Las mil irregularidades del caso Mascarillas que ponen en jaque al presidente de Canarias

Funcionarios, entrenadores personales y un vendedor de coches. Ese es el cóctel del caso Mascarillas, una adjudicación que pone en jaque al Gobierno de Canarias y que la Fiscalía Anticorrupción tacha de "abrumadoramente irregular". El sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Confidencial, relata la historia de un negocio entre amigos, de un compadreo que se saldó con la pérdida de cuatro millones de dinero público y un garaje lleno de Lamborghinis. El procedimiento judicial no ha hecho más que empezar, pero el juez ya ha citado como testigo al presidente canario, Ángel Víctor Torres, e imputado a su director del Servicio de Salud, Conrado Jesús Domínguez.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando este último asegura que recibió la llamada de Osvaldo Lastras, un entrenador personal al que conocía de jugar al balonmano: "Me dice que hay una empresa que se dedica a importar cosas a Canarias y que tenía la posibilidad de conseguir material sanitario". Lastras le había vendido "productos dietéticos de Herbalife" para "controlar el peso" años antes, así que confió en él: "Me hizo una lista de cosas y entre ellas estaban las mascarillas".

A Domínguez todavía le faltaban cuatro meses para ser nombrado director del Servicio de Salud, pero como alto cargo del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias, el órgano que encabezaba el propio presidente canario, se convirtió en el enlace perfecto: "A todo esto se le dio una cierta publicidad, se publicó en la página web que el presidente nombraba coordinador técnico a Conrado Domínguez", explicó él mismo durante su declaración ante el juez.

Tras el primer contacto con su antiguo compañero de balonmano, los investigadores explican que la operación pasó a ser gestionada por otras dos personas: Samuel Machín, "íntimo amigo" de Lastras, que también trabajaba como entrenador personal y comercial de productos de nutrición, y su "colaborador" Rayco Rubén González, un empresario al que conocía "por ser ambos del mismo barrio" y podía "traer las mascarillas de África" pese a dedicarse a la venta de coches. En plena pandemia, cuando España superaba los 25.000 fallecidos por covid-19, todos ellos vieron "una inmejorable oportunidad de negocio".

El 3 de mayo de 2020 comienza así una negociación a dos bandas por WhatsApp. Por un lado, Machín va hablando sobre la adjudicación con el "experto" del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias —"Buenos días, señor!!, ¿cómo estás?"— y, por otro, acuerda los detalles con el propio Rayco —"Estoy a la espera de localizarte para hacer la llamada a tres y cerrar la operación de compra—. En total, 22 días de mensajes cruzados hasta formalizarse el contrato el 25 de mayo: a cambio de un millón de mascarillas FFP3, el modelo que ofrecía mayor protección y cuya disponibilidad en los hospitales canarios era crítica, el Gobierno aceptó pagarles cuatro millones.

La cara oculta de aquel contrato es el de las comisiones que se embolsarían el vendedor de coches y los dos entrenadores personales: por su papel de conseguidores, los investigadores apuntan a que Rayco se comprometió a pagarles entre 50.000 y 1000.000 euros, mientras que él se quedaría con 1,35 millones. Para poder repartirse este dinero, Anticorrupción pone el foco en las irregularidades de los funcionarios, en su huida hacia delante ante lo que bautiza como "el timo de Rayco".

¿Qué capacidad real de suministro tenía la empresa? ¿Cuál era su solvencia profesional y técnica? ¿Tenían las mascarillas el certificado? ¿Qué plazos manejaban para la importación y puesta a disposición? ¿Cómo se iba a realizar el transporte? La Fiscalía critica que, pese a su "relación fluida" con los entrenadores personales y su condición de "experto", el director del Servicio de Salud nunca llegó a hacerles estas preguntas: "Conrado Jesús decidió la adjudicación porque un contacto (Samuel) de su amigo (Osvaldo) decía tener un colaborador (sin identificar) que podría traer mascarillas N95 modelo 1860 marca 3M (sin identificar lote del producto) de África (sin identificar país)".

El 7 de agosto de 2020, el Gobierno canario procedió así al primer pago de dos millones. Ahí es donde entra la entonces directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Afonso, quien dio luz verde al desembolso y también se encuentra imputada. La Fiscalía reconoce que "era ajena a las previas negociaciones" y que en el primer pago actuó de forma "legítima", pero el 30 de octubre, cuando llegó el momento de hacer el segundo, se sumó al caos administrativo.

