El órgano europeo que fichó al expresidente del INE carga contra las injerencias políticas

La salida de Juan Manuel Rodríguez Poo al frente del INE levantó una gran polvareda en junio de 2022, que el sector trata de aclarar desde entonces para que no afecte al buen nombre del conjunto del sistema estadístico comunitario. El economista de la Universidad de Cantabria nunca dijo una palabra más alta que la otra, pese a que su relevo, jamás aclarado, se produjo después de que el propio Gobierno pusiese en duda la credibilidad de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, no han faltado voces para poner el grito en el cielo por aquella decisión, que ha marcado un antes y un después en la consciencia sobre la necesidad de preservar la independencia de estos organismos frente a las injerencias políticas. El Consejo Asesor de Gobernanza Estadística Europea (Esgab, por sus siglas en inglés), que fichó al propio Rodríguez Poo como miembro de su directorio en marzo del año pasado, es una de ellas.

La institución, fundada tras la crisis griega para asesorar a la Comisión Europea sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en materia estadística, elabora desde 2009 un informe anual donde recoge sus recomendaciones (aquí puede consultarlos todos). Este año, el fondo y la forma son más duros que nunca: Esgab denuncia "despidos fulminantes" en la presidencia de los institutos estadísticos nacionales, pide reformar cuanto antes las leyes para aclarar las causas del nombramiento y cese de los dirigentes e incluso reclama la creación de organismos externos que velen por su independencia. Es el primer informe que se elabora desde la incorporación de Rodríguez Poo.

Aunque en ningún momento hace referencia a España —ni a ningún otro país—, el relato de las preocupaciones del organismo coincide con el que numerosos actores, dentro y fuera de nuestras fronteras, han expresado desde que trascendiese el correo electrónico del economista anunciando su salida a los trabajadores del INE. Aquella situación provocó la reacción airada de la oposición —que volvió a pedir explicaciones la semana pasada en la primera comparecencia parlamentaria de Carlos Cuerpo, sucesor de Nadia Calviño a cargo de Economía—, de la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado y del propio Esgab. "Cuando dichos comentarios y críticas se originan en políticos y legisladores con jurisdicción sobre el INE (...) pueden equivaler efectivamente a que el Gobierno proporcione instrucciones al INE sobre cómo realizar estadísticas", señaló en su día el Consejo Asesor.

La culpa es de los políticos

Ahora, y siempre en el marco de una reflexión general para la Unión Europea, va mucho más allá y describe un panorama muy sombrío, en el que desempeñar un puesto de responsabilidad en los institutos nacionales de estadística de los Estados miembros de forma independiente se antoja misión casi imposible. Esgab cree que la buena imagen del sistema estadístico comunitario está amenazada por los cuestionamientos "públicamente conocidos" del principio de independencia profesional, que tendrían lugar a través de "acciones discrecionales" protagonizadas por los que llama "actores en el entorno institucional". Es decir, los políticos. Estos hechos afectarían a la fiabilidad que los ciudadanos atribuyen a las instituciones estadísticas. "Varios de estos cuestionamientos han sido recogidos por los medios de comunicación", remata.

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Antes de la salida de Rodríguez Poo, el Gobierno cuestionó la credibilidad de los datos del INE en dos aspectos fundamentales: el cálculo de la contabilidad nacional, que ha sido revisado al alza en numerosas ocasiones desde la llegada de la nueva presidenta, Elena Manzanera, y el del índice de precios de consumo (IPC), que no incluía los contratos de electricidad en el mercado libre, como reveló en su día este periódico. Estas críticas contrastan con el apoyo que ha prestado el Ejecutivo a José Félix Tezanos, exmiembro de la ejecutiva del PSOE y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, pese a su constante sobreponderación de la izquierda en las encuestas electorales. "Es el sociólogo que siempre acierta", se llegó a decir desde el púlpito del Consejo de Ministros.

