Primer incendio de Marlaska: guerra entre Policía y Guardia Civil por el comisario Lenin

El PSOE acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de poner las Fuerzas de Seguridad al servicio de sus intereses políticos, sobre todo durante la etapa en Interior de Jorge Fernández Díaz. Ahora es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que afronta esa misma acusación tras el baile de ceses y nombramientos del pasado fin de semana. La clave es el movimiento en dos actos que ha realizado Fernando Grande-Marlaska para colocar en un puesto clave de su organigrama al comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez González, muy próximo a Ferraz y conocido en el cuerpo con el sobrenombre de 'Lenin' por su marcada ideología progresista.

Como adelantó este diario, el PSOE quería ubicar al comisario Rodríguez en un puesto destacado de Interior para asegurarse la influencia del partido en un departamento liderado por un independiente como Grande-Marlaska. Finalmente, Ferraz se decantó por situarlo en el cargo con más peso de toda la estructura, el de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Entre sus atribuciones estará la redacción de la normativa interna de los cuerpos, la coordinación del trabajo de las policías autonómicas y locales, el control de la estadística criminal, la confección de los planes de seguridad, la protección de las infraestructuras críticas y, en definitiva, el diseño de las líneas maestras de la política de seguridad nacional.

El PSOE quería ubicar a Rodríguez en un puesto destacado de Interior para asegurarse la influencia en el departamento, liderado por un independiente

La apuesta por un comisario con un perfil ideológico tan definido ha generado las primeras críticas de Policía Nacional y Guardia Civil. Rodríguez ya estuvo en la Secretaría de Estado durante las etapas en Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. Antes de que Rajoy aterrizara en Moncloa en diciembre de 2011, Camacho lo premió enviándolo de consejero a la embajada de España en China con un salario de 24.000 euros mensuales. En los últimos meses era liberado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y colaboraba con el Grupo Parlamentario Socialista.

La decisión de ubicarle al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios ha provocado un segundo terremoto, una guerra de poder entre Policía Nacional y Guardia Civil, la primera de la era Grande-Marlaska. Desde hace tres décadas, ese cargo era ocupado por un mando del Instituto Armado. Hasta el viernes, desempeñaba esa función el coronel Juan Hernández Mosquera, que llegó el pasado marzo para relevar al coronel Diego Pérez de los Cobos, el responsable de Interior que se encargó de coordinar el operativo policial contra el referéndum independentista del 1-O. Otros miembros de la Guardia Civil les precedieron en ese puesto, con gabinetes de PSOE y PP.

Desde hace tres décadas, ese cargo era ocupado por un mando del Instituto Armado

Grande-Marlaska terminó con esa tradición no escrita el pasado viernes relevando al coronel Hernández Mosquera para que el hueco pudiera ser ocupado por el comisario Lenin. Interior trató de rebajar la afrenta a la Guardia Civil ofreciéndole al hasta ahora jefe del Gabinete pasar a desempeñar un puesto ocupado por la Policía Nacional, el de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), el organismo encargado de centralizar la información de Policía Nacional y Guardia Civil y coordinar a ambos cuerpos, así como a las policías autonómicas y locales, en cuestiones operativas tan sensibles como la lucha contra el yihadismo.

Para preparar la jugada, el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, Pau López Ramos, comunicó previamente el mismo viernes al actual director del Citco, el comisario principal de la Policía José Luis Olivera, que no contaba con la confianza del nuevo equipo del ministerio. Este otro relevo también pilló por sorpresa. Olivera fue elegido por Fernández Díaz en 2012 para hacerse cargo del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y el ministro del PP le renovó su confianza nombrándolo en 2014 director del órgano resultante de la fusión del CICO y el antiguo Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), puesto en el que había permanecido hasta ahora. Sin embargo, antes de ser nombrado por el PP, Olivera fue uno de los impulsores de la investigación del caso Gürtel como responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Además, tenía una buena relación personal con el nuevo ministro. Nada de eso ha evitado finalmente que haya sido destituido para permitir que su puesto fuera ocupado por el coronel Hernández Mosquera.

Pero las cosas no salieron como había diseñado Interior. El hasta ahora jefe del Gabinete de Coordinación rechazó el ofrecimiento de hacerse cargo del Citco, una labor que objetivamente conlleva menos capacidad y relevancia de la que había ejercido hasta ahora. Interior ha tenido que optar finalmente por otro candidato. Este viernes se ha anunciado que el elegido es el general de Brigada de la Guardia Civil Ángel Alonso Miranda, hasta ahora al frente de la zona de Galicia.

Fuentes de Interior aseguran a este diario que el objetivo era que ese organismo estuviera liderado por un mando de la Guardia Civil y aseguran que reforzarán las funciones del centro hasta niveles que lo terminarán equiparando con el Gabinete de Coordinación y Estudios. Estas mismas fuentes aseguran que los cambios se han decidido buscando únicamente el fortalecimiento de la seguridad nacional y restan importancia a la rotación de cuerpos entre organismos.

La APROGC ha acusado a Interior de faltar el respeto a todos los agentes del cuerpo “de manera injusta y sectaria en la persona de Mosquera”

Las mayores críticas han llegado desde las filas de asociaciones de la Guardia Civil. La Unión de Oficiales ha relacionado el cese de Hernández Mosquera con la independencia y neutralidad política que siempre han demostrado los mandos del Instituto Armado y ha pedido a Interior “equilibrio y proporcionalidad en el reparto de cargos” entre ambos cuerpos. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha sido incluso más dura, acusando a Interior de faltar el respeto a todos los agentes del cuerpo “de manera absolutamente injusta y sectaria en la persona del coronel Mosquera” para colocar a “un comisario político” al frente del Gabinete de Coordinación. “Este cese y nombramiento no obedecen a criterios profesionales ni operativos, rompiendo así y de manera muy peligrosa una línea de actuación de 30 años”, sentencia APROGC.

En la Policía Nacional, la elección del comisario José Antonio Rodríguez, con una adscripción partidista tan explícita, también ha generado malestar porque redunda en la tradicional instrumentalización política del cuerpo, que se repite cada vez que se produce un cambio de inquilino en Moncloa. Pero en las filas policiales pesa más el haber conseguido que uno de sus compañeros vaya a hacerse cargo por primera vez del Gabinete de Coordinación. Desde hacía tiempo cundía en la Policía la sensación de que las decisiones que se tomaban en esa instancia favorecían a la Guardia Civil.

En las filas policiales pesa más el haber logrado que uno de sus compañeros vaya a hacerse cargo por primera vez del Gabinete de Coordinación

Los cuatro principales sindicatos de Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) emitieron ayer un comunicado para defender el nombramiento y denunciar las “agrias reacciones por parte de determinados sectores de la Guardia Civil”. “Este destino que, por costumbre y no por otra legítima razón, ha sido coto privado de la Guardia Civil durante más de 30 años, ha servido como excusa para lanzar críticas infundadas de carácter personal contra el titular recién nombrado por parte del equipo de gobierno entrante”, expone la nota de los sindicatos. “Respaldamos y refrendamos la solvencia, capacidad y el historial profesional de las personas acreedoras de los recientes nombramientos”. Grande-Marlaska ya tiene su primer gran incendio.