La trama del asesor de Ábalos generó 10 millones de euros en comisiones con los contratos de la pandemia

La trama del asesor de cabecera de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, generó presuntamente 10 millones de euros en comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas y otros productos médicos en los peores meses de la pandemia de coronavirus, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las diligencias.

Koldo y su pareja, Patricia Uriz Iriarte, detenidos ambos el pasado martes, trataron posteriormente de ocultar parte de esos fondos mediante inversiones inmobiliarias en la provincia de Alicante y en otras operaciones. Como adelantó este diario este miércoles, entre 2020 y 2023, la pareja compró un piso y un ático en primera línea de playa en Benidorm y tres terrenos que suman más de 15.000 metros cuadrados en la cercana localidad de Polop.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye el pago de los 10 millones de euros al empresario Víctor de Aldama, que controlaba en la sombra la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una de las más beneficiadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el suministro de material sanitario durante la etapa en la que Ábalos era el máximo responsable de la cartera.

Algunos contratos no fueron directamente tramitados por el ministerio, sino por entes encuadrados en su estructura. La sociedad pública Adif, por ejemplo, concedió a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL un contrato para la compra de cinco millones de mascarillas FFP2 por valor de 12,5 millones de euros más IVA mediante un procedimiento "negociado sin publicidad acelerado". El acuerdo, sellado en marzo de 2020, fue financiado con fondos de la Unión Europea.

Otra institución dependiente del Ministerio de Transportes, el ente público Puertos del Estado, adjudicó un contrato de 20 millones de euros más IVA a Víctor de Aldama para el suministro de "mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad". Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL presentó su oferta de forma "manual", según el expediente, aprobado en abril de 2020.

La Subdirección General de Gestión Patrimonial del Ministerio del Interior también eligió esta empresa como proveedor de mascarillas. En esta ocasión, el importe de la licitación ascendió a 3.479.355 euros más IVA. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo meses después que se había decantado por la compañía investigada por la Guardia Civil por recomendación de Ábalos. La UCO ha tomado declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para preguntarle por esta adjudicación.

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Koldo habría intervenido en las negociaciones de estos organismos públicos para asegurarse de que su amigo Víctor de Aldama, presidente también del Zamora CF, se llevaba los contratos. El precio se cerraba muy por encima del verdadero coste de los bienes suministrados. Además de mascarillas, se adquirieron trajes de protección (EPI) y otros materiales médicos que eran imprescindibles para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Después, el propietario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL compartió con el antiguo chófer y escolta de Ábalos parte de las ganancias que había conseguido inflando las tarifas. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han tasado el beneficio de la red en 10 millones de euros, aunque la cifra aumentará previsiblemente cuando se analicen los dispositivos y documentos intervenidos este martes.

El foco de la llamada operación Delorme también se sitúa en otros contratos de administraciones controladas por el PSOE. Destacan el Gobierno de Islas Baleares durante la etapa de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el Gobierno de Canarias en los años de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial desde diciembre. Este último seleccionó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para concederle a dedo contratos que superan los 12 millones de euros.

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Koldo recurrió presuntamente a su pareja y a su hermano, Joseba García Izaguirre, alto cargo del sindicato UGT, para camuflar los ingresos ilícitos mediante inversiones en ladrillo. Todas esas propiedades fueron embargadas este martes por la Audiencia Nacional para hacer frente a una hipotética sentencia condenatoria.

El caso Delorme está en manos del magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. En total, se han practicado 20 detenciones y 26 registros. Se espera que los investigados pasen a disposición judicial en las próximas horas. Se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, entre otros.