El PSOE vetó investigar compras de mascarillas en Canarias donde aparecía la empresa de la trama de Koldo

La trama de Koldo García Izaguirre tiene una ramificación en las Islas Canarias. La Audiencia de Cuentas de Canarias elaboró a comienzos de 2022 un informe en el que analizaba la gestión del Gobierno insular durante la pandemia y la adquisición de material sanitario. De 106 contratos revisados, había 35 con alguna anomalía: no constaban ni la justificación del gasto, ni la de la tramitación de emergencia. Entre las compras de mascarillas figuraba la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada al exasesor de José Luis Ábalos, pero nunca pudo investigarse por el rechazo del PSOE y sus socios de coalición: Podemos, Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Tras conocerse públicamente el contenido del documento, los grupos en la oposición —Coalición Canaria y PP— acordaron el 10 de noviembre de 2022 impulsar una comisión de investigación en el Parlamento del que, en aquel momento, fue bautizado como el caso Mascarillas. Argumentaron esta petición porque "la Cámara no puede quedar impasible ante la gravedad de una posible estafa de cuatro millones de euros de dinero público, más por unas mascarillas que nunca se recibieron".

En este texto se instaba a los cargos públicos que eran miembros del comité de emergencia sanitaria, creado por el Gobierno canario en marzo de 2020, a explicar las presuntas irregularidades reflejadas en el informe. En ese grupo estaban, entre otros, el expresidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres; el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez, y el xdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) y ahora jefe de Gabinete de Torres, Antonio Olivera.

Apenas cuatro días después, el 14 de noviembre de 2022, y tras llevarse a la Junta de Portavoces en el Parlamento de Canarias para su valoración, fue rechazada por las cuatro formaciones del pacto de las flores: PSOE, Podemos, NC y ASG.

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La respuesta de Julio Pérez, entonces portavoz del Gobierno canario, fue contundente: “Hicimos centenares de contratos durante la pandemia en régimen de emergencia y solo en uno han encontrado posibilidad de que se haya cometido algún delito”. Tras ello, y a los pocos minutos, se hizo la siguiente pregunta: “¿Por qué suponemos que la Administración lo ha hecho mal cuando en una muestra que ha hecho un órgano de control externo la mayoría está bien?”.

Casi 10 millones a la empresa de Koldo

El documento reveló las dos empresas a las que se adjudicaron la mayoría de contratos: Innjoo Technology SL y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Unas sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario, como tampoco lo fueron las más del 60% que figuran en el informe.

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El 22 de abril de 2020 se licita por 4.755.500 euros a la empresa vinculada con Koldo la adquisición de mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria. El 4 de mayo de 2020, en plena pandemia, se suministraron dos millones de mascarillas protectoras KN95 por valor de cinco millones de euros para el mismo fin y el mismo órgano público. En total, 9.755.700 euros destinados a un material que nunca llegó a las Islas.

El mismo informe reveló la constatación de que la Dirección General de Recursos Económicos del SCS “autorizó gastos en estos expedientes que superaron los umbrales establecidos en la normativa y no consta que, para la realización de estos, se haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias”. Asimismo, aseguró que la empresa en cuestión carecía de inscripción en el Rolece (Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas) que, a pesar de no ser obligatorio, es un instrumento relevante para verificar si las entidades gozan de solvencia para contratar con las administraciones públicas. En total, seis mercantiles no se corresponden con el objeto del contrato y cinco no figuraban inscritas en el registro.

Segunda vez para Torres

"Nadie ha dado explicaciones, no sabemos absolutamente nada. Todo ocurrió en 2020 y estuvo pilotado por Antonio Olivera [ahora jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres] que continúa en primera línea de la mano de él". Así de rotundo se mostró Jacob Qadri, coordinador general del PP en Canarias, al ser preguntado por el caso Koldo y su vinculación a las arcas insulares. “Aún quedan muchísimas cuestiones por esclarecer y, no olvidemos, es el segundo escándalo de corrupción que sacude al Señor Torres, aún continúa el caso Mediador”, señalaba tras conocerse que el Gobierno canario pagó más de nueve millones de euros a la empresa señalada.

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Qadri incidió en que “se tienen que dar explicaciones y ver qué relación tuvo el Gobierno autonómico con Koldo García y José Luis Ábalos”. “Recordemos que, en plena crisis migratoria en Arguineguín, Gran Canaria, en una visita institucional siendo Ábalos Ministro y Koldo su jefe de Gabinete, se gastaron casi 8.000 euros en un hotel de lujo en el sur de Tenerife, él, su familia y su equipo”, matizó. Por último, el dirigente popular pidió que “se esclarezca todo, que exista máxima transparencia, que den la cara y que le expliquen a todos los canarios lo que ha ocurrido”. Además, concluyó que no cree “necesario que se le tenga que pedir la dimisión, sino que ellos lo hagan” de reafirmarse la involucración de los canarios en el caso del exministro del PSOE.

Investigación interna

El presidente del Gobierno de Canarias y también secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, dio orden a la Consejería de Sanidad de iniciar una investigación interna con el fin de esclarecer la compra de mascarillas durante la pandemia realizada a través del exasesor de José Luis Ábalos.

Clavijo explicó que el objetivo de la investigación interna es "recabar la información por si en cualquier momento hay que ponerla a disposición judicial". Asimismo, mostró el "máximo respeto" en materia de presunción de inocencia y la "máxima colaboración" con la justicia. En concreto, la instrucción es recabar qué tipo de relaciones ha tenido dicha empresa no solo en el Servicio Canario de Salud, sino también en todos los departamentos del Gobierno de Canarias.