El drama de la inversión pública en España: la I+D se recortó un 19% en la última década

La inversión pública suele actuar como palanca para la inversión privada. Primero, porque abre nuevas vías de negocio que las empresas pueden aprovechar. Y, segundo, porque generan una cultura de la inversión y un capital humano que posteriormente utiliza el sector privado cuando estos trabajadores dan el salto. En España, la inversión es uno de los grandes déficits del país. No tanto en infraestructuras, en las que hay una buena dotación de capital, sino en I+D.

Las estadísticas de inversión pública en innovación y desarrollo muestran que España ha sido una 'rara avis' en Europa en la última década, ya que se ha dedicado a recortar una buena parte del gasto en I+D. Así lo evidencia la estadística GBARD que elabora anualmente Eurostat como uno de los indicadores importantes del nivel de desarrollo de los países. En concreto, lo que analiza son los presupuestos de las distintas administraciones públicas de los países europeos para hacer un seguimiento de la inversión en I+D.

En el caso de España, el presupuesto destinado a inversión pública en I+D fue de 144,2 euros por habitante en el año 2020. Esta cifra es un 36% inferior al promedio de la Unión Europea de los 27, que en 2020 se situó en 225,3 euros por habitante. Si se compara con los países punteros del continente, los datos son mucho peores. Alemania destina un presupuesto de 443 euros por habitante, más del triple que España.

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El problema para España no es el gran agujero existente con los países punteros de Europa, sino la evolución de su inversión en los últimos años. Esta partida ha sido una de las que ha sufrido los recortes posteriores a la burbuja inmobiliaria, hasta el punto de que en la última década la inversión por habitante ha caído un 19%. Se trata del peor dato de toda la Unión Europea y, como señala Eurostat, una situación excepcional. Solo hay cinco países en la eurozona que han reducido su inversión en I+D.

Los recortes se produjeron entre los años 2010 a 2013, coincidiendo con la gran crisis del euro que obligó a España a pedir el rescate financiero a sus socios europeos. Durante esos años, y a pesar de la salida de población, la inversión pública por habitante en I+D sufrió un desplome del 35%. Esto es, se eliminó uno de cada tres euros en inversión.

Desde entonces se ha producido una leve recuperación de la inversión, que en siete años de intenso crecimiento económico apenas aumentó un 18%. Esto es, apenas un avance de un 2% anual. Esto explica que, en el año del estallido de la crisis económica, los presupuestos de España contemplasen un volumen de inversión en I+D muy inferior al de los socios europeos.

Francia es otro de los países en los que la ratio de inversión en I+D se ha reducido, sin embargo, venía de unos niveles mucho más elevados y el recorte ha sido menor, del 7%. En consecuencia, Francia mantiene un gasto que es casi el doble que el de España en esta partida.

¿Y las empresas?

El sector privado español no ha hecho los ajustes que sí han realizado las administraciones públicas durante esta última década. Pero el gasto tampoco ha crecido. Hasta el año 2019, último ejercicio disponible, la inversión en I+D de las empresas se mantuvo estable en el 0,7% del PIB, mientras que la inversión pública pasaba del 0,27% al 0,21%. Sin embargo, eso no significa que los datos sean mejores.

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Lo que ha ocurrido es que España ha arrastrado el gran déficit inversor que ya tenía antes de la pasada crisis financiera. Si en el año 2010 la I+D empresarial de la Unión Europea era un 74% superior a la española, en el año 2019 era ya un 109% superior. Esto es, las empresas invierten más del doble que España, medido como porcentaje del PIB.

Se trata, por tanto, de un agujero inversor que explica muchos de los problemas de España, desde el escaso valor añadido de su economía hasta la ausencia de empresas líderes en tecnología. Incluso la industria nacional sufre los problemas de la escasez de una política inversora patrocinada por los Gobiernos, lo que explica la elevada dependencia de empresas multinacionales que se han instalado en España buscando costes de producción bajos en comparación con los países punteros.