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Los principales centros científicos de España se unen para rebelarse contra el Gobierno
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crean la plataforma "en defensa de las opis"

Los principales centros científicos de España se unen para rebelarse contra el Gobierno

Representantes de los Organismos Públicos de Investigación se reunieron ayer y acordaron crear una plataforma para combatir la parálisis burocrática que les empobrece y atenaza

Foto: Reunión de los principales OPIs para enfrentarse a la burocracia gubernamental [Dramatización]
Reunión de los principales OPIs para enfrentarse a la burocracia gubernamental [Dramatización]

Los organismos públicos de investigación (OPI) españoles llevaban tiempo haciendo cada uno la guerra por su lado para protestar, entre otros problemas de gestión, contra el Requerimiento de Intervención Delegada Previa, una regulación impuesta por el Ministerio de Hacienda en 2014, que les impide ejecutar sus propios presupuestos, paralizando sus investigaciones y sumiendo a estos centros en una deuda económica cada vez mayor.

El pasado 20 de marzo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) lanzó el primero de estos mensajes de auxilio en la forma de un manifiesto que suscribieron más de 300 de sus trabajadores, entre científicos, técnicos y personal administrativo. Días más tarde llegaron las cartas del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), apoyados por cerca de 200 empleados en cada caso.

Foto: Uno de los edificios del IEO (Wikimedia Commons)

Ahora, todos estos centros de investigación se han unido en una plataforma a la que se han sumado también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El único que falta, el Instituto Geológico y Minero de España estaría cerca de sumarse a esta iniciativa, según ha confirmado a Teknautas uno de los investigadores implicados que ayer formó parte de la primera reunión de esta nueva plataforma que informará de sus próximos movimientos a través de @EnDefensaOPIs, una cuenta de Twitter en proceso de creación.

placeholder El ministro de Economía, Román Escolano, y Carlos González, director del Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC, junto a un espectómetro de resonancia magnética nuclear durante su visita a las instalaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EFE)
El ministro de Economía, Román Escolano, y Carlos González, director del Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC, junto a un espectómetro de resonancia magnética nuclear durante su visita a las instalaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EFE)

"Los niveles de paralización pueden ser diferentes en un centro u otro, pero las causas son comunes", explica a Teknautas Marina Albentosa, investigadora en el IEO. "Ya ni pensamos en lo que se invierte en I+D, nos olvidamos de eso, el problema es que una vez que tienes esos fondos, no puedes ejecutarlos".

La situación ha llevado a muchos de los científicos a dejar de pedir proyectos, es decir, han renunciado a solicitar fondos a Europa o a la Agencia Estatal de Investigación ante la imposibilidad de que sus centros les permitan ejecutarlo. Pero hay más. "Hay trabajos de gestión, por ejemplo Estrategias Marinas, que es un gran encargo que tenemos a nivel europeo", explica Albentosa, "Medio Ambiente tiene esa responsabilidad y encarga al IEO esos trabajos cuyo fin es la evaluación de calidad del medio marino y garantizar el buen estado ambiental de nuestros mares".

Ya ni pensamos en lo que se invierte en I+D. El problema es que una vez que tienes esos fondos, no puedes ejecutarlos

En la última reunión sobre Estrategias Marinas, los científicos implicados en el encargo dijeron a la dirección del IEO que no se podían comprometer a cumplir los objetivos del encargo, ya que el centro, con sus actuales protocolos de gestión y control del gasto, no tenía capacidad para ejecutar esos fondos, que incluyen desde contratos de personal a adquisición de inventariado. Es decir, España está incumpliendo los acuerdos suscritos con Europa para garantizar el buen estado ambiental del medio marino ante la imposibilidad de afrontar burocráticamente los fondos para llevarlo a cabo.

placeholder El logo de la nueva plataforma.
El logo de la nueva plataforma.

Otro ejemplo que ilustra esta situación. Uno de estos centros de investigación obtuvo un proyecto para realizar a medias con la Universidad de Vigo. Ambos debían contratar a un investigador para dedicación exclusiva a este proyecto, sin embargo, mientras a la universidad le llevó un mes contratar a la persona, a la OPI le costó 14 meses. Albentosa, del IEO, confirma que en su centro una incorporación se demora un mínimo de 12 meses debido a las trabas de auditoría impuestas por Montoro.

Los organizadores confían en que las universidades se unan tarde o temprano a esta 'resistencia', ya que según su criterio, la Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó el pasado 9 de marzo acabará llevándolas a la misma situación que hoy viven sus centros.

"La ciencia se tiene que gestionar de otra manera, los criterios de la Administración General del Estado no pueden servir para la investigación", explica la investigadora. "Este año tenemos una deuda enorme porque no hemos ejecutado el 2017, y al no ejecutar, esos fondos vuelven a Hacienda y no los tienes en el 2018, y como tú esos gastos los tenías ya comprometidos, tienes que pagar aunque no tengas dinero".

En el caso concreto del instituto oceanográfico, la Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, remitió una carta al IEO expresando su preocupación por el estado del instituto y la desmotivación de sus empleados. Propuso varias medidas, entre ellas dotar al instituto de más personal administrativo para acelerar el papeleo, aunque según detallan desde el centro, ninguna de ellas ataca el principal problema que sufre el IEO.

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Una de las cartas remitidas por la Secretaría de Estado a los investigadores del IEO

Este movimiento es el último en una serie de iniciativas dedicadas a poner el foco sobre la alarmante situación de nuestros mejores centros públicos de investigación. Ayer, un grupo de científicos llevó hasta el Congreso de los Diputados un documento, que apoyaron con su firma 275.000 personas, denunciando un "progresivo abandono de la ciencia española provocada por los recortes aplicados por el Gobierno".

Pero desde la recién creada plataforma insisten en que no quieren centrarse en los recortes, "sino en el ahogo y el colapso al que nos tienen sometidos", explican.

Los organismos públicos de investigación (OPI) españoles llevaban tiempo haciendo cada uno la guerra por su lado para protestar, entre otros problemas de gestión, contra el Requerimiento de Intervención Delegada Previa, una regulación impuesta por el Ministerio de Hacienda en 2014, que les impide ejecutar sus propios presupuestos, paralizando sus investigaciones y sumiendo a estos centros en una deuda económica cada vez mayor.

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