Estos 1.500 jóvenes sueñan con el salario mínimo: son el futuro de la ciencia española

Siempre se ha dicho que el gasto en ciencia no es tal, sino una inversión para el futuro. Así lo demostró la terrible pandemia que asoló el mundo hace dos años y de cuyos estragos aún se recupera la sociedad a nivel mundial. En España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la institución con mayor reconocimiento internacional a nivel científico y, además, el mayor empleador de personal investigador del país. A pesar de ello, hasta 1.500 de sus investigadores predoctorales no cobran el salario mínimo estipulado, vulnerando así sus derechos laborales, tal y como denuncian. Si las reclamaciones de la Red de Doctorandos del CSIC ante la entidad siguen sin surtir efecto, como ya ha sucedido en numerosos casos, llevarán el caso a los tribunales.

Los salarios de estos investigadores están recogidos en el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), aprobado en 2019. En función del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (CUAGE), estos profesionales perciben entre un 56% y un 75% de salario para el grupo profesional en el que están asignados. En estas condiciones, el sueldo de un investigador o una investigadora predoctoral apenas alcanza los 1.000 euros netos durante el primer y el segundo año de contrato. El problema, más allá de las cifras reconocidas, se produjo cuando el CSIC no actualizó las tablas salariales y continuó abonando las nóminas a los predoctorales como si del III CUAGE se tratara, y no del nuevo.

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Cote Villar

Según los cálculos que los propios afectados han realizado, “esto supone que, legalmente, el CSIC acumula una deuda de en torno a 300.000 euros con sus investigadores predoctorales, afectando aproximadamente al 70% de este colectivo; es decir, a más de 1.500 jóvenes investigadores. La deuda acumulada de forma individual varía entre 50 y 820 euros”. Eso sí, la cuantía a deber depende del año y modalidad de la convocatoria de contrato predoctoral.

Alejandro Sánchez, investigador en el Instituto de Filosofía adscrito al CSIC, es uno de los afectados. "Yo soy contratado FPU [Formación de Profesorado Universitario] de 2017, así que estimo una deuda de 650 euros desde que entró en vigor el EPIF", relata. Dicha cuantía, que pudiera parecer baja, supone mucho para la realidad que viven estos investigadores, ya que normalmente tienen que desplazarse a las capitales en las que el CSIC tiene sus sedes. Ello conlleva un alto coste del alquiler y transporte, por ejemplo.

“Esta situación, que era claramente ilegal, se supone que se iba a solucionar desde la Secretaría General de Recursos Humanos del CSIC, que nos dijo que ya estaba con ello en enero”, añade. Meses después, tanto él como sus compañeros han visto que no ha sido así. “Las respuestas siempre eran bastante vagas e imprecisas. Muchos compañeros terminan sus contratos en mayo y en junio y, cuando preguntan qué ocurrirá en su centro correspondiente, ni las propias unidades de recursos humanos tienen mucha información”, completa.

"En este momento se está acometiendo ese trabajo de revisión", dicen desde el CSIC

El CSIC, por su parte, aunque se ha negado a responder a las preguntas facilitadas desde este medio, afirma que los nuevos contratos predoctorales que formalizan se encuentran adaptados a las retribuciones contempladas en el IV CUAGE. Y añaden: "Se encuentran pendientes de revisión los contratos formalizados tiempo atrás en los que, efectivamente, la referencia retributiva era la contemplada en el III CUAGE. En este momento se está acometiendo ese trabajo de revisión para adecuar las retribuciones a las previstas en el IV CUAGE y regularizar el pago de los atrasos debidos, en su caso".

Crisis de empleo juvenil y precariedad en la ciencia

La situación que viven los investigadores predoctorales, normalmente veinteañeros que acaban de terminar sus estudios de posgrado y que se tienen que desplazar a ciudades lejanas de las que proceden, está sujeta a cualquier tipo de incompatibilidad. Según Sánchez, “este tipo de contratos, además de considerarse de formación, implican hasta 60 horas de docencia; y hay incompatibilidad con otras becas y contratos, y por supuesto trabajar para otras empresas”. Estos jóvenes sufren la crisis de empleo juvenil estructural en España, a lo que se suma la precariedad en la ciencia.

“Conozco a personas que solicitan este tipo de contratos, pero también otros con financiación europea o en fundaciones privadas, y, cuando les han concedido ambos, han optado por los segundos”, agrega el investigador predoctoral. Es decir, el máximo referente público de la investigación científica en España está perdiendo talento debido a las bajas retribuciones que ofrece. “Puede que se llegue con mucha ilusión al CSIC, pero se acaba muy quemado. No sé si por las propias dinámicas de la institución o por el sistema universitario en general. Cuando te das cuenta de que a lo largo de cuatro años de contrato buena parte de tus funciones son burocracia, se te viene abajo lo que creías con cierto idealismo de que te dedicarías a una carrera de investigación”, se explaya este miembro de la Red de Doctorandos del CSIC.

Su nombre propio tan solo es uno de los más del millar y medio que han decidido organizarse para luchar por sus derechos años después de que empezaran a vulnerarse. “Hemos puesto una reclamación interna, y, si no nos responden favorablemente, la idea es ir al juzgado de lo social de cada provincia en la que esté el centro de trabajo para presentar una denuncia”, determina el investigador. A su vez, incide en que, a pesar de estar contratados por la Administración pública, están fuera del convenio, lo que les impide plantear un conflicto colectivo.

Lucha individual agrupada, no colectiva

Las consecuencias de esto último se materializarían negativamente en caso de una victoria judicial, pues dicha sentencia no sería extrapolable a las demás personas que se encontraran en la misma situación. Es decir, ganarían a título individual y cada uno de ellos tendría que ir denunciando su caso de forma particular. "Son luchas individuales agrupadas, no colectivas", define Sánchez.

Así pues, la exclusión del personal predoctoral del convenio colectivo es el problema de fondo al que se enfrentan, ya que el hecho de estar incluidos les ayudaría enormemente a la hora de poder tener ciertos complementos, como el de antigüedad, o a la hora de negociar sus condiciones laborales. Sea como fuere, desde la Red de Doctorandos recuerdan cómo el 22 de abril la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la entidad ordenó actualizar sus salarios, "justo dos días después de la celebración de una asamblea con el objeto de conducir una reclamación judicial que sustanciase este incumplimiento", agregan.

Dicho compromiso, sostienen, no se ha materializado. Y continúan: “Por el contrario, sí podemos adivinar que, de no haberse producido un principio de organización por parte del colectivo, esta promesa no se habría producido; promesa que, por lo demás, no sería más que la obligación de cumplir con la legalidad vigente”. Los más de 1.500 investigadores del CSIC a los que se les adeudan cuantías que van de los 50 a los 820 euros, en función del tipo de contrato y su año de inicio, son conscientes del papel que juegan en una institución de estas características. "La configuración del infrafinanciado sistema español de ciencia no solo está sostenido por la fuerza de trabajo del personal temporal y precario, sino que, además, se le niega la retribución de ese esfuerzo a un colectivo de trabajadores y trabajadoras sin el cual se vería directamente abocado al colapso", concluyen.