Los investigadores destacan que la propia Afonso convocó una reunión para discutir el modo en que debía realizarse el abono de los dos millones restantes. Su equipo le advirtió de que la adjudicataria era "una empresa fantasma", una sociedad que "se dedicaba a la venta de coches" y "reparación de automóviles", por lo que "era notorio que podría ser un engaño" y le recomendaron "la resolución del contrato y exigencia de devolución de los fondos". Pese a ello, la funcionaria desoyó sus advertencias y, en noviembre de 2020, el Gobierno canario se encontró con que había pagado cuatro millones a un vendedor de coches por unas mascarillas que no llegaban.

La pregunta que el director del Servicio de Salud no había hecho —¿qué plazos manejaban para la importación y puesta a disposición?— empezó entonces a cobrar relevancia. Según advierte la querella, el adjudicatario era consciente de "la imposibilidad real de acceder" a ellas antes del segundo pago , pero con el dinero en su cuenta, trató de ganar tiempo: "Las mascarillas 3M ya están en la península esperando al embarque para salir a Gran Canaria, el problema de la demora ha sido por tema de logística y transporte hasta aquí", aseguró a la directora de Recursos Económicos el 4 de diciembre. "La semana próxima ya las tendremos aquí".

Las semanas siguieron pasando y las mascarillas no llegaban, así que el 1 de febrero de 2021, el Servicio de Salud Canario inició la resolución del contrato para exigir la devolución de los fondos. El fracaso de la operación parecía ya asegurado, pero en pleno proceso de alegaciones, el vendedor de coches se sacó un as de la manga: el 10 de marzo de 2021, logró que 910.080 supuestas mascarillas de la marca 3M llegaran a Gran Canaria desde Adís Abeba, la capital de Etiopía.

Para lograr esta compra sobre la bocina, Rayco dejó atrás a los entrenadores personales y buscar un socio de mayor envergadura: José Lucas Cruz, el empresario que en 2019 saltó a los titulares como representante de un fondo que quería hacerse con el accionariado del club de baloncesto de Gran Canaria y que meses después se vio envuelto en una investigación por estafa. Su agenda iba más allá de los productos para perder peso y el 'fitness', lo que permitió al vendedor de coches llegar a un segundo hombre: Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh, un jordano afincado en Londres. En una entrevista concedida a Canarias 7, el propio Rayco explicaba que se lo presentaron como "un jeque que se dedicaba al mundo del petróleo".

Con ambos empresarios abriéndole las puertas, la importación del material pareció convertirse en un juego de niños, pero entonces llegó la sorpresa: el mismo día que las mascarillas tocaron tierra, las autoridades aduaneras retuvieron las mismas. El sello de "Garantía y Servicio Perú" que venía en las cajas y el hecho de que las mascarillas no tuvieran certificación europea les hizo temerse que fueran falsas, y no se equivocaban: "Las referidas mascarillas no son originales de la marca 3M", les advirtió la empresa a través de un burofax. "Las mascarillas no tienen un origen lícito ni conocido y suponen, por tanto, un altísimo riesgo sanitario".

Un año después de comenzar las negociaciones, entre el 11 y el 12 de mayo, las únicas mascarillas conseguidas por Rayco ponían rumbo al vertedero: "El citado material ha sido destruido mediante trituración, quedando totalmente inservible para su uso y comercialización". Tras dos entrenadores personales y un supuesto jeque del petróleo, la adjudicación al vendedor de coches parecía, esta vez sí, condenada al fracaso, pero con el director del Servicio de Salud y la de Recursos Económicos a la cabeza, todavía faltaba por sumar el último y definitivo capítulo de irregularidades.

La guinda del caso Mascarillas se produce a partir del 13 de mayo de 2021, cuando el Gobierno canario dio por extinguido el contrato y solicitó la devolución de los cuatro millones. Esta resolución ponía punto y final a cualquier posible cambio en la adjudicación, pero según destaca la Fiscalía, Ana María Afonso y Conrado Jesús Domínguez, que para entonces ya llevaba ocho meses como director de Salud, decidieron saltarse la ley y modificarlo: "El escrito fue previamente negociado entre ellos mismos, hasta el punto de que el modelo de escrito de alegaciones fue enviado por WhatsApp por Ana María a Samuel Machín para que lo rellenase en función de lo acordado".

En lugar del millón de mascarillas de 3M, el Servicio de Salud pasaba a conformarse con 1,2 millones de la marca Honeywell. La propia Afonso explicaba en un mensaje enviado días antes que este modelo rondaba los 1,33 euros, pero el contrato se mantuvo en cuatro millones. De esta manera, ambos funcionarios dieron por bueno un cambio que implicaba perder 2,4 millones y, al mismo tiempo, le otorgaban una "nueva vida jurídica" a Rayco con "la reanimación administrativa", denuncia la Fiscalía.

