INTERIOR RESTA IMPORTANCIA A LAS POLÉMICAS

El jefe de la UCO, la equiparación salarial, las prisiones... El comisario político de Marlaska

El último error del policía provocó que medio millar de vigilantes se quedaran sin empleo; los guardias civiles se sienten perjudicados por sus iniciativas

Foto: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. (EFE)
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. (EFE)

El comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez González, conocido popularmente como 'Lenin' por su histórica proximidad al PSOE, acumula ya una retahíla de asuntos conflictivos desde que aterrizó en el Gabinete de Coordinación y Estudios. Así lo perciben desde la Guardia Civil, cuyos mandos solo han visto en su figura a un policía politizado y hostil para la benemérita. La reputación la tiene el comisario desde el momento mismo en el que accedió al cargo, un puesto crucial para el entendimiento entre ambos cuerpos, en julio de 2018.

Apenas un mes después de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy, y en plena conformación del Gobierno de Pedro Sánchez, el dirigente socialista obligó a su flamante ministro del Interior -nada menos que Fernando Grande-Marlaska, un exjuez de la Audiencia Nacional hasta ese momento más vinculado a posiciones conservadoras que a progresistas- a 'fichar' a 'Lenin' para una de las plazas más relevantes dentro de la estructura de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sánchez pretendía situar así a un hombre de confianza del partido, que había formado parte de anteriores ejecutivos socialistas -primero a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba, y luego a las de Antonio Camacho- y que podía ejercer como contrapeso al independiente Grande-Marlaska, que venía nada menos que de encarcelar a Arnaldo Otegui en plena negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA o de investigar el chivatazo a la banda terrorista que implicaba a altos cargos del Ministerio del Interior, más conocido como caso Faisán, entre otros asuntos.

La apuesta por controlar políticamente el Ministerio llegó, además, después de que el antecesor de Grande-Marlaska, Jorge Fernández Díaz, fuera acusado precisamente de haber montado una policía política en colaboración con el comisario José Villarejo, ahora en prisión provisional por el caso Tándem, que investiga la Audiencia Nacional. Sin embargo, no fue este componente de politización lo único que hizo estallar la polémica en la calle Amador de los Ríos, sede del Ministerio del Interior.

El sillón en el que Rodríguez González se sentó en julio de 2018 había sido ocupado durante tres décadas por un alto mando de la Guardia Civil. Algunos entendieron el movimiento como el fin del cortijo de la benemérita. Otros, sin embargo, lo criticaron porque consideraban que el cargo debía ocuparlo alguien que conociera de la materia como la conocía el antecesor de 'Lenin', el coronel Juan Hernández Mosquera, quien cuatro meses antes había sustituido al oficial del mismo rango Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar el opartivo policial contra el referéndum independentistas del 1 de octubre de 2017.

El hecho de que por primera vez un policía se ocupara de este puesto tan relevante supuso el primer desencuentro entre ambas corporaciones de la era Grande-Marlaska. En ese difícil contexto, lejos de tratar de apaciguar los ánimos con el cuerpo 'hermano', el nuevo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios -probablemente el departamento con más poder del Ministerio- incidió en la división con sus posteriores decisiones. No en vano, apenas unos días después de que Rodríguez González accediera al cargo, el jefe de la Unidad Central Operativa, Manuel Sánchez Corbí, que llevaba dirigiendo esta sección anticorrupción de la Guardia Civil desde hacía tres años, envió una dura nota interna a sus superiores en la que ponía en evidencia a 'Lenin', que como responsable del Gabinete de Coordinación controlaba los fondos reservados que utilizan las dos fuerzas de seguridad del estado.

En concreto, Corbí -que había dirigido operaciones tan relevantes como Lezo o Púnica- anunció en la misiva que dejaba "temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida Fondos de Gastos Reservados", dado que la caja se había agotado el 24 de julio. La crítica sentó mal a Marlaska, que cuatro meses después cesó definitivamente a Corbí por la mencionada comunicación. En realidad, el ministro ordenó su destitución nada más recibir el correo electrónico, pero el mando de la Guardia Civil recurrió la decisión y el proceso se alargó hasta noviembre, cuando el coronel abandonó definitivamente la UCO.

