Llega la ley que debería arreglar la ciencia española, pero se queda muy corta

Muchas de las mentes más brillantes de este país malviven en los laboratorios de centros de investigación y universidades. Están pendientes de que una nueva convocatoria o un nuevo proyecto les permita mantener un sueldo más bien escaso. Para los jóvenes, la carrera científica tiene un itinerario lleno de dificultades que, en el mejor de los casos, puede desembocar en cierta estabilidad después de un par de décadas. Para los más veteranos, mantenerse en el mundo de la ciencia al frente de un grupo implica enfrentarse a la crónica falta de financiación, a una burocracia insoportable y a la imposibilidad de atraer talento. Lo peor de todo es que este colectivo tan maltratado tendría que liderar un cambio del modelo económico hacia un sistema moderno basado en la I+D+i. La buena noticia es que su situación debería empezar a cambiar hoy mismo.

Al menos eso es lo que promete el Gobierno, que se dispone a aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes la nueva Ley de la Ciencia. A falta de conocer el texto definitivo, el borrador del anteproyecto que ha circulado y las palabras del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, anticipan los principales contenidos. Entre las medidas más importantes, se incluyen nuevos contratos indefinidos ligados a las líneas de investigación y no a proyectos concretos, con indemnizaciones hasta ahora inexistentes; el establecimiento de un nuevo itinerario de carrera científica inspirado en el modelo 'tenure track' de EEUU y Alemania, pero diferente, con contratos de tres a seis años y evaluaciones para acceder a ser fijo; una reserva de plazas del 15% en universidades y del 25% en organismos públicos de investigación (OPI) para estos perfiles investigadores, y una reducción de la carga administrativa a la hora de justificar subvenciones.

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¿Suficiente para solucionar los graves problemas que arrastra la investigación en España? En general, los afectados y los expertos en el sistema ciencia y tecnología consideran que las nuevas medidas están bien encaminadas, pero se quedan cortas. “Apuntan en la dirección de resolver problemas endémicos de nuestro sistema de ciencia, como la inestabilidad de los científicos o el exceso de burocracia”, afirma en declaraciones a Teknautas Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec, entidad privada cuya misión es promover la innovación. “No sé si las soluciones son las óptimas, pero siempre es mejor un pequeño avance que quedarse en el mismo sitio”, añade este experto, que participó en la redacción de la ley actual, de 2011.

No obstante, el camino hacia un sistema de ciencia y tecnología flexible y moderno es demasiado largo. “Esta ley supone dar los primeros pasos, pero si hay que recorrer 5.000 metros, nos estamos quedando en los primeros 500”, asegura Santiago López, director del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (eCyT) de la Universidad de Salamanca. En su opinión, el problema es que “la cultura de la Administración pública no entiende la investigación”. Tampoco ayuda la existencia de dos ministerios distintos para gestionar las universidades y la investigación científica, ya que de forma paralela se está desarrollando una Ley de Universidades que en parte toca aspectos similares.

Precariedad

Para solucionar la precariedad, la medida que tiene mejor acogida es el establecimiento de un nuevo contrato indefinido para todo el personal que realiza actividades científico-técnicas. Esta nueva modalidad permite ligar la contratación a una línea de investigación y no específicamente a un proyecto competitivo, como sucede hasta ahora. Los proyectos suelen tener una duración corta que impide la continuidad de los investigadores. “Va a ser muy positivo, mientras haya financiación da igual que pagues un salario de un proyecto o de otro”, comenta Paco Palazón, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios).

Y si finalmente un grupo de investigación se queda sin financiación para mantener los contratos, los científicos recibirían una indemnización como trabajadores indefinidos. “No dota de estabilidad a quienes trabajan por proyecto, pero reconoce que esos proyectos encadenados generan derechos. Es una solución interesante y estaba en el guion, porque Europa exige reducir la temporalidad en el sector público”, destaca Barrero. Hasta ahora, los contratos posdoctorales se asimilaban a contratos en prácticas, lo que imposibilitaba las indemnizaciones, así que este cambio era una de las grandes demandas de la FJI/Precarios.

No obstante, el cambio no es tan sencillo como parece. Según el director del eCyT, es imposible implementar esta mejora sin un incremento sustancial del presupuesto de I+D+i. “Las universidades y los OPI no tienen una financiación de base suficiente para mantener a todo su personal de forma indefinida”, explica. De alguna manera, “los investigadores principales adquieren aquí el papel de empresarios. Si las condiciones de despido incluyen indemnización, tendrán que meterla entre los costes del proyecto, restando dinero a la investigación en sí para una solución laboral. Algunos financiadores, de Europa o de los planes nacionales o regionales, se van a quedar a cuadros”, asegura.

