La trama Mediador ofrecía acceso a otros gobiernos socialistas: "¿Zaragoza es PSOE?"

La trama Mediador, encabezada por un diputado del PSOE, se jactaba de tener acceso a otras administraciones socialistas para facilitar negocios a los empresarios dispuestos a pagar sobornos a cambio. Así consta en el sumario del caso, al que ha tenido El Confidencial, donde figura una conversación del miembro más activo de esta red, quien garantizaba ese poder de influencia a nivel territorial en cualquier parte de España: “Escúchame, ¿Zaragoza, es del PSOE? Pues bien. No creo que haya más nada que hablar, ¿no?”.

Esta conversación se produjo el 10 de enero de 2021 y la grabó la persona que da nombre a este caso. Se llama Marco Antonio Navarro Tacoronte y era el nexo entre los empresarios en busca de atajos para hacer negocio y el diputado del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo. Este parlamentario canario es el cabecilla de la organización y se le otorga la capacidad de repartir subvenciones en las islas, hacer la vista gorda en inspecciones o paralizar sanciones a empresarios. El peaje para ello eran unos miles de euros en mordidas, sufragar estancias de hotel, comidas en restaurantes y fiestas en clubes de alterne.

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El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte habló en enero de 2021 con un empresario dedicado a los drones. Su conversación quedó registrada en un archivo llamado "Nueva grabación 24". Los investigadores han podido analizarla porque el mediador les entregó sus dos teléfonos móviles y un pendrive. Su contenido ha permitido dibujar el día a día de esta trama que usaba el Congreso de los Diputados para impresionar a los empresarios. Una visita a la sede de la soberanía nacional, centro del poder político, era el primer paso para inflar las expectativas de negocio y que se animasen a pagar.

En este caso concreto, el empresario de los drones quería explorar otros mercados fuera de Canarias: “Aquí tenemos Protección Civil, el tema de los bomberos, los bomberos, por ejemplo, aquí en la Península, están como locos. Yo tengo mucho trato con la Diputación de Zaragoza”. Es entonces, a los 11 minutos de conversación, cuando el mediador de la trama le preguntó si esa Administración de Zaragoza era socialista o de otro partido. Al confirmar que era del PSOE, como la del diputado Fuentes Curbelo, le trasladó al empresario que habría facilidades.

Contratos para este empresario

El interlocutor del mediador era un empresario valenciano llamado José Antonio Suárez Estévez, administrador de hecho de la entidad Asesoramiento y Servicios de Drones. En el sumario, consta que se le adjudicaron diversos contratos con la Administración. Uno de ellos fue para prestar equipamiento en el proyecto GAR SI Sahel en Mauritania (944.000 euros), otro por el mismo motivo en Níger (978.000). También se le dio un contrato para desarrollar servicios en Bamako (215.000) y para suministrar drones portátiles (213.000 euros) a la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Políticas Públicas (FIIAPP).

La FIIAPP es un organismo público subvencionado por el Gobierno español y la Unión Europea. El último gran contrato adjudicado a esta empresa fue para la Guardia Civil, concretamente para la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (100.000 euros). Los investigadores sospechan que el empresario contó con ayuda de la trama para acceder a algunas de estas adjudicaciones.

La investigación ha entrado en otra fase esta semana tras el arresto del diputado canario. Bernardo Fuentes Curbelo —al que la trama llamaba ‘Tito Berni’— había gozado de protección por su condición de parlamentario. No podía ser investigado en profundidad por el aforamiento que conlleva su escaño. La jueza de Tenerife habría tenido que iniciar los trámites para elevar un suplicatorio al Tribunal Supremo. Fue necesario que el diputado presentase su dimisión al ver que la Policía y la Guardia Civil comenzaron a detener a sus compañeros. De forma inmediata, el PSOE le suspendió de militancia sin apelar a la presunción de inocencia como en otras ocasiones.

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Las fuerzas de seguridad registraron durante horas su casa y sus empresas, en concreto, una asociación deportiva que servía para canalizar y esconder los pagos de los empresarios. Constan al menos tres ingresos de 5.000 euros cada uno. Era la cantidad que pedía la trama para empezar a hablar de negocios, según recogen los informes. Sin embargo, los uniformados se llevaron una cantidad de documentación inédita hasta ahora que tendrá que ser analizada, pero que de facto supone ascender al máximo escalón de la organización.

Por el momento, en el proceso judicial no hay acusación popular ni particular y la Fiscalía no pidió prisión provisional para Fuentes Curbelo. Eso ha imposibilitado a la magistrada dictar para él un ingreso en la cárcel que, a su juicio, habría sido lo más conveniente. El juzgado apela a su capacidad para entorpecer la investigación, valiéndose de sus relaciones en razón de su cargo: "Sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones".