la contratación de 16 vuelos chárter por más de 7 millones de euros en cada caso. La sociedad beneficiada por DSV AIR&SEA S.A.U.C. La documentación acredita que la licitación se efectuó 24 horas después de que los aviones despegaran. En concreto, se fechó el 8 de abril y el primer vuelo tiene fecha de 7 de abril de 2020. Los denunciantes también dudan del precio, en su opinión, excesivo.

En ambas adjudicaciones, la querella, a la que ha accedido este diario, pone de manifiesto que la contratación carece de "identificación fiscal, ni forma societaria, nacionalidad, domicilio, u objeto social conocido, en caso de existir". Esta es una sospecha extensible a otros doce contratos, en los que destacan irregularidades en el origen de las empresas que proporcionaron el material. En la mayoría de estos casos la contratación se llevó a cabo con empresas fantasma sin ningún rastro conocido. La querella se detiene en la falta de domicilio conocido. Ni establecimiento físico en España ni en ningún otro país.

"No tienen establecimiento en nuestro país, haciendo imposible la más mínima fiscalización de los mismos, y por ende el análisis impositivo del contrato", añade el querellante en su escrito, que además pone de manifiesto los problemas derivados de la falta de infraestructura en la mayoría de los casos. La alusión al análisis impositivo se refiere a la aplicación al material adquirido de un IVA del 21 por ciento en todos los casos sin diferenciación. Dos ejemplos de esta práctica son las contrataciones con las empresas Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, por valor de 51,7 millones de euros; o Hangzhou Ruining Trading, que recibió otros 31,7 millones de euros por el suministro de 3 millones de monos desechables protectores. Solo las operaciones del INGESA alcanzan los 310 millones de euros.

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Los investigados, que este jueves manifestaron ante la jueza que cumplieron con el protocolo establecido durante el estado de alarma, son los responsables de tres de los organismos que concentraron la mayoría de las compras en los primeros compases de la pandemia. Rosado depende del Ministerio de Hacienda, mientras que Jiménez y Lacruz estaban bajo las órdenes de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. Su comparecencia coincide con el caso del pelotazo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, con la imputación de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por, presuntamente, lucrarse con la compraventa de material. Todos ellos aludieron a la situación vivida en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en los que la urgencia por acceder a material básico y escaso era acuciante.

El medio centenar de contratos objeto de investigación se disparan a cerca de mil millones de euros, sumando los tres organismos. En la Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia destaca un expediente, el principal de todos los que tiene en su poder el Jugado 26 de Madrid, de 564 millones de euros. El beneficiario, el fabricante Shenzen Bioeasy Biotechnology, "no figura en la lista de proveedores del Ministerio de Comercio chino ni tiene homologado el producto en el país asiático", añade Vox en su querella. De hecho, la Embajada de China en España advirtió semanas después de que esta compañía no había conseguido la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos en el momento en que se produjo la compra.

Sin experiencia

La juez también rastrea las adjudicaciones a dos empresas cuya actividad no tiene nada que ver con la venta de material sanitario. FCS Select Products, que recibió un encargo de 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, diez millones de partes de guantes de nitrilo y 150.000 gafas, indicó que su actividad era la "importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación". Fue contratada por 263 millones de euros.

Este caso no es una excepción. Hyperin Grupo Empresarial S.L. fue contratada por 2,7 millones de euros para la compra de 144 respiradores, aunque su objeto social era "la fabricación de elementos de yeso para la construcción", según la denuncia. Las presuntas irregularidades con esta mercantil van más allá, ya que además incumplió el acuerdo suscrito. No pudieron suministrar el material y no devolvieron el dinero remitido por transferencia a Estados Unidos.

Se compraron lotes con un precio por unidad de 0,27 céntimos; mientras que otros se firmaron por 22.070 euros. Más del 8.000%

Como publicó este diario, en el momento de la compra, "el contrato de suministro de los respiradores se dirigía a la adquisición de dispositivos de ventilación mecánica (VMI), cuyo importe total era de 2.736.000 euros (3.310.560 euros IVA Incluido)". Se estableció "una entrega inmediata de los 144 respiradores", modelo Breas-Vivo 65, y aceptó el pago a Hyperin por anticipado de los 3,31 millones de euros, que se hizo efectiva un día más tarde. Sin embargo, una semana más tarde empezaron los problemas para Sanidad. Su representante legal comunicó el 2 de abril "la imposibilidad de suministrar los dispositivos modelo Breas Vivo 65, poniendo como alternativa el suministro de respiradores modelo Avante MVP", ofrecimiento que fue rechazado por el ministerio "por no responder los nuevos equipos ofertados a las condiciones y requerimientos exigidos".

Cinco días más tarde, el 7 de abril, "ante la negativa del Ministerio de Sanidad a aceptar la alternativa propuesta", Javier de Juan Roncero se puso en contacto con el ministerio para "renunciar al contrato del suministro (...) y proceder a la devolución de las cantidades abonadas". Una semana más tarde, Sanidad envió un burofax a Hyperin para solicitarle el reintegro de los 3,31 millones de euros, cantidad que aún no ha sido reintegrada al Tesoro público.

Como ha informado este diario, las pesquisas del Juzgado también se centran en notables sobrecostes. Con una media de incremento del 300% en el precio, el expediente que muestra un desfase mayor y espectacular es el tramitado para la adquisición de batas desechables. Según la información con la que cuenta la magistrada, se compraron lotes con un precio por unidad de 0,27 céntimos; mientras que otros se firmaron por más de 22 euros. Más del 8.000%.