Es noticia
Las CCAA del PP presionan con el debate fiscal en sus cuentas y marcan el rumbo al PSOE
  1. España
'Deflactación', palabra del año

Las CCAA del PP presionan con el debate fiscal en sus cuentas y marcan el rumbo al PSOE

Andalucía, Madrid, Galicia o Murcia anunciaron flexibilizar impuestos para el presente ejercicio, algo que se ha extendido a los territorios gobernados por los socialistas, con la batalla contra el Gobierno como telón de fondo

Foto: Los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, de Andalucia, Juan Manuel Moreno Bonilla, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con Núñez Feijóo. (EFE/Miguel Ángel Molina)
Los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, de Andalucia, Juan Manuel Moreno Bonilla, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con Núñez Feijóo. (EFE/Miguel Ángel Molina)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

El año 2022 terminó siendo el de la guerra. Y, como efecto dominó, también el de la inflación y la batalla fiscal. Deflactación sí, deflactación no, o qué y dónde acometer bajadas de impuestos han sido debates que sobrevolaron los parlamentos en casi todo el mapa español. Los anuncios de reformas impulsados por muchas comunidades —en su mayoría gobernadas por el Partido Popular— terminaron extendiéndose hasta copar los presupuestos autonómicos más allá de las regiones populares. Andalucía y la Comunidad de Madrid han llevado la voz cantante frente a Pedro Sánchez, pero no han sido las únicas. También ocurrió entre el PSOE.

Las cuentas para 2023 en Aragón, por ejemplo, las protagonizó un amplio paquete fiscal —con rebajas del IRPF— que empezó a aplicarse el 1 de enero. "Estos presupuestos van a ser, sin duda, los de la actualización fiscal", sintetizó el Gobierno de Javier Lambán en una nota previa a su aprobación. Sin embargo, descartaron la deflactación, aunque aprobaron otras rebajas. La principal diferencia es que, al deflactar, se mantiene la presión, pero se actualizan los tramos para contrarrestar la subida de precios, sin que conlleve una reducción impositiva.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE/Raúl Caro) Opinión

La socialista María Chivite también se negó a hacerlo, aunque era una propuesta de otro grupo navarro. Sí optó por una deducción progresiva del tributo de la renta, en este caso, para aquellas por debajo de 35.000 euros. En Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE) anunció una una reducción de tasas y precios públicos para determinadas áreas, desde la ITV hasta los comedores escolares. La medida forma parte del nuevo paquete de las cuentas autonómicas, aprobadas en diciembre. Recoge otras iniciativas estatales, como la rebaja del IVA en el gas y la electricidad o la creación del impuesto a las grandes fortunas. Un tributo que previsiblemente la Junta extremeña no aplicará al tener un gravamen autonómico mayor para patrimonio, en el que es deducible.

Todo comenzó a tomar forma en septiembre. Varias comunidades como Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, País Vasco o Valencia anunciaron que iban a modificar sus tarifas en el IRPF. En casi todas gobernaba el PP, salvo Euskadi y la Comunidad Valenciana. Ximo Puig fue el único barón socialista que propuso una deflactación del impuesto de la renta y subió hasta los 60.000 euros el tope para recibir nuevas rebajas y beneficios fiscales. Algo que no le valió demasiados elogios entre los suyos. "No vamos contra el Gobierno", aseveraron desde el Ejecutivo valenciano tras ser cuestionados de forma indirecta por la dirección nacional del PSOE, desde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta el portavoz en el Congreso, Patxi López.

Foto: Ximo Puig y Ana Barceló. (EFE)

Su contrincante electoral, Carlos Mazón (PP), lleva meses presionando por una reforma más amplia en materia de fiscalidad. Pero a nivel estatal, los dos grandes partidos buscan resquicios para fortalecer su relato. Por ejemplo, los populares se aferraron a la negativa del Gobierno vasco, cogobernado por PNV y PSOE, al impuesto a los ricos que impulsó la Moncloa.

El País Vasco es otra de las que ya aplicaban una deflactación del IRPF del 5,5%. Ante la tasa de inflación, anunciaron ampliarla un 2%. Al ser una comunidad foral, las competencias de Hacienda están relegadas en las diputaciones, que deciden si aplicar las medidas en sus territorios. La de Vizcaya lleva haciéndolo desde septiembre y en Álava también modificaron los tramos de la renta. Pero la negativa al impuesto a las grandes fortunas fue lo que más exhibieron otras comunidades del PP para presionar a Sánchez. "Lo que el Gobierno dé a navarros y vascos, debe dárselo a los andaluces", declaraba recientemente a este periódico la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que como Madrid ultima un recurso al Constitucional para suspender el tributo.

Foto: Juan Bravo, en una comparecencia en la sede de Génova. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Los andaluces también aprobaron en septiembre deflactar parte del IRPF en un 4,3% para los tres primeros tramos de renta. Una medida que pretende ser definitiva y mantenerse si bajan los niveles de inflación, tal y como confirmó el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Esta es, junto con la Comunidad de Madrid, la región que más se opone activamente al impuesto a las grandes fortunas. Ambas tendrán que abonarlo en su totalidad por tener bonificado el de patrimonio. De hecho, en el ámbito madrileño la fiscalidad terminó calando incluso entre los más fieles a Ferraz: el candidato socialista que disputará a Isabel Díaz Ayuso la presidencia, Juan Lobato, se comprometió en una entrevista reciente en El Español a priorizar si gobierna una rebaja del IRPF a quienes cobren menos de 100.000 euros al año.

