El Gobierno rechaza la propuesta de la AIReF de publicar un 'ranking' de universidades

España no tendrá un ranking oficial de universidades. Cuatro años después de que lo recomendase la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Gobierno ha rechazado publicar una lista de las instituciones educativas en función de su excelencia investigadora. El Ejecutivo alega que ya existe información en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación —pese a que resulta incompleta— y que establecer una clasificación distorsionaría los datos: "Los rankings no siempre miden con objetividad los resultados, y en muchos casos se utilizan para el posicionamiento de los centros indicadores sintéticos que no siempre reflejan verazmente la realidad de cada institución".

La propuesta de la AIReF data de junio de 2019 y forma parte del primer spending review para evaluar la eficiencia de las políticas públicas. En ese marco, el organismo presidido por Cristina Herrero analizó el Programa de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, diseñado por el Ministerio para estimular la formación y la incorporación al mercado laboral en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación.

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La institución independiente dibujó entonces un escenario crítico: España invierte mucho menos que la media europea, sufrió un descenso del número de investigadores tras la Gran Recesión y, pese al buen dato de publicaciones científicas, el porcentaje de empresas innovadoras, la inserción laboral en el sector privado y la colaboración con el sector público están por debajo de la media europea. A todos estos males, la Autoridad Fiscal añadió uno más: "Inexistencia de un sistema de financiación de instituciones basado en la excelencia académica, práctica cada vez más extendida en Europa para garantizar la eficacia de los recursos de I+D+i. Ninguna universidad española aparece en el top 100 de los rankings que identifican universidades de prestigio".

Son problemas estructurales y, por el momento en que se realizó el estudio, se podrían achacar en todo caso a los Gobiernos del popular Mariano Rajoy. Pero lo cierto es que el Ejecutivo de coalición no ha logrado enmendarlos, pese a la creación del primer Ministerio de Universidades de la Democracia. En las clasificaciones más recientes, las instituciones educativas nacionales siguen muy lejos del cuadro de honor: la de Barcelona (UB) es la primera española en los rankings de Shanghái y Times Higher Education, pero aparece en el puesto 150-200 y 178, respectivamente, a escala mundial; la Autónoma de esa ciudad (UAB) es la mejor del país según el ranking QS, pero no pasa de la posición 182 cuando se compara con las del resto del mundo.

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Lejos de favorecer la competitividad, como hacen los países anglosajones —que copan los primeros puestos de estas listas—, el Ejecutivo ha declinado la siguiente recomendación de la AIReF para dar transparencia al sistema: "Crear un ranking público de excelencia en investigación de universidades y centros de investigación nacionales, actualizable cada tres años. La posición en ese ranking será determinada por los valores de indicadores de seguimiento de excelencia académica y rendimiento definidos en el Plan Estatal [de Investigación Científica y Técnica y de Innovación]".

La propuesta figura como rechazada en la actualización anual del seguimiento del spending review que el Ministerio de Hacienda publicó en su web el pasado 31 de marzo, la fecha tope comprometida con Bruselas en el plan de recuperación. En el informe del año pasado, el Ejecutivo respondía que aún no la había estudiado. No es la única que finalmente ha desechado en el ámbito del I+D+i: de un total de 38 recomendaciones, 27 ya han sido implementadas, una está en trámite y las 10 restantes jamás se llevarán a cabo.

El Gobierno no da cifras de inserción laboral o estudiantes extranjeros para cada centro

El Ministerio de Ciencia e Innovación justifica su no en el hecho de que ya ofrece información al respecto en su página web, "en algunos casos, agregada, y en otros, desagregada por organismos financiadores y/o ejecutores". "Se considera suficiente", añade en su réplica a la AIReF. Pero lo cierto es que el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (Sicti) no publica ninguna lista que permita comparar el nivel de excelencia de las universidades, y la mayoría de los parámetros que mide son presentados en grupos genéricos, como el de públicas y privadas, o por comunidades autónomas. Para conocer, por ejemplo, cuántas patentes ha registrado cada institución educativa es necesario ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria.

"En la medida en que el desarrollo del Sicti lo permita, la voluntad es de ir incorporando nueva información con el máximo nivel de desagregación que permite la ley. En este sentido, no es necesario disponer de un ranking específico, puesto que se puede y se podrá consultar la información disponible desagregada por institución. Se tiende, por tanto, hacia un mayor nivel de transparencia que permita a los diferentes agentes y a los ciudadanos identificar los centros de excelencia, sin necesidad de la implementación de un ranking numérico que posicione en orden cardinal las diferentes instituciones y centros", añade el departamento dirigido por Diana Morant, frente a la evidencia que se puede comprobar con una simple visita a la página web del Sicti.

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Actualmente, el Ministerio de Universidades tampoco ofrece información desagregada por centros. En las 182 páginas del informe Datos y cifras del sistema universitario español 2022-2023 no aparece mencionado el nombre de ninguna institución. En otras palabras: la universidad en que se doctoró el ministro Joan Subirats, que es la mejor de España, queda diluida en las estadísticas de su departamento en el ámbito territorial de Cataluña o en el de los centros públicos. La UB forma parte de un todo abstracto: pese a que la Constitución recoge el principio de autonomía universitaria, no hay manera de saber las cifras de abandono, rendimiento, inserción laboral o estudiantes extranjeros de cada centro.

En 2013, el Gobierno del Partido Popular elaboró un manual de buenas prácticas para que las universidades españolas se situasen en puestos elevados en los rankings internacionales, y este otro documento que arrojaba una fotografía de su desempeño. Nunca más se supo.