Relevo forzado en el INE: el Gobierno se desata y pone en riesgo las instituciones

Juan Manuel Rodríguez de Poo ha dejado de ser presidente del INE cuatro años después de asumir el cargo. Aunque su salida se ha justificado bajo la manida fórmula de los “motivos personales”, la sucesión de rumores e informaciones sobre sus desavenencias con la vicepresidenta Nadia Calviño, que precedieron su salida, sugieren que existen razones de fondo de calado, que casan mal con el relato de una institución independiente como se entiende que debería ser el instituto oficial de estadística.

El Ministerio de Economía trataba este lunes de esquivar la polémica con un comunicado en el que la dimisión de Rodríguez de Poo quedaba eclipsada por la promesa de un nuevo Estatuto para el INE que debería servir, en línea con otras reformas, “para reforzar y modernizar el Sistema Estadístico estatal”. Pero este mensaje difícilmente puede disimular la sensación de que el relevo en la presidencia de la institución es consecuencia del "hecho de que sus cifras publicadas no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno. Esto pondrá en riesgo el elevado crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España, tanto ante nuestros socios de la Unión Europea como ante los propios usuarios", como denunció la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) en un duro comunicado.

La relevancia de contar con un organismo independiente que garantice la provisión de estadísticas económicas fiables es un principio firmemente aceptado en cualquier sistema democrático que se precie. El propio Banco Central Europeo lo destaca entre sus reglas de comportamiento al señalar que “esta independencia garantiza que los ciudadanos puedan confiar en los datos que se utilizan para definir las políticas que afectan a su vida cotidiana”. Y, en la misma línea, la OCDE señala en su código de buenas prácticas estadísticas que “la independencia profesional de los productores de estadísticas es esencial para la producción y difusión de estadísticas objetivas”, por lo que deben “tener autoridad exclusiva [... ] para decidir sobre métodos estadísticos y difusión” y estar protegidos durante su labor “de la injerencia política y de otra índole”.

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El trabajo del INE durante el mandato de Rodríguez Poo no ha estado exento de polémica y debates sobre su metodología, ya fuera por la percepción general de que la institución no estaba siendo capaz de capturar la evolución fiel de la economía (una sensación basada en la aparente disparidad entre las cifras de PIB y de empleo) o por cuestiones de carácter técnico, como las relativas a la medición de los precios de la luz. Pero en tanto no exista evidencia de que la institución se haya apartado en sus actuaciones de la metodología avalada por la propia Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), cualquier pretensión de enmienda debe estar fundamentada en un debate académico abierto y transparente, en el que los responsables del Gobierno deberían mantener, por el bien de la credibilidad del instituto estadístico, un papel muy secundario.

Tras la salida de Rodríguez Poo se espera que Calviño ordene, tal y como adelantó este periódico, el nombramiento en su sustitución de Israel Arroyo, hasta hace escasos días mano derecha del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aunque sus capacidades técnicas parecen fuera de toda discusión, la elección de una persona tan próxima al Gobierno no dejaría de representar una manera obvia de alimentar los recelos sobre las actuaciones del INE, máxime a tenor de la polémica que ha precedido la salida de su antecesor. En estos asuntos debería regir la idea asociada al célebre dicho sobre la mujer del César, pero el Gobierno parece más aferrado a un principio más propio del absolutismo, que suele resumirse en la frase “el Estado soy yo”, atribuida tradicionalmente al rey francés Luis XIV.

El Gobierno ya ha dado muestras de poco respeto a la independencia de otros organismos

Porque, siendo preocupante todo lo acontecido en torno al INE en los últimos días, la seriedad del asunto se multiplica cuando se comprueba que este no representa un episodio aislado, sino que parece formar parte de un ‘modus operandi’ generalizado, por el que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha mostrado pocos reparos a la hora de saltarse (ya sea mediante nombramientos o críticas poco mesuradas) los principios más elementales de independencia y buena gobernanza, en campos tan diversos como la Justicia, el CIS o el Banco de España. Y también, aunque en una esfera muy diferente pero también relevante, la empresa privada, con un claro ejemplo reciente en el caso de Indra, en la que, a partir de una participación mayoritaria (pero no de control) y con maniobras de decoro cuestionable (e incluso discutiblemente legales) se han tomado las riendas de la compañía, poniendo en juego los intereses de los accionistas minoritarios del grupo, para implementar un plan de negocio que genera dudas en los mercados.

El resultado de todo esto es un creciente descrédito de instituciones que tienen por finalidad, precisamente, apuntalar la confianza de los ciudadanos en el proceder del Estado y garantizar unas reglas de juego fiables también para aquellos que puedan considerar España como un lugar adecuado para invertir (en un momento especialmente crítico para el país, como ha quedado reflejado en la reciente escalada de la prima de riesgo). Una misión que, sin duda, torna más compleja cuando se injerta el germen de la desconfianza incluso en algo tan esencial como las propias estadísticas económicas.

En un discurso pronunciado en 2019, la actual subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, se refirió a las instituciones económicas independientes como un "pilar fundamental" en la estructura de cualquier país desarrollado. "Por ello, creo que estamos todos de acuerdo en que la independencia es un valor que no solo debemos preservar, sino reforzar", sugirió entonces. Con sus últimas actuaciones, el Gobierno deja la sensación de que ese propósito no es hoy tan unánime.