Las miserias estadísticas y la ácida amenaza de Churchill

Un par de datos lo dicen todo. O casi todo. Apenas el 4,7% de la plantilla del INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene menos de 40 años. La segunda cifra, muy vinculada a la primera, no es menos elocuente. La edad media de toda la plantilla se sitúa en 54 años, lo que significa 10 años más que la media del conjunto de la población.

No es, desde luego, el único caso en la Administración central, donde el envejecimiento es una realidad palpable. Pero es significativo, porque no se trata de un organismo cualquiera. La calidad de las estadísticas es fundamental para evaluar y conocer la eficiencia de las políticas públicas, y, por eso, desde hace años, todos los centros de investigación vienen reclamando más medios para entender y comprender la realidad de un país a través de sus cifras. En definitiva, el papel que les corresponde a las oficinas de estadística.

No parece que hayan tenido mucho éxito. Lo cierto es que la plantilla del INE no ha dejado de caer en los últimos años, y ni siquiera creció durante los años de recuperación económica. En 2009, la plantilla del INE ascendía a 4.292 personas, pero en 2020, casi una década después, el número ha bajado hasta 3.120. Es decir, un descenso del 29%, lo que da idea del ajuste.

Se podría pensar que la reducción de las plantillas tiene que ver con la menor carga de trabajo, pero ocurre todo lo contrario. De hecho, la solución que han encontrado los directivos del INE —en algunos casos, por consideraciones ideológicas más que de justificación práctica— ha sido externalizar mucho trabajos, incluso los más relevantes, lo que a la postre aleja a sus funcionarios de la elaboración de los trabajos, sometidos, como se sabe, al secreto estadístico, pero que se quedan en manos privadas para su explotación.

El Plan Estadístico Nacional, de hecho, que tiene carácter cuatrienal, es cada vez más ambicioso. No puede sorprender, teniendo en cuenta que la integración de los sistemas estadísticos europeos es cada vez mayor, lo que obliga no solamente a producir más trabajos estadísticos, sino de mayor calidad.

En tela de juicio

Está demostrado que, de lo contrario, si no se quiere caer en lo que decía Churchill ("las únicas estadísticas que creo son las que yo mismo manipulo"), la información que sale del INE corre el riesgo de ponerse en tela de juicio por parte de la opinión pública.

También su reputación como ente independiente y objetivo del Gobierno de turno, y ahí está la reciente revisión a la baja del PIB del segundo trimestre, que ha arrojado algunas dudas. Y lo que es peor, como ha reconocido el propio Consejo Superior Estadístico en alguna ocasión, la realidad socioeconómica del país queda en entredicho. Hasta el propio consejo ha reconocido que los recursos, por su escasez, “no son suficientes en la actualidad para garantizar los proyectos en curso”. Más claro, agua.

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Javier G. Jorrín

Esta falta de medios —el 62% de su presupuesto se destina a pagar nóminas— explica que la visitas de los encuestadores del INE para recoger información en materias tan delicadas como la EPA o el IPC sean cada vez menos frecuentes. En la última reunión de los sindicatos con los responsables del INE, por ejemplo, se les informó de que la toma de muestras de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), una de las joyas de las institución, ya que es la base sobre la que se construyen otras estadísticas, se reducirá de dos a una semana de recogida.

Como ha revelado la sección sindical de CCOO, en noviembre se efectuará una prueba piloto para recoger datos de la EPF mediante una aplicación móvil facilitada a los hogares en siete provincias. Es decir, muy lejos del trabajo presencial de los encuestadores del INE, y que ha sido la práctica habitual. Otro ejemplo. La Encuesta de Condiciones de Vida, que es otra de las grandes estadísticas del INE, se está recogiendo por medio de un contrato de servicios concertado con una empresa privada.

No acaban ahí las externalizaciones. Como recuerda CCOO, la dirección ya ha enviado a los sindicatos un cuadro de los gastos en que se especifica la subcontratación de empresas privadas para realizar tanto el censo de población como el censo agrario, además de encuestas sobre turismo, uso de las tecnologías de la información o la Encuesta de Población Activa. Recientemente, en esta línea de privatización del trabajo estadístico, el Consejo de Ministros autorizó al INE renovar sus centros de procesamiento de datos por 26 millones de euros. Malos tiempos para la calidad estadística.