Armengol ejecutó la reclamación del dinero a la trama después de que interviniera la Fiscalía

El Gobierno de la expresidenta de Baleares Francina Armengol tardó más de tres años en pedir a la trama de Koldo García que le devolviese el dinero de una partida de mascarillas que llegaron defectuosas en plena pandemia. Además, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el Ejecutivo que lideraba la actual presidenta del Congreso de los Diputados fue dejando pasar el tiempo y no ejecutó la petición de devolución hasta después de que interviniera la Fiscalía a mediados de 2023. Los investigadores sostienen que el asesor del exministro José Luis Ábalos presionó en favor de la mercantil que presuntamente le pagaba las mordidas.

Fue en mayo de 2020 cuando Baleares recurrió a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo Empresas SL, para la que el asesor de Ábalos hacía de conseguidor ante las administraciones socialistas a cambio de sobornos. El Servicio de Salud del Gobierno de Armengol le abonó 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. El Ejecutivo supo ya en junio de ese año pandémico que parte de ese pedido había llegado defectuoso, pero no ejecutó la petición de recuperar el dinero hasta tres años después.

Existe un primer documento fechado el 20 marzo de 2023 en el que el Servicio de Salud de Baleares le avanza a la empresa investigada que cuatro lotes de su material no cumplen con “los requisitos de una mascarilla FFP2”. Sin embargo, en esa primera comunicación no hay cifra de cantidad defraudada y tan solo se anuncia la adopción de “medidas oportunas” para “resarcir la situación ocasionada”. La primera ejecución de esa reclamación no se produjo hasta julio.

Según informó El País, el Gobierno balear explicaba que no habían reclamado antes la compensación porque la pandemia seguía vigente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud decretó el final de la pandemia a principios de mayo. El PP, ganador de las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma, ha continuado la tramitación de esa devolución que todavía no se ha hecho efectiva por parte de la empresa.

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El Gobierno socialista de Baleares ejecutó la reclamación, por tanto, unas semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiese los detalles de este contrato a sus compañeros de la Fiscalía europea debido a que esas mascarillas se pagaron con fondos comunitarios. Así consta en un escrito firmado el 28 de junio de 2023 por el fiscal que investiga el caso Koldo, Luis Pastor. En este documento dirigido a la Audiencia Nacional informa de que remitió este contrato del Gobierno de Armengol a la Fiscalía europea mediante un decreto de 8 de junio de 2023.

Koldo medró en favor de la empresa

El Ministerio Público llevaba ya tiempo con el foco puesto sobre los contratos adjudicados en la pandemia a la empresa investigada. La Guardia Civil ya había emitido un oficio el 7 de julio de 2022 solicitando documentación al Gobierno de Baleares para interesarse por los detalles del millonario acuerdo. Pero el Ejecutivo socialista de Armengol dejó pasar el tiempo. Los investigadores apuntan a una tesis en sus informes remitidos a la Audiencia Nacional para explicar por qué el Gobierno de Armengol tardó en reclamar.

Según dicen, el anuncio a la empresa por parte del Servicio de Salud de que tomarían medidas “propició distintos encuentros” entre Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto. Este último es el responsable de la mercantil investigada, citado este miércoles en la Audiencia Nacional para declarar. “Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación de la administración balear a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil”.

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Este miércoles, Francina Armengol se ha visto obligada a dar explicaciones ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso. Ha dicho que los contratos fueron legales y, que en todo caso, su Ejecutivo es un "afectado" de esa trama y en ningún caso cómplice de la misma. Se refería así al hecho de que su Gobierno abrió un expediente para reclamar 2,6 millones de euros a la empresa que les proporcionó las mascarillas cuando detectaron que no les habían servido exactamente las que habían solicitado.

Horas después de estas palabras de la tercera autoridad del Estado, trascendió la noticia de que Bruselas va a investigar el caso. Este martes, la Comisión Europea ha pedido a la oficina europea antifraude (OLAF) que indague si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García y otras 19 personas más pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.