La ley pretende garantizar una financiación estable de la ciencia pública, lo que podría solucionar el problema de las indemnizaciones. Sin embargo, la forma de hacerlo es clave. Tradicionalmente, la referencia es el porcentaje del PIB de un país dedicado a I+D+i, pero los expertos advierten de que puede ser engañoso. Por ejemplo, la caída de la economía con motivo de la pandemia hizo que el peso relativo de la inversión en ciencia aumentase mucho en 2020 de manera artificial, pasando del 1,25% al 1,47% por un efecto puramente estadístico, ya que el incremento real solo habría sido casi irrelevante. “El espíritu de esta medida es tener un compromiso a largo plazo. Ahora vendrán los fondos Next Generation y hay que asegurarse de que después no haya recortes, pero no sé si la mejor fórmula es vincular el objetivo al PIB”, reflexiona Barrero.

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Por su parte, la FJI lamenta que se haya perdido la oportunidad de incluir en la ley la necesidad de desarrollar un estatuto del personal de investigación. “Seguiremos teniendo muchas carencias sobre todo en la etapa posdoctoral”, comenta Palazón en referencia al difuso periodo entre el doctorado y la consecución de una plaza estable. “Pueden pasar 15 años y no hay regulación, deberíamos tener una carrera investigadora clara y con unas tablas salariales”, afirma. La referencia es el Estatuto del personal investigador en formación (EPIF), que en 2019 reguló las condiciones de trabajo de quienes realizan la tesis. “Se quedó corto en cuanto a salario, pero al menos armoniza, porque entre los posdoctorales hay gente con la misma titulación y currículum que tienen salarios y derechos distintos según estén contratados a través de una convocatoria regional o estatal”, denuncia.

Las contradicciones del sistema son más que evidentes. “Yo llegué en 2018 a España con una ayuda europea para trabajar en la Universidad de Valencia y ganaba 3.000 euros netos al mes, pero se acabó a los dos años y tuve que pedir una nacional cobrando 1.700. Que avances en la carrera y adquieras más responsabilidades pero tu sueldo se divida por dos no tiene mucho sentido”, comenta Palazón. En otras ocasiones, los investigadores se tienen que enfrentar a otros dilemas difíciles de solucionar: “Si te conceden dos subvenciones, una estatal y otra regional, tienes que renunciar a una. Con la regional aquí en Valencia ganas más, pero la nacional tiene más reconocimiento y te ofrece más garantías de estabilizarte en el futuro. Al final tienes condiciones distintas en distintas convocatorias para hacer lo mismo”. señala.

La aprobación de la reforma laboral antes que esta Ley de Ciencia ha generado también bastante incertidumbre, ya que se eliminan los contratos por obra y servicio, que son mayoritarios en este sector, antes de que salgan adelante las fórmulas amparadas por la nueva ley. “Hay gente que iba a firmar un contrato de un par de años por obra y servicio y no puede hacerlo. Estamos pendientes de ver cómo se va a realizar la transición, pero este problema pone de manifiesto es el abuso de temporalidad con el que trabajamos en la ciencia”, afirma Palazón.

La carrera investigadora

Aclarar el itinerario de la carrera investigadora es uno de los grandes retos. Ante la propuesta de implementar una especie de 'tenure track' español, los científicos se muestran escépticos. El anterior ministro, Pedro Duque, ya lo planteó y no encontró apoyos. “Ya existe algo parecido, que es el programa Ramón y Cajal, ayudas a la contratación posdoctoral por cinco años a cuyo final tendrías que estabilizarte pasando una prueba. Es un 'tenure track' muy pobre, porque te pagan poco, no te dan dinero para investigar y es muy competitivo porque hay muy pocas plazas y mucha demanda; pero el diseño ya existe”, comenta el portavoz de la FJI.

La razón para no acabar de implantar ese modelo va más allá del propio sistema científico, según el director general de Cotec. “Hay resistencias en la función pública a la hora de hacer distinciones entre la carrera de un científico y la de cualquier otro funcionario. Ahora parece que va a haber más plazas de funcionarios que hace años y la expectativa de muchos jóvenes apunta en esa dirección, lo cual es legítimo porque han vivido la precariedad, aunque no necesariamente es lo mejor para el sistema”, asegura. En ese sentido, la flexibilidad en la investigación es importante y la productividad no está relacionada con el tipo de contrato. “Hablar de estabilidad en la ciencia no debería remitirnos a plazas de funcionario, lo importante es que los científicos puedan desarrollar su carrera de forma digna”.

