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Sánchez renuncia a la reforma fiscal y a la implantación de peajes en las autovías
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PLAN ANUAL NORMATIVO

Sánchez renuncia a la reforma fiscal y a la implantación de peajes en las autovías

Aunque el desembolso de los fondos UE depende de estos hitos, el Ejecutivo buscará negociar su aplazamiento ante el contexto electoral, que aleja a los socios parlamentarios y a Unidas Podemos

Foto: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i), y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i), y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El Gobierno renuncia definitivamente a sacar adelante durante esta legislatura la reforma fiscal y la implantación de peajes en las autovías. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de recuperación comprometida con Bruselas para el desembolso de los fondos europeos y, según el calendario consensuado, debían aprobarse a lo largo de este año, en el primer y el último trimestre de 2023, respectivamente. Ninguno de estos hitos se ha incorporado en el plan anual normativo para 2023, el último del mandato, que recoge las actuaciones previstas antes de disolver las Cortes para la convocatoria de elecciones generales. Aunque el desembolso de los fondos UE depende de estos hitos, el Ejecutivo buscará negociar su aplazamiento con un contexto electoral que aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición, con reformas impopulares de costes electorales que se han dejado para el último tramo.

La reforma fiscal, que Hacienda ya metió en un cajón por la situación económica derivada de la invasión rusa de Ucrania, se había fijado para el primer trimestre de 2023. Esta iniciativa, que ahora ya se descarta oficialmente al no incluirse en el plan normativo, se fijó para adecuar la imposición fiscal a la media europea, al estar unos siete puntos por debajo en el momento de realización del plan. Con todo, se incluyen en este componente otros gravámenes ambientales, como el impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, que Hacienda ya evitó incluir en los presupuestos del próximo año. En las primeras cuentas públicas de la legislatura, el PNV pactó con el Ejecutivo congelarlo (después de que Hacienda propusiese un alza de 3,8 céntimos por litro de gasóleo A) para facilitar su apoyo a la tramitación del proyecto presupuestario.

Foto: Los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, de Andalucia, Juan Manuel Moreno Bonilla, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con Núñez Feijóo. (EFE/Miguel Ángel Molina)

El sistema de peajes en las autovías, que se fijó para el cuarto trimestre de 2023, cuenta con un rechazo unánime y hasta el propio Ministerio de Transportes había dejado en duda su implantación. El componente C28 del plan de recuperación que recoge esta medida hace referencia a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" dentro del paquete de reformas en materia de movilidad sostenible.

La intención del Ejecutivo, en un principio, pasaba por desarrollar el sistema de la llamada viñeta, para dejarla lista de cara al arranque de la próxima legislatura. El objetivo era que posteriormente se pasase a un pago por kilómetro, un sistema implantado en países como Alemania o Portugal en que los conductores pagan por distancia recorrida. La oposición del socio minoritario a esta medida es frontal, al igual que la de otros socios parlamentarios, al considerarla una carga para la clase trabajadora. Desde Unidas Podemos, ya avisaron de que solo estarían dispuestos a negociarla si se exime de su pago a las rentas bajas y medias y a los profesionales del transporte.

Foto: Una vez confirmado oficialmente desde el Gobierno que habrá peaje en las autovías del Estado desde 2024, falta saber cómo nos cobrarán, a quién y cuánto. (EFE)

Lo que sí forma parte del plan anual normativo es el segundo paquete de la reforma de las pensiones, que ya estaba comprometida para antes de finalizar 2023. Desde el Gobierno, aseguran que todavía tienen margen temporal y no sería la primera vez que una reforma se aprueba fuera de plazo. Sin embargo, más allá de los tiempos, lo trascendental es que el Congreso no tumbe la medida. A las objeciones que ponen a su contenido los agentes sociales se suma que estos no están dispuestos a dar su apoyo sin que antes se garantice el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios cuando se debata en la Cámara Baja. Pesa la experiencia de la reforma laboral, que tras el rechazo de ERC se convalidó por un solo voto y gracias a que un diputado del PP se confundió al pulsar el botón.

Los votos de ERC se hacen imprescindibles y fuentes del grupo en el Congreso reconocen que en estos momentos están muy lejos de dar su apoyo a una reforma que tildan de "recorte", por la intención de aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de las nuevas pensiones de los 25 a los 30 años (con la posibilidad de elegir los 28 mejores). Los republicanos ya dieron muestras de sus intenciones al abstenerse en la votación del decreto anticrisis en el pleno del pasado miércoles, junto a PP, Vox y Ciudadanos, que solo tuvo siete votos en contra, al tratarse de medidas con amplio respaldo social dirigidas a hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en familias, empresas e industria.

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/Fernando Alvarado)

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ya se refirió en el último pleno extraordinario del Congreso a esta reforma para trasladar a Pedro Sánchez que "no vamos a aceptar la pretensión de ampliar hasta los 30 años el periodo de cómputo de las pensiones, porque son recortes". Recortes, añadió, "que supondrán pérdida de poder adquisitivo de un colectivo, el pensionista, que ha sido atacado durante largos años", para advertir: "No contribuiremos a ello". En esta línea, reclamó una rectificación a los planes del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que "nos sentemos a hablar y negociar una reforma que realmente sea positiva para los y las pensionistas y pueda mejorar sus condiciones".

El plan anual normativo para 2023 incluye un total de 117 iniciativas normativas, que se concretan en tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. El 30% está vinculado al plan de recuperación. Entre las 117 normas previstas en el plan destacan, en lo económico, la ley de industria, el estatuto de la startup de estudiantes y la creación del Foro Nacional de las Empresas Emergentes. En lo social, la ley de familias y la ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales. Y en lo institucional, la ley que regulará, por primera vez en nuestro país, las actividades de los grupos de interés.

El Gobierno renuncia definitivamente a sacar adelante durante esta legislatura la reforma fiscal y la implantación de peajes en las autovías. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de recuperación comprometida con Bruselas para el desembolso de los fondos europeos y, según el calendario consensuado, debían aprobarse a lo largo de este año, en el primer y el último trimestre de 2023, respectivamente. Ninguno de estos hitos se ha incorporado en el plan anual normativo para 2023, el último del mandato, que recoge las actuaciones previstas antes de disolver las Cortes para la convocatoria de elecciones generales. Aunque el desembolso de los fondos UE depende de estos hitos, el Ejecutivo buscará negociar su aplazamiento con un contexto electoral que aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición, con reformas impopulares de costes electorales que se han dejado para el último tramo.

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