Sánchez y Díaz llevan la negociación de la investidura al plano económico y de los gestos al nacionalismo

PSOE y ERC ensayan estos días una suerte de baile en el que aún mantienen las distancias, pero, poco a poco, amagan con reducirlas. No hay opción de entendimiento sobre el referéndum de autodeterminación que este martes volvían a exigir los republicanos, pero los movimientos de María Jesús Montero y sus globos sonda ya han tenido contestación en Cataluña. El lunes, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y número dos del PSOE no descartaba el escenario de una posible condonación de deuda catalana, y el martes jugaba la carta de resucitar la reforma del sistema de financiación autonómico, caducado hace nueve años. Fue pensado para funcionar durante un lustro, y va camino de triplicar esta duración.

En esta fase de tanteo y globos sonda, Yolanda Díaz ha vuelto a escena este miércoles. La vicepresidenta segunda se ha alineado con los socialistas en lo que toca a la reforma de la financiación, pero ha dejado claro que esta modificación "tiene que venir de la mano de una reforma fiscal profunda". Es una de sus apuestas programáticas, y una reivindicación de su espacio político al PSOE, que en la pasada legislatura no quiso abrir este melón más allá de crear nuevos impuestos, algunos, temporales.

Ahora, Díaz acompaña esta exigencia con otra reivindicación que ya hizo pública en campaña: permitir el uso de las lenguas cooficiales en las Cámaras legislativas, "sobre todo" en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en TVE, Díaz ha reclamado reformar el Reglamento de la Cámara para permitir que los parlamentarios se expresen en gallego, catalán y euskera —algo que ya pueden hacer, en contextos acotados, en el Senado—, y ha asegurado que abrirán el debate con los grupos en el marco de las conversaciones sobre la conformación de la Mesa. "Es un avance hacia un país que es plural y diverso", sentenció.

Es un gesto simbólico para seducir a los partidos independentistas, necesarios para lograr la investidura de Pedro Sánchez, y mientras el PSOE se esfuerza por acotar las conversaciones, aún preliminares, al plano económico. Oficialmente, los socialistas insisten en que, cuando mencionan la reforma del sistema de financiación, solo aluden a un compromiso de su programa electoral —en campaña prometieron hacer esta reforma en apenas un año—, pero el hecho de que Montero afirme que es “urgente” abordarla en esta legislatura, y que lo haga en este preciso momento, es revelador. Como lo es que la número dos del PSOE insistiera el martes en mencionar la deuda de las CCAA. Junto al titular de Presidencia, Félix Bolaños, Montero es responsable de explorar un acuerdo que permita al PSOE revalidar la Presidencia del Congreso de los Diputados, le garantice el control de la Mesa y siente las bases para garantizar una nueva investidura de Sánchez como jefe del Ejecutivo, su objetivo último.

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En un momento en el que el nuevo presidente de Valencia, Carlos Mazón, reclama una compensación de deuda, en el Ejecutivo en funciones consideran abierto el melón de la reforma de la financiación autonómica, al menos para su debate. Àgueda Micó, diputada electa de Compromís en el Congreso, también supeditó su apoyo a Sánchez a que asumiera la condonación de la deuda valenciana. Es una de las reivindicaciones históricas de su coalición, y no van a dejar pasar esta oportunidad de pelearla, como explicó en declaraciones a la Cadena SER.

Los intentos de abordar esta modificación fueron absolutamente estériles en la anterior legislatura, pero hoy permiten a Montero vender algo tangible, centrar la negociación en lo económico, mientras rechaza el referéndum de autodeterminación o la amnistía a los implicados en el procés catalán que exige Carles Puigdemont. En este contexto, el papel de ERC se antoja particularmente complicado: “Habrá que cumplir con la agenda catalana, abordar el déficit fiscal y el déficit de infraestructuras, y atender la resolución del conflicto político sin miedo a lo que digan desde la derecha”, reclamaba el martes el president catalán, Pere Aragonès.

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El problema es que el caramelo de la financiación autonómica no ha parecido suficiente. Aragonès ha dejado muy claro en su rueda de prensa de cierre del curso político que la Generalitat evitará jugar un papel relevante en ese futurible cambio de sistema al que hoy se abren en la Moncloa. Mientras la titular de Hacienda deslizaba que tanto el nuevo sistema de financiación como una hipotética condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) serán moneda de cambio para la investidura, ya a partir de septiembre, el presidente catalán garantizaba que Cataluña no iba a presentar propuestas ni para la reforma del sistema de financiación ni para el FLA.

