Armengol avaló a la trama ante Sanidad cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas

El Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que aseguraba que la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión, les había suministrado "de manera satisfactoria" una partida de mascarillas por 3,7 millones de euros. El Ejecutivo autonómico sabía desde dos meses antes que este material era defectuoso e incluso había ordenado ya su retirada, pero, a través de este informe, ayudó a la presunta organización criminal a seguir consiguiendo contratos públicos durante la pandemia.

La empresa presentó este documento ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y ahora consta en el sumario de la operación Delorme, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Antonio Mascaró Crespí, en calidad de subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de les Illes Balears, certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha realizado suministros, de manera satisfactoria, durante el año 2020". "Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado en Palma a 12 de agosto de 2020".

El contenido de este certificado se contradice con lo ocurrido el 8 de junio de 2020, cuando el Centro Nacional De Medios De Protección (CNMP) advirtió al Govern balear de que las mascarillas de Soluciones de Gestión eran defectuosas. "El resultado de dicho análisis es que ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2", explica el propio Govern de Armengol en otro documento oficial. "En el momento en que se recibe el resultado (...), el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y su almacenamiento hasta que se tomen las medias oportunas".

Ambos documentos reflejan que, en apenas 65 días antes, el Govern pasó de guardar las mascarillas en un almacén a emitir un certificado que avalaba la supuesta profesionalidad de la trama ante otras administraciones. Como ya ha ido informando El Confidencial, este cambio de criterio llegó a tal punto que ni siquiera reclamaron la devolución del dinero hasta 2023, cuando la Guardia Civil ya les había requerido los expedientes de contratación y la Fiscalía investigaba los hechos. Según sostienen el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la presunta organización criminal recurrió entonces al exministro José Luis Ábalos para que hiciera de "intermediario" y frenara esta reclamación.

[Pinche para leer el segundo documento del Govern balear]

Los otros certificados a favor de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil ha encontrado el certificado del Govern al revisar la documentación que Soluciones de Gestión presentó ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Este organismo depende del Ministerio de Sanidad y en julio de 2020 anunció una macrolicitación para adquirir material sanitario por un valor de más de 2.400 millones de euros. Los investigados ya se habían llevado para entonces más de 52 millones de euros en contratos públicos del Ministerio de Transportes, el de Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, pero este último contrato era la joya de la corona y también se presentaron.

Soluciones de Gestión formó para ello una UTE con Ferrovial y logró convertirse en adjudicataria de dos lotes. "Cabe reseñar cómo Soluciones de Gestión de Apoyo y Gestión de Empresas SL logra certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya ha suministrado material sanitario, logrando así postularse como proveedor de mascarillas en este acuerdo marco, lo que entre otros aspectos, quedaría justificada su elección por las entidades participantes", destaca la Guardia Civil.

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Para diferenciarse del resto de empresas, la trama presentó otros tres certificados de anteriores administraciones controladas por el PSOE que ya le habían concedido contratos para la compra de material sanitario: ADIF, Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad. Su carta de presentación finalizaba a su vez con un certificado de Globalia, el holding propietario de Air Europa. Como ha desvelado este diario, uno de los comisionistas de la trama, Víctor de Aldama, llegó a reunirse en 2020 con el consejero delegado de esta compañía, Javier Hidalgo, y con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para presentarle oportunidades de negocio en 2020.

"Certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas realizó el servicio indicado en junio de 2020 ejecutándolo con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe", sostenía en su informe el director de proveedores de Globalia, Sergio Blanco Galache. "Expido el presente certificado en Salamanca, a 12 de agosto de 2020". Pese a contar con estos cinco documentos sobre su supuesta profesionalidad, la Guardia Civil apunta a que la trama no llegó a conseguir ningún contrato a través de Ingesa: "No se tiene conocimiento que la UTE haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes en el acuerdo marco".