Estas son las propuestas de la AIReF para sanear las cuentas que el Gobierno no aplicará

El Gobierno cumplió el objetivo de déficit público en 2022, gracias al récord de ingresos provocado, en parte, por la altísima inflación. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que este año no ocurrirá lo mismo, debido al coste de los planes de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en el bolsillo de las familias. Más allá de la coyuntura, España arrastra un déficit estructural que hace muy difícil garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo, como recuerda este organismo y otros, como el Banco de España, cada vez que tienen oportunidad. Bruselas se halla vigilante, y está previsto que las reglas fiscales, suspendidas durante la pandemia, regresen en 2024.

En ese escenario, la AIReF demanda al Gobierno un plan de consolidación fiscal que el Ejecutivo no acaba de concretar, confiado en que los máximos de recaudación —que atribuye al afloramiento de la economía sumergida— se mantengan, y consciente de que, antes de las elecciones generales de diciembre, no es buena idea retirar el escudo social para proteger a los más vulnerables. La irrupción del covid, primero, y la guerra, después, han postergado hasta la próxima legislatura la gran reforma fiscal que prometió el Ejecutivo, a la vez que disparaban el gasto público hasta niveles nunca vistos. Si no se produce un cambio de rumbo, la institución presidida por Cristina Herrero prevé que la deuda pública continúe por encima del 100% a medio plazo, como recoge en su último observatorio publicado este mes.

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De momento, el Ejecutivo hace oídos sordos a los Pepito Grillo de la ortodoxia fiscal, y saca pecho de la reducción del pasivo tras los récords de la pandemia, a la espera de lo que ocurra en las próximas citas electorales. El segundo informe de seguimiento de los spending review —evaluaciones del gasto público realizadas por los funcionarios de la AIReF— es un fiel reflejo de cómo muchas propuestas tecnocráticas para sanear las cuentas del Estado han caído en saco roto durante esta legislatura, incluso algunas que la propia coalición prometió en su día, como la eliminación de los privilegios fiscales para el diésel o las tributaciones conjuntas en el impuesto sobre la renta (IRPF).

El pasado 31 de marzo, el Ministerio de Hacienda publicó sus respuestas a las recomendaciones de la Autoridad Fiscal, como establece el plan de recuperación pactado con Bruselas. De las 173 iniciativas, la mitad ya han sido implementadas y un tercio están en proceso, pero un total de 30 (un 17%) jamás se llevarán a cabo. Estas son las principales medidas de reducción del gasto o aumento de los ingresos desechadas por el Ejecutivo.

Eliminar la reducción por tributación conjunta

Actualmente, las parejas que tributen conjuntamente en el IRPF pueden reducir su base imponible —la cantidad sobre la que se aplica la tasa— en 3.400 euros, y las familias monoparentales en 2.150. Según la AIReF, este sistema ha permitido adecuar la tributación a la estructura de rentas de los hogares, "especialmente en aquellos en los que casi toda la renta la obtiene un perceptor y (...) es baja". Sin embargo, lo ha hecho a costa de la igualdad. "El beneficio fiscal genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de renta baja), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española", destacaba el organismo en su spending review sobre beneficios fiscales, presentado en el verano del 2020.

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Para evitarlo, la Autoridad Fiscal proponía acelerar la "paulatina desaparición" de esta reducción, a través de un régimen transitorio que compensase su efecto negativo con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres. En su respuesta, el Gobierno rechaza esta última posibilidad aludiendo al actual contexto de crisis. Según el Ejecutivo, las medidas para responder a la coyuntura actual han estado especialmente orientadas hacia la reducción del sesgo de género, como en el caso de la extensión de la deducción por maternidad a quienes cobren una prestación contributiva o asistencial. Sin embargo, no dice nada del meollo de la cuestión: la eliminación de la reducción por tributación conjunta.

El Ministerio de Hacienda ha preferido obviar un asunto espinoso que ya causó controversia hace dos años, cuando España remitió a la Comisión Europea el plan de recuperación. En un primer borrador, el Gobierno se comprometía a eliminar esta ventaja fiscal, con un redactado calcado al del spending review de la AIReF. En cambio, se desdijo unas horas después, y se limitó a explicar que aún estaba evaluando la propuesta de la Autoridad Fiscal. El impacto sería llamativo: dos millones de familias pagarían de media 1.150 euros más cada ejercicio, lo que supondría un ingreso extra de 2.400 millones de euros para las arcas públicas.

