Inyectó 40 millones en 2018

La tercera compañía de seguridad de España negocia con la banca no quedarse sin crédito

La empresa Ombuds, una de las más grandes del sector, se ha visto obligada a retrasar el pago de la nómina de junio, con más de 7.500 vigilantes de seguridad afectados

Foto: Jornada de huelga de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de El Prat. (EFE)
Jornada de huelga de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de El Prat. (EFE)
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Pese a las reformas financieras y los avisos del FMI y el BCE a la banca, todavía se producen situaciones en las que empresas solventes se quedan sin acceso al crédito. El último caso es el de la empresa Ombuds. La tercera compañía de seguridad de España se ha visto obligada a retrasar el pago de la nómina de junio, con más de 7.500 vigilantes de seguridad afectados.

El grupo está especializado en vigilancia física y cuenta con grandes clientes como Metro de Madrid y Barcelona, Renfe o instituciones penitenciarias. Se trata de una firma de ámbito nacional con una amplia cartera y que ofrece sus servicios a un gran número de compañías y administraciones.

Ombuds compró el 100% de Casesa (también especializada en el sector de la vigilancia y protección) en 2015. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía de seguridad señalan a El Confidencial que la familia Cortina no ha sabido gestionar de un modo satisfactorio la integración ambas empresas, lo que obligó a los accionistas a inyectar más de 40 millones de euros de capital en 2018.

Pese a la aportación de fondos realizada por los accionistas, la banca ha decidido de forma repentina no renovar las líneas de circulante por valor de 40 millones de euros, lo que conduce al retraso del pago de la nómina de junio.

En estos momentos la firma de seguridad continúa negociando con el sindicato bancario (Santander, Popular, Caixa y Bankia) con el objetivo de resolver la situación y espera que los bancos continúen permitiendo el 'factoring' de los clientes de Ombuds para poder reconducir el pago de las nóminas. Por otra parte, los accionistas trabajan con otras soluciones: desde la aportación de nuevas cantidades de dinero por parte de terceros a la venta de la sociedad para poder dar una solución a los trabajadores.

La compañía es propiedad de la Familia Cortina y el fondo JZ International (JZI) -que han aportado un total de 70 millones de euros en los últimos años, incluyendo los 40 desembolsados en 2018-. Todo ello con el objetivo de fortalecer el balance y asegurar la solvencia. Lo más llamativo es que el grupo se encuentra en un muy buen momento financiero, con una cartera de clientes consolidada y generando más de 200 millones de euros en ventas. A todo ello hay que sumar un Ebitda previsto de más de 12 millones para 2019.

El CEO de la compañía, Rodrigo Cortina, asegura que no comprende la decisión de la banca ya que los accionistas han aportado nuevo capital, no hay vencimientos de deuda que no se puedan atender por parte de la empresa, el negocio está en positivo y nunca se ha faltado a un compromiso con la banca. Cortina recuerda además el problema de seguridad al que se enfrentan las instalaciones protegidas y el drama que supone para las 7.500 familias que dependen del ecosistema de la empresa.

La realidad del sector es compleja y no es la primera gran empresa de seguridad que se enfrenta a problemas con el sector bancario. Recientemente ha habido otros casos como el de Seguridad Integral Canaria, Segur Iberica, Halcón Seguridad, Falcons o Magasegur. Todas estas firmas han protagonizado importantes quiebras y sigue persistiendo el problema de las bajadas de precios en los concursos públicos y privados, condiciones que hacen inviable el negocio de la vigilancia física.

Uno de los ejemplos más corrientes es el de AENA, donde los aeropuertos españoles se ven afectados por huelgas en sus filtros de seguridad cada verano, provocando el caos generalizado y obligando a pactar nuevas condiciones salariales para las contratas.

El sector también ha generado perdidas para los fondos de capital riesgo en España. JZI ha sufrido con Ombuds mientras que Nmas1, Espiga Capital, MCH y Corpfin perdieron su inversión en Seguridad Iberica y al fondo Baring le ocurrió lo mismo en Casesa. Ningún representante de la compañía querido hacer comentarios, pero fuentes sindicales han confirmado el problema y su perplejidad por la decisión de la banca.

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