La infrafinanciación eleva a 37.436M el boquete patrimonial de la Generalitat valenciana

La Generalitat valenciana sigue engordando el desequilibrio financiero de su balance como consecuencia de la infrafinanciación de Estado. El año pasado cerró el ejercicio con un agujero que ha elevado su patrimonio neto negativo hasta los 37.436,9 millones de euros (36.219,8 millones de euros en 2020), según desveló este viernes el infome de fiscalización anual de la Sindicatura de Cuentas, correspondiente a 2021 y que fue entregado por el síndico mayor, Vicent Cucarellla, a las Cortes Valencianas. El desajuste es consecuencia de la acumulación de resultados negativos que el auditor autonómico atribuya fundamentalmente a "la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana" derivada del actual sistema de financiación autonómico.

"La Generalitat Valenciana ha sufrido un déficit presupuestario estructural, especialmente intenso a partir de 2009, que ha provocado que sea la comunidad autónoma más endeudada respecto a su PIB. Este déficit no viene provocado por efectuar unos gastos superiores a la media autonómica, sino por unos ingresos inferiores a ella, entre los que destacan los procedentes del sistema de financiación autonómica. Según la estimación realizada, con una financiación autonómica al nivel que correspondería en proporción a su población ajustada y respetando las necesidades estimadas por el propio modelo vigente, la Generalitat habría podido evitar una parte muy importante de la deuda acumulada", afirma Cucarella.

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La necesidad de recurrir al endeudamiento para sostener los servicios públicos ha elevado considerablemente la bola del pasivo autonómico. La deuda alcanzó al cierre del año pasado los 55.824,5 millones de euros. De este importe, 44.817,5 millones de euros corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), es decir, es deuda con el propio Estado en virtud del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), convertido de forma estructural en la botella de oxígeno de una Generalitat que hace tiempo que no encuentra ninguna ventanilla abierta en los mercados privados de deuda.

El déficit no viene provocado por efectuar gastos superiores a la media, sino por ingresos inferiores

Esa hipoteca, según el síndic, perjudica la autonomía financiera de la Administración valenciana y supone un elemento discriminatorio respecto de otros territorios. "La financiación autonómica se recibe sin contrapartida, mientras que los mecanismos estatales son un incremento de la deuda que deberá devolver en el futuro", dice. "Por todo esto, además de avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación, la Comunitat Valenciana tendrá que continuar exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación". La Sindicatura insiste, además, en la conveniencia de implantar inmediatamente "un mecanismo transitorio" que resuelva esta infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo, todavía sin fecha y sin perspectivas de que pueda llegar a consensuarse, a la vista de la polarización y el enfrentamiento entre los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el Partido Popular.

El asunto de la infrafinanciación estuvo presente en el discurso de fin de año que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pronunció este viernes. Además de poner en valor la llegada de inversiones a la Comunidad Valenciana como la de la gigafactoría de Volskswagen o la decisión de Ford de electrificar la factoría de Almussafes, el barón socialista reivindicó que la "esencia" del autogobierno radica en "dar soluciones" y "mejorar la vida de la ciudadanía". Puig apostó por "abrir un ciclo de grandes pactos" que permita completar en España "con responsabilidad" el desbloqueo de las instituciones, aprobar "sin excusas" una financiación "justa", garantizar "con justicia" recursos básicos como el agua y "oxigenar industrias solventes como la cerámica". "Es la hora de reiniciar: paremos, hablemos y pactemos; hagámoslo con los valores propios de la sociedad valenciana: una sociedad de respeto; una sociedad donde no cabe el sectarismo, donde convive la diferencia; una sociedad honrada que supera las brechas", manifestó.

También el conseller de Hacienda, Arcadi España, tras recibir el informe de auditoría de manos del síndico mayor, lamentó que de nuevo "los datos vuelvan a poner de manifiesto la infrafinanciación sistémica que sufre la Comunitat Valenciana lo que ha obligado a la Generalitat un año más a aumentar su endeudamiento para poder atender los servicios básicos", dijo. Y reclamó "una reforma urgente y medidas compensatorias que garanticen que los valencianos reciben los recursos suficientes para garantizar los servicios básicos".

Exceso de enriquecimiento injusto

Entre las cuestiones que la Sindicatura de Cuentas considera irregulares, o excepciones a la opinión favorable de auditoría, en la gestión financiera de la Generalitat de 2021, destaca el exceso de expedientes denominados de "enriquecimiento injusto", aquellas relaciones económicas provisionales que se mantienen cuando ha caducado una concesión o un contrato público, pero es necesario cubrir el servicio hasta que se licita y adjudica de nuevo. "Un procedimiento excepcional de convalidar los gastos contraídos sin consignación presupuestaria y sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación".

Según el Síndic, en 2021 se tramitaron 417 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.808,3 millones de euros, de los que 1.609,8 millones de euros corresponden a expedientes tramitados por la Conselleria de Sanidad. "Se observa un aumento en el uso de esta figura jurídica en los últimos cinco años sin que los órganos responsables de la Administración de la Generalitat hayan tomado las medidas oportunas para limitarlo", advierte.

También advierte que al cierre del ejercicio había 45 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobación. "Se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones y, por tanto, no es posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable tendría en la Cuenta de la Administración".

Lo mismo ocurre con el capítulo de provisiones y contingencias. "Se mantiene la existencia de un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, cuya estimación no ha sido posible efectuar", señala el auditor.