Apenas un mes después de que se cerrara esa crisis, un nuevo episodio volvía a poner en el centro de la polémica a Rodríguez González. La decisión del Gobierno de trasladar el Consejo de Ministros a Barcelona el 21 de diciembre de 2018 conllevaba un nivel de coordinación entre fuerzas de seguridad nacionales y autonómicas equiparable al que tuvo lugar durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Este último precedente y los llamamientos de los CDR a la movilización, además, aconsejaban poner especial hincapié en el entendimiento entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Algunos altos mandos de la Guardia Civil, sin embargo, se quejaron de que el responsable del Gabinete de Coordinación se estaba desvinculando de su responsabilidad y dejando todo el trabajo a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

También con motivo del conflicto independentista que explosionó a mediados del pasado octubre tras la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo tuvo al responsable del Gabinete de Coordinación en el centro de la polémica. Los antidisturbios de la Guardia Civil (GRS) recibieron la orden de desplazarse hasta Cataluña para doblegar a los radicales que destrozaban mobiliario urbano y atacaban a los Mossos y a la Policía Nacional durante sus protestas callejeras. Unos supuestos mensajes de Whatsapp publicados por algunos medios insinuaron que los GRS no pudieron actuar, extremo que hoy niegan tajantemente desde el Ministerio del Interior. "Los agentes intervinieron, aunque en poblaciones más rurales, más alejadas de los focos mediáticos", explican desde el departamento dirigido por Marlaska. La polémica, sin embargo, sirvió para volver a poner en duda a Rodríguez González.

No todos los conflictos generados en torno a la figura de este comisario, sin embargo, se han centrado en el independentismo o en la cúpula de la benemérita. Algunas decisiones también han afectado al grueso de la plantilla. El pasado febrero, Interior modificó el reparto de los 250 millones de euros consignados para 2019 en el marco del acuerdo de equiparación salarial. En concreto, cambió la adjudicación del 59% del montante destinado a la Guardia Civil y el 41% para la Policía Nacional establecida en 2018 al 57% para el primer cuerpo y el 43% para el segundo. Esta rectificación, que beneficiaba a los 'azules' en detrimento de los 'verdes', incluso fue denunciada ante los tribunales por la asociación Unión de Guardias Civiles, que apuntó directamente a Félix Azón, director del cuerpo. La aplicación del acuerdo de equiparación dependía directamente del Gabinete de Coordinación y Estudios y todavía hay muchos guardias civiles que también en esto ven la mano de Rodríguez González.

El pasado septiembre, además, un error de comunicación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco del dispositivo de búsqueda destinado a localizar a la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa provocó que se retrasara el hallazgo del cuerpo. Un vecino alertó el 1 de septiembre de que se había encontrado a la deportista y ésta le había dicho que se dirigía a la zona de La Peñota, donde luego fue localizada, pero la búsqueda no se centró en esa zona hasta el día 4 porque algunos responsables del operativo no se enteraron.

Fue el dispositivo de búsqueda más amplio desplegado hasta el momento en la zona y conllevó la intervención de ambos institutos armados, que mantuvieron discrepancias sobre la competencia en los momentos iniciales hasta el punto de que, según apuntaron a El Confidencial fuentes de la Guardia Civil, cuando los miembros de este último cuerpo asumieron más protagonismo, algunos miembros de la cúpula policial se quejaron ante el ministro Grande-Marlaska, que se planteó retirar a la benemérita del operativo, extremo que no se produjo -según las mismas fuentes- por la intervención de la delegada del Gobierno, María de la Paz García Vera. Interior negó posteriormente cualquier conflicto interno entre cuerpos, cuya coordinación dependía en última instancia de Rodríguez González.

La Policía y la Guardia Civil desplegaron el mayor dispositivo de búsqueda realizado hasta el momento para encontrar a Blanca Fernández Ochoa. (EFE)
La Policía y la Guardia Civil desplegaron el mayor dispositivo de búsqueda realizado hasta el momento para encontrar a Blanca Fernández Ochoa. (EFE)

Sin embargo, el último episodio polémico, que conllevó además el hartazgo del ministro, tuvo lugar hace apenas unos días. Rodríguez González convocó con los tiempos muy ajustados el concurso que adjudica la seguridad privada de los centros penitenciarios de toda España. El retraso provocó que los candidatos que aspiraban al lote de los centros de Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha no tuvieran margen para organizarse y que, por lo tanto, el concurso quedara desierto. El servicio lo venía prestando hasta ahora la mercantil Ombuds, que durante tres meses estuvo sin pagar a sus trabajadores por la enorme deuda que la sociedad había acumulado, gran parte de la cual se debía a impagos a los empleados.

Esta pésima situación financiera hacía muy poco interesante la adjudicación para terceras empresas que pretendieran sustituir a Ombuds, ya que éstas tenían que asumir la mencionada deuda. Rodríguez González conocía la situación de quiebra que atravesaba la mercantil desde el pasado verano y pudo haber convocado un procedimiento de urgencia que hubiera solucionado la situación, extremo que no llevó a cabo, con lo que el medio millar de vigilantes pasarán a engrosar las filas del paro en los próximos días, coincidiendo con las fechas navideñas. El error de cálculo derivó en una advertencia del ministro a su comisario responsable del Gabinete de Coordinación, que ya va comentando a sus allegados que dejará el cargo cuando entre el nuevo Gobierno.

Desde Interior niegan que exista conflicto alguno entre Marlaska y Rodríguez González. Consideran que la relación es buena y todas las polémicas que se han creado alrededor del comisario "son especulaciones sin base real". El responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios no ha querido dar explicaciones personalmente a El Confidencial.

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