Deuda récord y factura al alza: el desafío crucial que plantea a España el viraje del BCE

Este martes, el Tesoro español colocó en el mercado algo más de 1.400 millones de euros en letras a nueve meses. Después de dos años cobrando por estos títulos (es decir, vendiéndolas a tipos negativos), la institución se vio obligada a ofrecer a los inversores una rentabilidad media del 0,62%, en un reflejo del incremento de los costes de financiación que se está dando en los últimos meses y que se ha acelerado en las últimas semanas.

De hecho, a los tipos de la última subasta a este plazo, celebrada en mayo (un -0,09%), esta colocación habría supuesto para las arcas públicas una ganancia, a lo largo de toda su vigencia, de alrededor de un millón de euros. Sin embargo, en esta ocasión, el saldo torna en un gasto en torno a los 6,5 millones.

Aunque se trata de cifras minúsculas dentro del universo de la deuda española, este ejemplo ilustra a la perfección el brusco cambio en las condiciones de financiación a que se enfrentan los países europeos y que amenaza con volver a situar bajo el escrutinio de los mercados la solvencia de los Estados más endeudados.

La última reunión del BCE, celebrada el pasado jueves, representó el detonante de una oleada de ventas en la deuda periférica europea que ha tenido en Italia su principal víctima, pero que también se ha hecho notar con intensidad en la evolución de los bonos españoles, cuyas rentabilidades alcanzan ya sus cotas más elevadas en los últimos ocho años.

Algunas firmas prevén que las primas de riesgo periféricas se eleven en torno a 100 puntos más

Desde el BCE se lanzó el mensaje, la semana pasada, de que está dispuesto a actuar para evitar los riesgos de fragmentación en la región, pero la falta de concreción y el enfoque de la institución que preside Christine Lagarde en los riesgos de la elevada inflación actual han alimentado la teoría de que el banco central está dispuesto a tolerar diferenciales significativamente más elevados. Los analistas de Capital Economics sugieren que sería necesaria una escalada de la prima de riesgo italiana al entorno de los 350 puntos básicos (actualmente se mueve alrededor de los 240, algo más de 100 puntos por encima de la española) para que el BCE se decidiera a actuar de forma más decidida.

Si estas circunstancias resultan preocupantes para Italia, no lo son mucho menos para España, que ve cómo años de condiciones de financiación extremadamente cómodas encaran su fin para dar paso a un escenario más normalizado, que pondrá a prueba la solidez financiera de un país que cuenta con unos niveles de deuda récord. Así lo reflejaban este martes las cifras publicadas por el Banco de España, que elevan a 1,45 billones de euros la deuda acumulada por las administraciones públicas del país al término del primer trimestre. En solo dos años, esta cantidad se ha elevado en más de 200.000 millones de euros, como resultado de la crisis del coronavirus.

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Resulta indudable que el respaldo del BCE ha sido fundamental para que España haya podido lidiar sin excesivos problemas en los últimos años con sus crecientes niveles de deuda pública. Pero ahora que la situación ha dado un giro rotundo, resulta indispensable hacer números para valorar la capacidad de resistencia de las finanzas nacionales.

En este sentido, los analistas de CaixaBank Research ya estimaron el pasado mes de marzo que, en un contexto de fuerte tensionamiento del mercado, el coste de la deuda emitida en 2024 podría elevarse a niveles del 3,5%, lo que representaría la tasa más elevada desde 2011 y supondría un cambio ostensible respecto a un 2021 en que el rendimiento efectivo medio cayó por debajo de cero. Tomando como referencia un volumen de emisiones como el estimado para 2022, pasar de este a aquel escenario supondría un encarecimiento de la financiación de hasta 8.000 millones de euros en un año.

El Gobierno ha hecho oídos sordos a los llamados a perfilar la senda de reducción del déficit

Los expertos del servicio de estudios de CaixaBank advertían en aquella nota, no obstante, de que esta situación tendría un reflejo moderado en los costes totales de la deuda española, gracias, entre otras razones, al margen de actuación que se ha garantizado el Tesoro con su política de los últimos años, que ha llevado la duración de la deuda española en circulación a máximos históricos. Con todo, aquella nota finalizaba con una advertencia que ha sido lanzada desde muy diversos frentes al Gobierno con escasos resultados: la necesidad de dibujar una senda de consolidación fiscal creíble, que apuntale la confianza del mercado en la solvencia de España.

Parece fuera de toda duda que gran parte de los gastos asumidos por el erario público en los últimos años forma parte de una respuesta necesaria a las circunstancias generadas por la crisis del coronavirus, primero, y, ahora, por las tensiones derivadas de la guerra de Ucrania. Pero, en paralelo, se han ido generando una serie de obligaciones estructurales (principalmente, en el ámbito de las pensiones, pero también en partidas de distinta índole) que apuntan a mantener un déficit estructural en las cuentas públicas españolas por encima del 3% durante los próximos años.

Opinión

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Los cálculos del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pasan, según quedó detallado en el Plan de Estabilidad 2022-2025, por que este agujero se vea mitigado (al igual que sucedió tras la anterior crisis) por un fuerte crecimiento económico, que ofrecería un alivio coyuntural al problema. Pero ni este crecimiento puede darse por cierto —y la experiencia más reciente muestra cómo pueden derrumbarse de la noche a la mañana las previsiones más sólidas— ni, mucho menos, puede asumirse como perpetuo.

España sigue así tratando de comprar tiempo antes de abordar la búsqueda de soluciones estructurales a un problema crítico, que lleva mucho tiempo aplazando. Pero, a medida que se elevan las rentabilidades de la deuda, ese tiempo puede salir cada vez más caro e, incluso, volverse inasumible.