La nueva Ley de Ciencia divide a investigadores: "Vamos a contratar a menos"

Dedicarse a la ciencia en España es casi heroico. Las mentes más brillantes del país están llamadas a mejorar nuestra salud, desarrollar la tecnología del futuro y avanzar hacia una nueva economía basada en la innovación, pero malviven encadenando durante décadas contratos precarios que serían inadmisibles en otros sectores. La nueva Ley de Ciencia, aprobada ayer definitivamente en el Congreso de los Diputados, pretende arreglar la situación y convertir la carrera científica en una opción verdaderamente interesante. Sin embargo, hay un aspecto concreto que ha generado una división inusual, más allá de la política, entre los propios investigadores. ¿Qué ha pasado exactamente y qué futuro le espera a la ciencia española?

Los colectivos que defienden los derechos laborales de los científicos están satisfechos, porque la nueva norma impone que los contratos sean indefinidos, con las correspondientes indemnizaciones si llegan a su fin. Por el contrario, para los máximos responsables de universidades y algunos centros de investigación, es un desastre: creen que no podrán asumir los costes, que se enfrentarán a una gran cantidad de procesos judiciales y que la ley no soluciona la precariedad, sino que la enmascara, generando frustración. El Congreso no votaba ayer toda la ley, sino una enmienda concreta sobre esta cuestión que habría permitido la temporalidad en los proyectos de investigación financiados por Europa, los más importantes. Al rechazarla, entramos en una nueva etapa para la ciencia española. ¿Mejor o peor? Faltan evidencias científicas para saberlo.

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José Pichel

La nueva ley partía de la idea de que todos los investigadores contratados con fondos públicos deberían ser indefinidos, en sintonía con la reforma laboral. El problema de ese planteamiento general es que la investigación funciona a través de proyectos de una duración concreta. Por eso, se incluyó una excepción para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también para “programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea”. En la práctica, esto significaba dejar la ciencia de excelencia casi como estaba en materia laboral.

Sin embargo, en la tramitación del Congreso se aprobaron cambios de última hora (Disposición Adicional 10ª) a propuesta de Unidas Podemos para que la reforma laboral también alcanzase a los investigadores contratados con fondos europeos logrados de forma competitiva. En teoría, los contratos se unían así a líneas de investigación permanentes a lo largo del tiempo, al margen de que la financiación procediera de proyectos europeos o nacionales. La contratación indefinida no impedía el despido si la línea de investigación dejaba de contar con dinero suficiente para seguir adelante, pero en ese caso la indemnización sería mayor que antes. Los defensores del cambio alegaron que de esta forma mejoraban las condiciones laborales, se hacía más atractiva la carrera investigadora y se consolidaban los grupos de investigación (a menudo, muy inestables). La ley salió de la Cámara Baja el pasado 23 de junio sin votos en contra.

En cambio, en su paso por el Senado se produjo un giro inesperado. El PP presentó una modificación (enmienda 76) que fue aprobada con el apoyo de Vox, PNV, UPN, Junts per Catalunya y ERC, devolviendo el debate al Congreso. El cambio implicaba recuperar la idea inicial: que los proyectos de investigación dependientes de fondos europeos logrados de manera competitiva sí realizarían contratos temporales. ¿Qué había pasado? Los populares admiten que la idea no fue suya, sino una petición de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y de los centros de excelencia que forman la alianza SOMMa (centros Severo Ochoa y las unidades María de Maeztu).

Rectores y directores han criticado la generación de “falsos contratos indefinidos”. En su opinión, van a derivar en indemnizaciones que no se pueden pagar con los fondos europeos (incluso si fuera posible, habría menos dinero disponible para el proyecto en sí, argumentan). Por lo tanto, universidades y centros tendrían que asumir el coste con recursos propios. Además, creen que esta situación va a generar conflictos judiciales. En definitiva, no sería la solución a la precariedad, sino que aumentaría el problema. La CRUE llegó a hablar de “colapso” del sistema español de ciencia y tecnología.

Lo más llamativo era el cambio de postura de ERC. ¿Había cedido a las presiones de las universidades y centros de investigación de Cataluña, que concentra algunos de los más prestigiosos? Finalmente, los republicanos negociaron la supresión de la enmienda 76 antes de la votación de ayer a cambio de “mejorar la financiación basal” de la ciencia. ¿Qué significa esto? La idea es que si los centros tienen que pagar más indemnizaciones, puedan disponer de más recursos para ello. El Ministerio de Ciencia e Innovación se haría cargo a través de “convocatorias de sus agencias financiadoras”, explicaron fuentes del gabinete de Diana Morant, pero falta ver en qué se concreta ese compromiso.

“A la calle sin haber publicado”

Los críticos con la nueva norma creen que esta vía no soluciona nada y que la nueva ley, en realidad, conseguirá lo contrario de lo que pretende. “Algunos centros lo pasarán mal y no le van a extender los contratos a nadie. Cuando se acabe el proyecto europeo, pagarán la indemnización. El problema es que para publicar un artículo hoy en día hacen falta más de cuatro o cinco años, que es lo que dura esa financiación. Así que algunos investigadores se irán a la calle sin haber publicado y será el fin de su carrera científica”, afirma en declaraciones a Teknautas Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG) y uno de los promotores de una carta de más de medio centenar de directores de centros y unidades de investigación enviada esta semana a los grupos parlamentarios.

