España plantea cambiar el modo de cesar a los jefes del INE tras la polémica salida de Poo

España ha iniciado los trámites para cambiar el modo de cesar a los presidentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) tras la polémica salida de Juan Manuel Rodríguez Poo. Finalmente, nuestro país escuchará la petición del sistema europeo de estadística —formado por Eurostat y los institutos de los diferentes Estados miembros— y estudiará la modificación de la ley que regula el funcionamiento del organismo. El objetivo es que la nueva norma recoja las causas por las cuales el máximo mandatario de la institución puede ser destituido de su cargo.

La decisión aparece en la respuesta del INE a las recomendaciones de sus pares europeos (conocidas como peer reviews), que en un informe de julio de 2022 habían solicitado a España que adaptase su legislación para mejorar la transparencia del proceso, como publicó El Confidencial. El documento de los hombres de negro hacía una mención expresa al relevo del anterior jefe del organismo, que salió en circunstancias poco claras y tras recibir numerosas críticas de miembros del Gobierno por sobrestimar el dato de inflación y, muy especialmente, infraestimar el de PIB. Desde entonces, y ya con la nueva presidenta, Elena Manzanera, se han sucedido las revisiones al alza de la contabilidad nacional de 2021, 2022 y el primer semestre de 2023.

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"El Instituto Nacional de Estadística debe llevar a cabo acciones para promover las modificaciones legislativas necesarias, estableciendo disposiciones claras para el nombramiento y cese del presidente (...), en línea con el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas", señalaba entonces el informe. Y ligaba ese cambio al cumplimiento del reglamento comunitario de 2009, que estipula que las autoridades estadísticas nacionales en cada Estado miembro "deben disfrutar de independencia profesional y garantizar su imparcialidad".

Ahora, el INE ha recogido el guante. La institución se compromete a elaborar, antes del segundo trimestre de 2024, un informe para analizar, "desde un punto de vista jurídico, las modificaciones a proponer en la legislación española con el fin de poner de manifiesto los motivos del cese del presidente", según figura en la contestación a sus pares europeos. Esa propuesta deberá cristalizar en una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública, que regula el funcionamiento del organismo, antes del segundo trimestre de 2025. "Las reformas legales señaladas en el informe anterior se aplicarán en tiempo y forma", subraya el texto, titulado Acciones de mejora: España.

Economía esperará a que el INE elabore el informe, lo estudiará y tomará una decisión

El Instituto Nacional de Estadística da, así, cumplimiento a una recomendación que llevaba obviando desde 2015, cuando sus equivalentes comunitarios ya se lo pidieron en la segunda de las tres peer reviews que se han sucedido hasta la fecha. El momento no resulta casual. La salida de Rodríguez Poo, que tuvo lugar en junio del año pasado —solo 24 días después de que los hombres de negro abandonaran Madrid—, causó una gran polvareda en Bruselas, y Onas Markelevičius, Thomas Burg, Jukka Jalava y Richard Laux no dudaron en reflejarla en su informe, para reforzar el argumento de que España tenía que cambiar el sistema de elección y cese. Por si fuera poco, el Consejo Asesor de Gobernanza Estadística Europea (Esgab, por sus siglas en inglés), que vela por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, alertó de posibles presiones del Ejecutivo, e incluso acabaría nombrando al propio Rodríguez Poo miembro de su directorio, como también adelantó este periódico.

En ese contexto, la presión sobre el INE era muy fuerte, y finalmente el organismo ha sucumbido. Lo ha hecho con el conocimiento del Ministerio de Economía, según han confirmado ambas partes. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el Gobierno vaya a cambiar la ley, según matizan desde el departamento dirigido por Nadia Calviño. Economía esperará a que el Instituto Nacional de Estadística elabore el informe y, una vez lo haya estudiado con detenimiento, tomará una decisión.

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No hay que olvidar que para que se definan negro sobre blanco los supuestos para el cese de los presidentes del INE hace falta modificar la Ley de la Función Estadística Pública. Y esta es una iniciativa que corresponde al Ejecutivo, a través del propio Ministerio de Economía. La institución autónoma, que depende orgánicamente de Calviño, ha hecho todo lo que podía hacer: asumir las recomendaciones de sus pares europeos e iniciar el análisis de la posible modificación legislativa, comprometiéndose, incluso, con unos plazos. Pero la última palabra la tiene el Gobierno, aclaran ambos. El documento señala que el informe "se elaborará de acuerdo con el ministerio" y señala tanto al INE como a Economía como responsables de llevar a buen puerto la modificación legal.

En su redactado actual, que data de 2022, la norma otorga al Ejecutivo la potestad de elegir al jefe del máximo órgano estadístico español con un gran margen de discrecionalidad: "El presidente será nombrado por el Gobierno mediante real decreto a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con la actividad estadística pública". Y, lo que es más importante: no hace referencia alguna a su cese, que es el punto más delicado a la hora de garantizar la independencia de la institución.

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El vacío legal ha ayudado a extender la sombra de la sospecha sobre el último relevo. Aunque ambas partes justificaron la salida de Poo por motivos personales, lo cierto es que algunos altos funcionarios del INE apuntaron a este periódico que en realidad se trataba de una destitución por desavenencias con quien lo nombró: la vicepresidenta Calviño. De culminarse la reforma que piden los pares europeos del INE, este tipo de decisiones tendrían que motivarse muy bien y encajar en los supuestos establecidos en la nueva norma.