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Un año después, el comité de expertos de Hacienda reabrió el debate en el libro blanco para la reforma fiscal: "Estas finalidades de la reducción son extrañas a un impuesto individual, como pretende serlo el IRPF y, por tal motivo, es partidario de estudiar la posible sustitución de la reducción por tributación conjunta por un mínimo (o la modulación de los existentes) que permita adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de estas unidades familiares". La guerra en el este de Europa ya había estallado y el Gobierno hizo caso omiso a esta recomendación. Ahora sabemos que la ha rechazado definitivamente.

Equiparar la tributación de diésel y gasolina

La invasión de Ucrania dio al traste con la prometida reforma fiscal, y finalmente el Gobierno optó por una serie de medidas cosméticas para aumentar la recaudación —como los impuestos a las energéticas, banca y grandes fortunas— en lugar de emprender un cambio profundo del sistema. Entre los asuntos que se quedaron en el tintero está la equiparación de la tributación del gasóleo con la de la gasolina.

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Actualmente, el diésel goza de un trato fiscal favorable. El Gobierno prometió acabar con esa situación, e incluso llegó a introducir la retirada de la bonificación en el proyecto de los presupuestos de 2021, pero la presión del PNV hizo que lo retirara. Tras muchas idas y venidas, el Ejecutivo descarta finalmente esta opción, que los expertos de Hacienda también recomendaban. Según el libro blanco, los precios aumentarían más de un 9% y el incremento de la recaudación alcanzaría los 2.600 millones de euros.

En su spending review, la AIReF calcula que la diferencia en la tributación de ambos combustibles cuesta a las arcas del Estado unos 2.500 millones de euros anuales, de los que casi 1.200 corresponden a vehículos privados. "Con el conocimiento científico actual, el objetivo de protección sectorial entra en contradicción con la política medioambiental y con la prioridad de medios de transporte menos contaminantes", reza el documento. La norma ha conseguido fomentar el diésel, dice la Autoridad Fiscal, pero ese objetivo se ha quedado obsoleto: al contrario de lo que se creía, el gasóleo genera más polución que la gasolina.

El Gobierno: "Dada la crisis energética, muchas de las reformas pretendidas en el ámbito medioambiental no se consideran adecuadas"

Una vez más, el Gobierno se excusa en el contexto inflacionista para rechazar la propuesta: "Dada la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, muchas de las reformas pretendidas en el ámbito medioambiental no se consideran adecuadas en el momento actual". El Ejecutivo, eso sí, matiza que ha emprendido otras medidas de fiscalidad verde, como los impuestos al plástico y al depósito de residuos o la modificación del de los gases fluorados.

Evaluar el gasto en grandes infraestructuras

No todas las medidas que propone la AIReF para sanear las cuentas públicas y el Gobierno ha rechazado se centran en los ingresos. Desde el punto de vista del gasto, destaca la propuesta de evaluar las inversiones en grandes infraestructuras, sobre las que el organismo dibuja una fotografía demoledora: "No existe vínculo entre los planes, el proceso presupuestario y la coyuntura económica, y se detecta una desconexión completa entre la planificación estratégica y la asignación de recursos. El proceso de selección de proyectos tampoco está vinculado con la disponibilidad anual de fondos".

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En el país de las autopistas rescatadas y los aeropuertos sin aviones, la Autoridad Fiscal denuncia la intromisión política en el proceso: la planificación se hace sin atender a los problemas de movilidad, las decisiones más importantes se toman antes de los estudios de viabilidad y, cuando estos sí se hacen, muchas veces no se tienen en cuenta. Tampoco existen, dice la AIReF, criterios claros para priorizar los proyectos, una suficiente transparencia ni un marco normativo que regule el método, los plazos o el contenido de los planes.

A la vista de esa situación, el organismo independiente propone crear lo que denomina "mecanismos de evaluación singulares" para las obras públicas de mayor envergadura. Pero el Gobierno se niega a hacerlo, y pone la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que está en trámite parlamentario, como pretexto. El proyecto aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, alega el Ejecutivo, no los contempla. "En su lugar, se han articulado los mecanismos de las evaluaciones ex ante y ex post en general para los nuevos proyectos según su tipología y a partir de unos umbrales de importe", añade. En definitiva, las fórmulas ordinarias.