“Durante este mes de agosto, las negociaciones avanzarán lentamente e irán surgiendo temas como la financiación autonómica o el FLA, que son temas sobre los que no me pronunciaré hasta que haya una propuesta de Sánchez. Porque hasta entonces serán poco más que especulaciones”, ha advertido Aragonès. La Generalitat estará a verlas venir, pero no piensa ser un motor activo del cambio.

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El problema es complejo. El Ejecutivo de ERC ha marcado como uno de los objetivos de la negociación de la investidura reducir el déficit fiscal de Cataluña, que la Consellería de Economía cifra en 20.000 millones anuales. Pero eso supone cambiar el sistema de financiación, que lleva caducado desde 2014. Y la historia de España dice que la financiación autonómica solo cambia si Cataluña toma la iniciativa y presenta la propuesta en cuestión. El expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig lo sabía, y por eso intentó que Cataluña le acompañase durante la anterior legislatura para intentar forzar un cambio. Ahora, Puig ya no es presidente, pero Cataluña todavía parece anclada en 2017.

Por otro lado, lo que afirma hoy Aragonès es que Sánchez “se tendrá que mover”, y eso es justo lo que el presidente en funciones no va a hacer. Al menos, no en la superficie, y menos antes del 17 de agosto, cuando se constituyen las nuevas Cortes Generales. En la estrategia esbozada escasas horas después de la noche electoral del 23-J, que de momento está cumpliendo a rajatabla, los socialistas han apostado por dejar que Alberto Núñez Feijóo “se cueza”, por darle tiempo para intentar una investidura que se antoja imposible.

Las dos caras de ERC

Su tira y afloja con el PSOE no es la única jugada que preocupa a ERC. Por un lado, este martes reiteraban su apuesta por el referéndum, en línea con lo que hace Junts, y por otro aprovechaban para intentar arrastrarlos hasta posiciones más cercanas a la mayoría de investidura. Aragonès, sutilmente, les reclamaba “aprovechar la oportunidad” que supone contar con 14 diputados independentistas en la Cámara Baja, en alusión a todas las promesas que podrían arrancar. Con una mano, ERC peleaba para mantenerse al nivel de Junts en lo que toca al referéndum, y con la otra hacía lo posible por atraerlos al bloque que puede frustrar una repetición electoral.

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Mientras tanto, Junts no se ha movido de sus posiciones de máximos, y la lectura que hacen en el entorno de su espacio político contrasta notablemente con el optimismo que venden los dos partidos que conforman el Gobierno. Como reconocía a El Confidencial un exdiputado catalán, las listas de Junts al Congreso están copadas por algunos de los perfiles "más radicales" de la organización. Por figuras que siguen las tesis de Puigdemont, Laura Borràs y Míriam Nogueras, el “tridente radical” que hace imposible negociar desde “la lógica” con este partido.

Distintas voces cercanas a este espacio no confían en que Junts dé su brazo a torcer y permita la investidura de Sánchez, y dudan de que las promesas económicas del Gobierno en funciones basten para hacerles cambiar de opinión. Por no hablar de que, salvo que se saque un nuevo as de la manga, el líder del PSOE, tienen poco margen para hacer promesas a Junts que no haya formulado anteriormente a ERC. La situación es tremendamente espinosa, y así lo reconocen todos los actores involucrados en las conversaciones.

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Y, en ese intento de Montero por sacar cabeza y presumir de liderazgo, la número dos socialista ninguneó a Sumar, dejando claro que es su formación quien lidera las conversaciones para reeditar la coalición. Díaz, desaparecida del foco público hace casi una semana, reapareció el miércoles para reivindicar el "importante" rol de Jaume Asens, dirigente de los comunes y expresidente de su grupo parlamentario, que intenta tender puentes con el entorno del expresident catalán. Esos puentes a los que Montero restaba importancia, mientras Díaz peleaba por su hueco en la foto. "Sin lugar a dudas, el PSOE negociará, como yo negocio con el presidente del Gobierno", espetó.

Por lo pronto, la vicepresidenta en funciones sí estaría de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación, como ya planteó en campaña. El problema fundamental, sin embargo, no está tanto en los signos políticos de las respectivas comunidades, sino en qué indicadores se priorizan para la asignación de recursos. Aun así, esta pantalla aún está muy lejos, y no es posible alcanzarla si no se da el acuerdo que permita designar un nuevo Gobierno. Esto es, si, entre coqueteos, globos sonda, gestos, dardos y demostraciones de desconfianza, PSOE y Sumar no logran convencer al resto de partidos para evitar su temida repetición electoral.