Los puntos oscuros del caso Koldo en Baleares: las incógnitas que Armengol no resuelve

Las sospechas sobre el caso Koldo en Baleares continúan abiertas. La presidenta del Congreso y exdirigente de las islas, Francina Armengol, compareció este martes para explicar las dudas en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, negando cualquier irregularidad, pero dejó sin contestar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, quién puso en contacto a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL con el Gobierno autonómico, a la que abonó 3,7 millones de euros. Y, por otro, por qué tardó hasta tres años en reclamar que el material sanitario era defectuoso.

El Ejecutivo autonómico contrató a la empresa vinculada con la trama tras un ofrecimiento del Ministerio de Fomento en abril de 2020, en el peor momento de la crisis sanitaria. Así lo explicaron este lunes fuentes del equipo de la presidenta del Congreso y confirmó ella misma durante su intervención en la Cámara Baja. El pago de 3,7 millones de se formalizó poco después, el 5 de mayo. Armengol despachó el escaso margen con la urgencia sanitaria. "La realidad era la que era, se moría gente cada día y no teníamos material para proteger a la ciudadanía", declaró durante su comparecencia.

La realidad, sin embargo, es no se sabe quién fue el enlace. Armengol, interpelada varias veces por los periodistas, esquivó la pregunta y no especificó si fue el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, u otra persona del ministerio. La presidenta del Congreso respondió que llegaban muchas propuestas de "todos lados" y trasladó la responsabilidad de la decisión final a los técnicos del IB-Salut, el servicio sanitario de las islas. Según explicó la tercera autoridad del Estado, eran los funcionarios públicos quienes elegían al proveedor en función del precio, la calidad del material y las necesidades.

Francina Armengol, que ha tardado más de diez días en dar explicaciones, tampoco resolvió lo referente al material defectuoso y la posterior reclamación. El Govern de Baleares envió las mascarillas del tipo FFP2 adquiridas al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un ente dependiente de la Administración estatal, para disponer de un análisis técnico. El 8 de junio de 2020, este organismo dictaminó que el producto no era el adecuado: carecía de las garantías mínimas de ese modelo y no era apto para uso hospitalario.

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Carlos Rocha

Sin embargo, hubo que esperar tres años para la reclamación a la empresa, que no se formalizó hasta julio de 2023, justo antes del traspaso de poderes al PP en las islas. "Se hizo en tiempo y forma", declaró, bajo el argumento de que los tiempos son igual al inicio del proceso que al final, sin mencionar que la Fiscalía Anticorrupción ya había pedido entonces el expediente de la compra.

La justificación de Armengol fue algo contradictoria. La presidenta del Congreso se centró en por qué las mascarillas estuvieron durante todo ese periodo almacenadas y olvidadas en un almacén, pero no por qué no reaccionó con inmediatez. La respuesta se centró en que los cubrebocas no cumplían con los requisitos de un FFP2, pero sí podían utilizarse como quirúrgicas. Así, añadió la dirigente, se guardaron para "hacer acopio de material" ante un eventual empeoramiento de la crisis sanitaria.

Armengol insistió en que la decisión sobre la compra, investigada por la Guardia Civil y la Fiscalía europea, fue de los técnicos. La expresidenta de Baleares también negó cualquier irregularidad e insistió en que la operación se cerró por un precio inferior a la media del resto de comunidades autónomas. No reparó en el hecho de que ningún Gobierno regional contrató a Soluciones de Gestión, que únicamente tuvo actividad con Baleares y Canarias.

Aval del Govern

La operación con la mercantil involucrada en la trama deja otra incógnita sin resolver. Francina Armengol no detalló por qué el Govern avaló a esta empresa pese a que ya sabía que el material proporcionado era defectuoso. Así consta en el sumario de la operación Delorme, como informó El Confidencial. El Ejecutivo presidido por el PSOE emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado donde señalaba que había recibido "de manera satisfactoria" una partida por valor de 3,7 millones de euros. Es decir, que dos meses después del análisis de calidad obvió esta situación y ayudó a la presunta organización criminal a conseguir nuevos contratos públicos.

La empresa presentó el documento ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. "Antonio Mascaró Crespí, en calidad de subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de les Illes Balears, certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha realizado suministros, de manera satisfactoria, durante el año 2020", apunta la investigación, y añade, como publicó este diario. "Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado en Palma a 12 de agosto de 2020".

Estrategia del ventilador

La presidenta del Congreso, en la misma línea que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, basó su defensa en que fue el PP quien dejó caducar la reclamación formulada en las islas. "¿Si hubiéramos estado en una trama, habríamos hecho una reclamación?", añadió Armengol, que se calificó como "víctima", pero nunca como "cómplice". Los portavoces socialistas en el Ejecutivo, Pilar Alegría y Patxi López, apuntalaron esta idea bajo el pretexto de la reacción fue la adecuada. "Es el colmo de los colmos. El que aparece en el sumario pide la dimisión de quien no está", aseveró López en rueda de prensa en referencia al popular Miguel Tellado.

Moncloa ha urdido una respuesta orquestada y responde con tinta de calamar a las exigencias del PP. El Ejecutivo se volcó este martes en esa estrategia y la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, volcó el escándalo en el PP y en los casos de corrupción que les salpican, aunque algunos ya están incluso archivados. Montero y otros dirigentes como la titular de Sanidad, Mónica García, pusieron el foco en el hermano de Isabel Díaz Ayuso o el primo de José Luis Martínez-Almeida.