La querella sugiere que los funcionados pudieron llevarla a cabo este "grotesco" cambio por dos motivos: el "deseo de beneficiar a los amigos" de Domínguez y el intento de "solventar la pésima gestión administrativa" en el último momento. Pese a ello, esa última bala tampoco les sirvió, pues Rayco "jamás cumplió este nuevo contrato": 11 meses después del primer pago, los cuatro millones habían volado y el empresario jordano no estaba dispuesto a enviar otro cargamento a coste cero.

En cuanto al destino final del dinero público, las cuentas vinculadas a Rayco reflejan que 2,65 millones fueron a parar al bufete londinense Charles Douglas Solicitors. El principal abogado de este despacho, de mismo nombre, se encargó de gestionar la importación de las mascarillas falsas a petición de Ihsan Mahmhoud, mientras que el intermediario que facilitó el contacto entre ambas partes, José Lucas Cruz, recibió 25.000 euros en concepto de "adelanto comisión".

Los entrenadores personales, sin embargo, nunca llegaron a cobrar las comisiones pactadas: "Recordarte que mi contrato de comisiones está a falta de tu firma. Te agradecería que lo firmaras antes de culminar la operación", le escribió Machín a Rayco el 17 de mayo de 2021. Pero la firma nunca llegó y, para cuando quisieron darse cuenta, el vendedor de coches ya había logrado un "enriquecimiento ilícito de 1,35 millones".

Ese fue el resultado de una estrategia que, en palabras del propio Rayco, consistió en que "fluyera el negocio". Anticorrupción lo define por su parte como un "vapor de promesas", como un "espejismo de palabrería" que concluyó con la ocultación de más de un millón de euros a través de un entramado societario y la compra de al menos diez coches de alta gama: dos Lamborghini Urus, un Lamborghini Aventador S, un Bentley Bentayga, un Mercedes Bez AMG, un Audi RS6, un Porsche 911 GT3, un Porsche Panamera, un Porsche 992 y un Maserati Levante.

Dos años después, Rayco consta como principal imputado por estafa agravada y blanqueo de tribunales. La Agencia Tributaria le reclama cinco millones, cuatro por la adjudicación y uno más en intereses. Los dos entrenadores personales, el empresario jordano y el intermediario José Lucas Cruz no constan por ahora como investigados, pero en el caso de estos dos últimos, quedan a la espera de la denuncia que el propio Rayco interpuso contra ellos el 12 de mayo. Según sostiene en la misma, Ihsan aceptó "enviar otro cargamento" tras las mascarillas falsas, pero después empezó a "pedir más dinero". "He podido ser víctima de una estafa", asegura el vendedor —y comprador— de coches.

Este cruce de acusaciones también se extiende a los dos funcionarios imputados, con Domínguez y Afonso poniéndose de perfil y culpando al otro de cualquier irregularidad. A ambos se les investiga por prevaricación administrativa, pero en el caso de Domínguez, la Fiscalía Anticorrupción añade el de tráfico de influencias. "En todo caso le correspondería al órgano de contratación", se escudó el director del Servicio de Salud cuando el juez le preguntó por la falta de control en torno a este contrato el pasado 29 de septiembre. "Esas instrucciones vienen de Conrado", aseguró por su parte la exdirectora general de Recursos Económicos. "Estoy ayudando a un superior".

Ante este mar de "contradicciones", el juez ha citado como testigo al superior último: el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres. El socialista llevaba las riendas del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias que encumbró a Domínguez, por lo que, a petición de la propia Fiscalía, su testifical buscará ampliar la información sobre el modo en que se gestionaron las adjudicaciones durante la pandemia: "Es necesario, pertinente y útil conocer la delimitación competencial, las funciones de D. Conrado Jesús, la finalidad de su nombramiento, si existía o no dación de cuentas a los restantes miembros del Comité", sostiene el juez.

Su auto apunta a que no ha quedado claro el modo en que se comprobaba "la solvencia técnica y económica" de las adjudicatarias y, en el caso concreto de la exdirectora de Recursos Económicos, cuestiona su "vinculación (...) a los mensajes vía móvil enviados por los miembros del Comité solicitando hacer pedidos de los productos sanitarios". Desde el Gobierno se escudan en que los estafados fueron ellos, pero el juez quiere saber cómo pudieron desembolsar cuatro millones de euros después de que el amigo de un amigo les asegurara que un vendedor de coches podía conseguir mascarillas: "Es preciso contar con el testimonio del excelentísimo señor presidente".