Torres concedió 5,3 M a la red de Koldo para hacer test PCR y un alto cargo de 'Tito Berni' firmó los contratos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adjudicó tres contratos a dedo a un laboratorio implicado en el caso Koldo durante su etapa como presidente de Canarias (2019-2023). Los expedientes, que suman 5,3 millones de euros, fueron firmados por el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, uno de los altos cargos salpicado por el escándalo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.

Las pistas sobre la implicación de Torres salen de un análisis preliminar del móvil de César Moreno, uno de los empresarios detenidos el pasado 20 de febrero por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación Delorme. Moreno y sus socios Ignacio Díaz y Javier Serrano, también detenidos, habrían pagado comisiones al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, y al gran conseguidor de la red, el empresario Víctor de Aldama, para que una compañía dedicada a los análisis clínicos, Eurofins Megalab, consiguiera licitaciones de administraciones controladas por el PSOE.

Una de esas administraciones fue presuntamente el Gobierno de Canarias. El 20 de agosto de 2020, Díaz comunicó a sus socios Moreno y Serrano que "[Salvador] Illa", el entonces ministro de Sanidad, iba a hablar "con el de Canarias para darle el OK". "Estamos en marcha", terminó Díaz. "A por ello", respondió Moreno. Al día siguiente, Díaz envió a sus colegas un audio con nuevos detalles: "Me ha llamado nuestro amigo K [Koldo], me ha dicho que todo ok, que todo hecho y que todo va a funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se va a estructurar".

Según la UCO, cuatro días después, el 25 de agosto, Díaz volvió a escribir a sus amigos para reenviarles el pantallazo de una supuesta conversación con el entonces presidente de Canarias. Los agentes no reproducen esa imagen en su informe. Por su condición de ministro, Torres está aforado y solo el Tribunal Supremo podría investigarlo.

Con todo, de comunicaciones posteriores se desprende que los contactos fueron positivos. El 8 de septiembre, Díaz compartió con sus socios un pantallazo con el jefe de gabinete de Torres, Antonio Olivera, que continúa a su lado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. "Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas hablamos", había escrito Díaz. "Ahora te llamo Nacho", contestó Olivera. La UCO señala que son los dos primeros mensajes de un largo intercambio.

El primer resultado de esas gestiones llegó presuntamente en octubre de ese año, cuando Canarias aprobó un decreto que permitía volar a las islas con un PCR negativo realizado en las últimas 72 horas. La medida supuso un alivio para el sector turístico de las islas y disparó los ingresos de laboratorios como Eurofins Megalab, que convirtieron la pandemia en una máquina de facturar. Cada test de antígenos rondaba de media los 30 euros y, los PCR, en torno a 72.

Pero el verdadero pelotazo de Eurofins Megalab llegó supuestamente el 17 de diciembre, cuando Canarias impuso el cribado obligatorio de todos los pasajeros que aterrizaran en sus aeropuertos. Moreno, Díaz y Serrano lograron, gracias a la mediación de Koldo y Aldama, que el Gobierno de Torres adjudicara a su empresa, por la vía de urgencia y en exclusiva, todos los análisis de los turistas.

Eurofins Megalab cobró 652.237,54 euros por los test realizados entre el 18 y 31 de diciembre de 2020. Después, logró otras dos adjudicaciones de 2.255.907,44 euros y 2.455.154,75 por efectuar el mismo servicio entre enero y diciembre de 2021. El Servicio autonómico de Salud se acogió a la situación de emergencia para no celebrar ningún concurso. El laboratorio emitió las facturas por los precios que consideró justos y Canarias saldó posteriormente la deuda con la tramitación de esos tres expedientes.

Los documentos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, llevan la firma de Conrado Domínguez Trujillo, el entonces director del Servicio Canario de Salud, que tuvo que renunciar a su cargo en noviembre de 2022 tras ser imputado por el llamado caso Mascarillas, unas diligencias en las que se investiga la adjudicación en mayo de 2020 de 4 millones de euros a una empresa de automoción para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales del archipiélago.

En febrero de 2023, el firmante de los contratos se vio envuelto en otro escándalo, esta vez, de alcance nacional. Como reveló El Confidencial, la Guardia Civil reflejó en un informe que la trama que presuntamente lideraba el exdiputado del PSOE Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, contactó con Domínguez para que cerrara un expediente que afectaba a uno de los empresarios que pagaba a esta red, el dueño de la Quesería Montesdeoca. Marcos Antonio Navarro Tacoronte, conseguidor de esta organización, llegó a enviar al propietario de la quesería una foto con Domínguez en el despacho de este último.

El caso Koldo apunta ahora a la misma persona. La UCO sostiene que, a cambio de los contratos de Canarias y de otras administraciones del PSOE, Moreno, Díaz y Serrano habrían pagado comisiones al asesor de José Luis Ábalos de hasta 10.000 euros mensuales. El hermano de Koldo, Joseba, recogía el dinero en efectivo en República Dominicana.

Los tres representantes de Eurofins Megalab también están acusados de realizar pagos similares a Aldama, el principal intermediario entre las empresas que querían conseguir licitaciones y la mafia del Ministerio de Transportes. La Guardia Civil ha detectado que, en los últimos meses, Aldama habría comenzado a trasladar a Portugal su patrimonio para eludir una posible investigación. Moreno, Díaz y Serrano están acusados de blanqueo de capitales por colaborar con el intermediario en la ocultación de sus activos.

La UCO incautó a Aldama en una nave de San Agustín de Guadalix (Madrid) un Ferrari que está a nombre de la mercantil Gestlux 2000 SL. La sociedad fue creada recientemente por Moreno y este figura como único administrador.