Lo compensaría, eso sí, un esfuerzo fiscal extra en las rentas superiores a este salario. También sugirió eximirles de tributar por herencias, donaciones o por su patrimonio, siempre que generen actividad económica o empleo. Sus tesis para la Comunidad de Madrid se alejan así de Ferraz. Aunque, no hace mucho, Lobato también respaldó a su dirección nacional. Lo hizo instando, precisamente, a los vascos a que aplicaran el nuevo impuesto a los ricos si no pensaban cambiar su modelo autonómico de financiación. En Castilla-La Mancha, donde gobierna uno de los barones más críticos con Sánchez, Emiliano García-Page se posicionó hace meses a favor de una gran reforma para todo el país. Y también anunció una rebaja del IRPF.

Algunas reticencias

La palabra fiscalidad tomó un rol protagonista en todo el mapa español. En el resto de comunidades en manos de los socialistas —Canarias, La Rioja, Asturias y Baleares— algunos presupuestos le dieron más espacio y la cubrieron de grandes envoltorios. En el archipiélago, Ángel Víctor Torres aprobó en sus cuentas un nuevo ajuste del IRPF que ya está en vigor, con mayores deducciones y una ampliación de los tramos autonómicos. El Govern balear de Francina Armengol pactó con el PP una enmienda a sus cuentas para establecer rebajas impositivas ante ciertas donaciones de vivienda.

Otros, en cambio, no terminaron de convencerse, como la presidenta riojana Concha Andreu. Aunque sí exhibió una reducción a la mitad del gasto financiero, descartó contundentemente cualquier idea de rebaja en el impuesto de la renta, aun siendo esta la senda escogida por muchos de sus compañeros barones. Tampoco Adrián Barbón, en Asturias, quiso tocar la fiscalidad de forma sustancial.

Murcia (PP) también suprime el impuesto de patrimonio: "Es doble tributación"

Cuando Juan Manuel Moreno Bonilla anunció la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, el pasado septiembre, el Gobierno central amagó con iniciar una contraofensiva fiscal para evitar que los ricos se refugiaran en las comunidades tuteladas por el PP. El tributo a las grandes fortunas fue la traducción de aquella amenaza. Es por eso que los madrileños y andaluces, por su política tributaria, que suprime el gravamen patrimonial, quedan abocados a pagar el de los ricos en su totalidad. Y tras lograr aprobar sus últimos presupuestos, la Región de Murcia se encamina en la misma dirección.

El presidente, Fernando López Miras, incluyó en sus cuentas para 2023 la eliminación del impuesto de patrimonio, que se suma a la bonificación del 99% en el de sucesiones y donaciones que también mantiene el Ejecutivo murciano. El argumento para acabar con todos estos tributos, el mismo que plantearon Madrid o Andalucía, es que actúan como una "doble tributación". Esta idea se basa en que, si ya se ha declarado la riqueza en la renta, perdería sentido volver a hacerlo en otros impuestos por la misma condición. Aunque quienes defienden el impuesto recurren a otros ejemplos que ya duplican la imposición, como el IVA.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (Efe / Mariscal)

Otras comunidades del PP

El debate político está muy marcado ahora por el factor económico. En plena cuenta atrás para la próxima cita en las urnas, la postura de los socialistas en materia fiscal acorta distancias con el PP respecto a la de hace meses. Por ejemplo, con la decisión de rebajar el IVA de la luz, el gas y algunos alimentos, que los populares siempre reivindican como una receta propia que Sánchez recogió.

Aunque en la Comunidad de Madrid finalmente no se renovaron los presupuestos, que incluían las reformas fiscales, fuentes de Sol prometen que esa será su principal prioridad si Díaz Ayuso es reelegida. La presidenta madrileña también avaló una deflactación del IRPF, en vigor desde noviembre, aunque se aplica desde enero con carácter retroactivo. Desde el Departamento de Economía y Hacienda, reconocieron que no hay una decisión en firme aún sobre si mantenerla de forma definitiva o solo mientras dure la inflación.

Foto: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los cinco presidentes autonómicos del partido. (EFE/Salvador Sas)

En Galicia, exhiben como trofeo que el Gobierno regional apruebe su cuarta modificación del IRPF, en línea con el modelo andaluz de deflactar los tres primeros tramos de la renta, mientras que Madrid los toca todos. Y en Castilla y León, un error en las votaciones llevó a PP y Vox a tumbar sus propias medidas fiscales, incluidas en una ley específica en el debate de los presupuestos para 2023. La norma, suspendida hasta próximo aviso —hay que volver a tramitarla desde cero—, abanderaba otra reforma tributaria y, además, afectaba a partidas incluidas en las propias cuentas, que sí entraron en vigor con el nuevo año.

El año 2022 terminó siendo el de la guerra. Y, como efecto dominó, también el de la inflación y la batalla fiscal. Deflactación sí, deflactación no, o qué y dónde acometer bajadas de impuestos han sido debates que sobrevolaron los parlamentos en casi todo el mapa español. Los anuncios de reformas impulsados por muchas comunidades —en su mayoría gobernadas por el Partido Popular— terminaron extendiéndose hasta copar los presupuestos autonómicos más allá de las regiones populares. Andalucía y la Comunidad de Madrid han llevado la voz cantante frente a Pedro Sánchez, pero no han sido las únicas. También ocurrió entre el PSOE.

Partido Popular (PP) IRPF Reforma fiscal Fiscalidad
El redactor recomienda