El debate sobre la quita de deuda a las CCAA abre una brecha entre los barones del PP

No deja de ser un globo sonda, una tentativa sin ningún tipo de concreción y acogida con mucha frialdad por el Govern de la Generalitat de Cataluña, que preside Pere Aragonès (ERC). Pero la posibilidad de negociar una posible quita de la deuda de los territorios infrafinanciados por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha dejado en evidencia las diferencias en el enfoque de los barones del Partido Popular en un asunto que impacta directamente sobre las cuentas de las administraciones autonómicas.

Todas las autonomías españolas, excepto Madrid, País Vasco y Navarra, tienen deudas acumuladas con el FLA en mayor o menor medida. El mecanismo de liquidez fue ideado en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), para poder cubrir las necesidades de los gobiernos de las comunidades en un momento en que casi todas encontraron cerrados los mercados privados de deuda como consecuencia de las crisis de las hipotecas y la fuerte prima de riesgo que pagaba España por sus emisiones. Lo que se habilitó como una línea de crédito temporal ha terminado por consolidarse como un vehículo habitual de financiación, especialmente para aquellos territorios que tienen problemas de suficiencia financiera o están más perjudicados por el sistema de reparto a la espera de una reforma que nunca llega.

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Cataluña, sin ser de las autonomías más beneficiadas en la distribución, se sitúa por encima de la media en recursos por población ajustada (ponderada con criterios como envejecimiento o dispersión). Sin embargo, ha generado una fuerte dependencia del crédito del FLA, que ya es el acreedor del 84% de sus 85.400 millones de euros de deuda total. Es decir, 71.000 millones del pasivo son deuda con el Tesoro español.

El porcentaje catalán es similar al que han acumulado las autonomías más castigadas por el sistema de financiación, según reconocen informes de entidades independientes como la AIReF y Fedea. La Comunidad Valenciana, el farolillo rojo en percepción de recursos, acumula un pasivo de más de 55.000 millones que tiene en el Estado a su principal acreedor, concretamente, 46.274 millones (el 83%), según las últimas cifras del Banco de España. Murcia, la segunda por la cola, con una Administración más pequeña, tiene menos deuda global, 11.506 millones, pero el 84% de la misma es con el FLA. El fondo dependiente del Tesoro cubre los déficits extraordinarios millonarios en que incurren las dos administraciones ejercicio tras ejercicio.

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Esta es la razón por la que desde ambos territorios se viene reclamando desde hace años no solamente una actualización del modelo de financiación caducado desde 2014, que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han resuelto, sino también una condonación de parte de la deuda. Consideran que no obedece a su propia gestión del gasto, sino a una insuficiencia crónica de ingresos. Los documentos sobre los que sostienen sus argumentos señalan que para soportar niveles similares o incluso inferiores de gasto público per cápita, la media ha de recurrir al grifo del crédito del FLA, lo que ha generado una bola que, a su vez, castiga su balance y les impide financiarse de forma autónoma y a tipos de interés razonables en los mercados institucionales de deuda.

Esto explica que este martes el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tuviera que hacer equilibrios argumentales para mantener una posición favorable a lo que bautizó como "compensación" de deuda, una forma implícita de referirse a las quitas o condonaciones, y a la vez reclamar trasparencia al PSOE en una posible negociación con los partidos independentistas, sin "prebendas ni privilegios" y fuera del "cuarto oscuro del separatismo". "Estoy a favor de que se compense a la Comunidad Valenciana. Estoy dispuesto a estudiar las fórmulas que sean beneficiosas para una compensación por todo este tiempo", abundaba Mazón entrando en el debate.

Con todo, la Generalitat de Cataluña, en manos de ERC, no se da por aludida y no considera por ahora que este vaya a ser un elemento trascendental a la hora de determinar su posición ante una posible investidura.

También Murcia ha reclamado en diversas ocasiones al Ministerio de Hacienda la búsqueda de "una solución para la deuda acumulada" como consecuencia directa de la infrafinanciación. "Las peticiones realizadas por la Región de Murcia, desde la lealtad institucional y en los foros adecuados para ello, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, han sido sistemáticamente desatendidas. Sin embargo, basta que sea necesario el apoyo de los independentistas para abrir un nuevo mercadeo en torno a la financiación de las comunidades autónomas", señalan a preguntas de El Confidencial desde el Ejecutivo del popular Fernando López Miras.

La posición de Valencia y Murcia, favorables a la reestructuración de la deuda a través de condonaciones o mecanismos de compensación negociados de forma multilateral, contrasta con la lectura de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Sin deuda con el FLA, desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol se ve el debate en clave puramente político, no técnico, y muy circunscrito al ámbito catalán, como si la materia sobre la que se negocia no afectase a otras comunidades.

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"Lo que tiene que quedar claro es que las deudas hay que asumirlas y pagarlas. No se puede condonar, porque es una distorsión importante para el mercado que al final empobrece a todos los españoles y también incluso a los catalanes. Lo que no puede ser es que haya una barra libre de gastos y un endeudamiento exponencial y que luego esas comunidades, especialmente Cataluña, no quieran asumir su responsabilidad", afirma la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. "Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier mecanismo, incluso a una condonación de la deuda de Cataluña a través del FLA, para poderse seguir manteniendo la Moncloa. Está dispuesto a todo con tal de conseguir el apoyo del independentismo", añadía.

La posición de la consejera madrileña es que condonar crédito del FLA vendría a ser "una mutualización de la deuda que la tendría que asumir la Administración General del Estado, y por ello todas las comunidades nos veríamos afectadas", aunque obvia que esto ya es así de facto. La deuda de las autonomías con el FLA forma parte del conjunto del pasivo del Reino de España a efectos de contabilidad nacional. Son deudas entre administraciones de un mismo Estado.

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La postura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la hipotética quita de la deuda autonómica es algo ambigua. Y tiene sentido. La deuda andaluza con el FLA ronda los 25.000 millones de euros (el 68% del total), pero la comunidad salió de esta fórmula de financiación en 2019. Desde entonces, emite deuda en los mercados. El peso de la deuda andaluza respecto al PIB está en el 20,3%, tres puntos menos que la media del resto de regiones. La prioridad del Ejecutivo andaluz siempre se ha situado en la necesidad de cambiar el modelo de financiación para que la comunidad deje de estar entre las peor financiadas. El cálculo que hacen en San Telmo es que pierden unos 1.000 millones de euros al año.

El Gobierno de la Junta casi elude pronunciarse sobre la idoneidad de la quita. “No vamos a pronunciarnos sobre una medida que no conocemos”, explican desde el entorno del malagueño. Pero en San Telmo auguran que los grandes beneficiados serán los potenciales socios de investidura de Pedro Sánchez, es decir, los partidos nacionalistas catalanes. “Lo que María Jesús Montero está haciendo es poner precio al apoyo de los partidos independentistas”, ha abundado este martes Carolina España, consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo andaluz. España, además, insta a la ministra de Hacienda a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar cualquier medida de este corte y no hacerlo de forma bilateral con Cataluña.