En realidad, “desde los ochenta, todo nuestro sistema de contratación en ciencia tiende al modelo de 'tenure track', pero no lo vamos a desarrollar porque tendríamos que romper el sistema: acabar con la parte funcionarial del asunto y ofrecer una carrera distinta”, comenta López. En otras palabras, “en ciencia no puedes depender de la oferta pública de empleo, porque la investigación funciona más bien como el deporte. Si tienes un equipo de baloncesto muy bueno, tienes que darle más financiación para permitirle crecer y que vaya a los Juegos Olímpicos a ver si logra una medalla. Hay que financiar el riesgo y eso requiere un sistema más flexible”, comenta.

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Según el director del eCyT, en España ya hay buenos ejemplos de lo que se puede hacer: los cientos de investigadores del Icrea (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) e Ikerbasque (su equivalente en el País Vasco), modelos que ya han copiado Madrid y la Comunidad Valenciana para sus centros de investigación. “El programa Ramón y Cajal es el primer paso, pero si no pasas la prueba tienes un investigador excelente sin plaza, mientras que Icrea te financia una plaza en un centro de investigación del Estado o en una universidad”, explica. De nuevo, el dinero es clave, pero no es el único obstáculo: contratar a los científicos al margen de la función pública es más fácil a través de fundaciones como la catalana y la vasca.

Carencias de un sistema poco flexible

A nivel estatal, se está imponiendo el modelo de agencias, por ejemplo, con la creación de la Agencia Espacial. “Está bien porque salva algunos escollos, pero el problema es que no encaja con la administración pública española, porque nuestro sistema es jerárquico y Hacienda manda”, explica López. Así, “en un centro público impedirá tener un salario de más de 190.000 euros; de hecho, lo normal es que nadie supere los 50.000. Eso servirá para atraer talento internacional en algunas disciplinas, como filología, pero en robótica nadie trabaja por esa cantidad si está desarrollando inteligencia artificial de alta calidad”, destaca. Así que, en su opinión, el modelo debería acercarse más al de fundaciones público-privadas que permitiesen una mayor flexibilidad.

Las rigideces del sistema también afectan a la transferencia de conocimiento de la ciencia al mundo empresarial. “Un profesor de universidad se puede meter en un lío con Hacienda si trabaja también en proyectos empresariales. Al final hay recovecos, pero se generan muchas resistencias y el resultado es que solo el 9% de las empresas españolas se plantean contratar a investigadores, mientras que en Suecia es el 60%”, destaca el director del eCyT. No obstante, en la nueva ley “hay pequeños ajustes, pero nada demasiado ambicioso”, comenta el director general de Cotec. Entre lo más positivo, nuevas herramientas que acercan el concepto de 'sandbox' regulatorio. Se trata de “espacios de prueba” para innovaciones y nuevos modelos de negocio que no encajan bien en la regulación vigente o necesitan otro tipo de supervisión.

Barrero lamenta que la nueva ley no incluya otros aspectos, como la asesoría científica a los poderes públicos. La referencia es el Joint Research Centre (JRC o Centro Común de Investigación), ubicado en Sevilla, donde 400 científicos asesoran a la Comisión Europea en todas las materias. “En el sistema español podrían plantearse unidades de ciencia e innovación en todos los ministerios, que tuvieran la responsabilidad de aportar evidencias cada vez que se legisla”, señala. Hasta ahora, lo más parecido es Ciencia en el Parlamento, una iniciativa que ha acabado con el compromiso de generar la oficina de ciencia y tecnología del Congreso. “La ley es una ocasión perdida para ampliar este modelo, que es sencillo y potente para facilitar que el conocimiento científico forme parte de la toma de decisiones en el sector público”, afirma.

En cambio, sí recoge otros detalles que parecen menores pero resultan vitales para los investigadores, como la eliminación de trabas burocráticas que rozan el absurdo, como la justificación de ciertos gastos de los proyectos de I+D+i tan nimios como pagar un taxi para un desplazamiento. En lugar de evaluar de forma exhaustiva cada pequeño gasto de cada proyecto del país, se realizarán muestreos. No obstante, “resulta extraño que se hayan tenido que esperar tantos años y generar una ley de ciencia específica para cambiar algo así”, lamenta Barrero.