El carácter competitivo de los proyectos europeos (recibe financiación alrededor del 10% de las propuestas que se presentan) hacen muy improbable que se puedan encadenar varios contratos de este tipo, así que los directores temen que si se prorroga la relación laboral con otro tipo de financiación, como un proyecto nacional, finalmente los centros tengan que asumir la indemnización años más tarde, cuando el proyecto europeo ya esté cerrado y no se le puedan cargar más costes. “No solucionamos ningún problema de precariedad, queda bien como maquillaje, porque la estadística dirá que hay un 90% de investigadores con un contrato indefinido, pero en realidad van a ser temporales”, comenta.

Quienes se oponen a esta parte de la nueva ley destacan que hasta ahora “en ningún país se ha hecho esto con los proyectos europeos”. Según explica Serrano, lo habitual en las potencias científicas más relevantes del continente, que compiten por los mismos fondos europeos que España, es “un primer contrato temporal que después se puede renovar y, si quieres un tercero, entonces ya te tienen que hacer fijo”. En su opinión, ese modelo sí “permite ayudar a la gente a acabar su carrera”.

Derechos laborales frente a la presión de los jefes

En el lado opuesto se sitúan quienes celebran el texto de la Ley de Ciencia tal y como está porque logra “equiparar los derechos laborales del personal de la investigación a los del resto de los trabajadores”, según destacó ayer CCOO. La aplicación de la reforma laboral en la ciencia supone “un paso de gigante”, según Elisa Fernández, que además de pertenecer a este sindicato es investigadora del CSIC. Frente a la apreciación de los directores de los centros de que la nueva norma va a generar falsos contratos indefinidos, considera que “antes teníamos falsos contratos temporales, porque la misma persona podía empalmar muchos durante más de 20 años”.

Los que han rechazado la enmienda del Senado tampoco creen que el gran problema sea la financiación. En su opinión, el gasto de indemnización es mínimo, especialmente para los centros más potentes, ya que tan solo debe subir de 12 a 20 días al año. Además, las ventajas fiscales frente a un contrato por obra y servicio también ahorran costes y si realmente se consolida a los científicos dentro de un grupo, como pretende la ley, nunca llegarían a tener que realizar ese desembolso. Por lo tanto, el cálculo final de costes no sería tan desfavorable ni siquiera si los centros y universidades tienen que asumir los costes.

Por lo tanto, si el motivo no es económico, ¿qué es lo que sucede? Fernández alude a la coacción que ejercen los jefes en la actualidad para explotar al máximo a los investigadores precarios: “Nos han llegado a decir que la gente no funciona de la misma manera si no tiene la presión de tener que hacer méritos para renovar su contrato; que trabajar en un proyecto de investigación es estar en formación, aunque estemos hablando de gente que lleva 15 o 20 años en la investigación, o que la ciencia es dinámica, que no te puedes apalancar en el laboratorio”, denuncia.

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Esta perspectiva parece dibujar un conflicto entre científicos que disfrutan de un puesto consolidado y jóvenes que luchan por hacerse un hueco, pero Fernández lo ve de otro modo. En realidad, “tenemos a mucha élite científica a favor de los contratos indefinidos, como están demostrando en redes sociales, es cuestión de unos pocos”. El mejor ejemplo es el CSIC, asegura. Frente a las quejas de universidades y de los directores de la alianza SOMMa, la agencia estatal “no ve ningún problema y está aplicando la reforma laboral y la contratación indefinida desde mediados de abril”.

Cómo se adaptarán centros y universidades

¿Por qué esta discrepancia? Lo cierto es que detractores y defensores de la nueva ley no se ponen de acuerdo en la repercusión que va a tener para la gestión de la ciencia. Según Serrano, los encargados de redactar contratos en universidades y centros de investigación van a tener que hilar muy fino, porque la ambigüedad del texto abre la puerta a numerosos litigios en el ámbito laboral. Por el contrario, Fernández vuelve a recurrir al ejemplo del CSIC para asegurar que estos contratos “mejoran los trámites de gestión”.

El tiempo dirá cómo actúa cada organismo. “Intentaremos adaptarnos, pero habrá un impacto financiero y esto implicará que vamos a contratar a menos gente, tendremos menos grupos y habrá menos puestos de trabajo”, lamenta el director del CRG. En ese sentido, “ningún director ni rector está a favor de la precariedad, queremos que los mejores investigadores tengan un trabajo fijo, pero la solución no es cambiar el nombre a un contrato y poner la carga financiera y laboral en las universidades y los centros de investigación”.

Serrano reconoce que la nueva Ley de Ciencia tiene muchas cosas buenas, pero no precisamente esta. “La solución real y valiente hubiera sido subir la financiación, ir a un 3% o un 4% del PIB para I+D+i, como otros países”, y también “quitar el tope de contratos fijos que pueden tener los centros de investigación, en el CRG son 100 y no podemos tener 101”. Y plantea: “El problema es si queremos ser un país de innovación e investigación o un país que compre tecnología donde reine la burocracia”. Si se opta por lo segundo, “luego no se puede pedir que nosotros innovemos, hagamos patentes, compañías y puestos de trabajo”.