Cambiar la ley cuanto antes

El Gobierno nunca ha aclarado las razones de la salida de Rodríguez Poo, que ha sido interpretada como un cese desde diferentes instancias, entre ellas los trabajadores del INE consultados en su día por este periódico. Desde entonces, tanto Esgab como los institutos estadísticos europeos han pedido que se reformase la ley para cumplir el Código de Buenas Prácticas comunitario, a fin de que se establezcan criterios objetivos para motivar el nombramiento o el cese del presidente del INE.

La visita de una delegación de los pares del INE a España, solo unas semanas antes del relevo al frente de la institución, terminó con una recomendación llamada peer review, que esbozaba una reforma en ese sentido. Como desveló El Confidencial, el INE ha recogido el guante y prepara una propuesta de modificación de la Ley de la Función Estadística Pública, que regula el funcionamiento del organismo. El texto deberá ser entregado al Ministerio de Economía antes del segundo trimestre de este año y el Gobierno tiene que tener listos los cambios antes del segundo trimestre de 2025.

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Esgab, que ya recogía una propuesta similar para el conjunto de institutos estadísticos nacionales en su informe del año pasado, abunda en esta idea en el documento de 2023, y advierte de que se debe implantar "con el mínimo retraso". Según el Consejo Estadístico, la ley debe consagrar las "mejores prácticas" para que el reclutamiento de los dirigentes esté abierto a la competencia y la transparencia, "utilizando criterios profesionales, entre los que la reputación estadística y el alto nivel de competencia en materia estadística son clave". Además, debe recoger la obligación de publicar una explicación razonada sobre los motivos de los ceses.

A través de estos cambios legislativos, Esgab pretende evitar los casos —"algunos muy recientes", apostilla el informe— en que han tenido lugar "despidos fulminantes" o se han creado "condiciones hostiles" para que los jefes o el personal de los institutos estadísticos de los Estados miembros desempeñen su trabajo. Esto ha llevado a la salida de sus puestos, "o incluso a su procesamiento por insistir en seguir los principios del Código de Buenas Prácticas", añade el documento, que dedica buena parte de sus 54 páginas a abordar el desafío de la independencia.

Puertos del Estado no se libra

Este año, la propuesta del Consejo Asesor es más ambiciosa todavía, ya que la quiere hacer extensiva a medio plazo a todos los productores de estadísticas, conocidos como ONA (otras autoridades nacionales, por sus siglas en inglés). Estos, denuncia, arrastran problemas de independencia incluso más graves que los de los institutos nacionales. En España, son 16 organismos o departamentos de la Administración General del Estado. Algunos de ellos forman parte del organigrama de los propios ministerios, como la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, dependiente de Trabajo, por citar un caso (aquí se puede consultar la lista completa). Otros, como Puertos del Estado, funcionan con mayor autonomía, pero los nombramientos de sus presidentes también dependen del ministro correspondiente, en este caso, Transportes.

Esgab propone crear una AIReF de la estadística para asegurar la independencia del INE

De aplicarse esta recomendación, algunos puestos elegidos a dedo tendrían que asignarse con criterios técnicos, para mejorar la producción de las estadísticas. "Los gobiernos, a través de las ONA u otras entidades, a veces elaboran productos estadísticos que no cumplen con los requisitos de calidad y, en general, con los principios del Código de Buenas Prácticas. Esto es un desafío, ya que pueden afectar indirectamente a las condiciones para la independencia e imparcialidad de los institutos nacionales de estadística", añade el documento, que también pide una mayor coordinación entre estos organismos bajo los criterios del INE.

Por último, Esgab propone garantizar la aplicación de todos estos contrapesos a través de instituciones autónomas que controlen la independencia de los sistemas nacionales de producción de datos. Se trataría de crear por ley una suerte de AIReF de la estadística para asegurar el buen funcionamiento de los institutos, su coordinación con las ONA y el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. Suena a utopía cuando en España ni siquiera se sabe por qué Juan Manuel Rodríguez Poo dejó, de un día para otro, la presidencia del INE.