La Sanidad valenciana, primera condenada a indemnizar a médicos por falta de protección

Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha condenado a la Generalitat valenciana a indemnizar con cuantías que oscilan entre los 5.000 y los 49.180 euros a 154 médicos que prestaron servicio en hospitales en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus sin contar con material de protección adecuado. Se trata de la primera sentencia que ha trascendido hasta ahora que fija cuantías económicas concretas. La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

El Tribunal Supremo y juzgados territoriales sí habían dictado fallos reprochando a las Administraciones como la del País Vasco o el Servicio Aragonés de Salud, aunque sin establecer compensaciones económicas concretas. La decisión judicial alicantina, de ser ratificada en la instancia superior, abre la puerta a posibles nuevas denuncias. De entrada supondrá un importante desembolso a la Consellería de Sanidad.

La resolución, a la que tuvo acceso El Confidencial, tiene su origen en una demanda presentada por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) que fue desestimada inicialmente por razones de competencia por el Tribunal Superior de Justicia autonómico. El fallo atiende casi en su totalidad la reclamación social. El sindicato agrupó a los trabajadores en cuatro categorías de afectados por un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A saber: 1) prestación de servicios sin contagio ni cuarentena; 2) prestación de servicios sin contagio, pero con cuarentena por contacto con personas que han padecido la infección; 3) prestación de servicios con contagio y cuarentena en domicilio con periodo de incapacidad temporal, y 4) prestación de servicios con contagio y hospitalización con periodo de incapacidad temporal.

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Para la primera, el fallo establece una compensación de 5.000 euros; para la segunda, de 15.000; para la tercera 35.000 euros; y para la cuarta, de 49.180 euros. Los médicos reclamaban 60.000 euros para la cuarta situación, pero la cifra ha sido rebajada por el juez Ricardo Barrio Martín. Las indemnizaciones han sido fijadas sobre la base de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Según la demanda, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios en los respectivos centros sanitarios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, ya que las mascarillas de que se disponían "estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro". Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables, las cuales, se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus. No se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas. A partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

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La sentencia apela, entre otros, al artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: "Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo". Y se muestra comprensivo con la situación de desabastecimiento que sufría la 'conselleria' en aquellas fechas, con los mercados de material de protección colapsado. "Es cierto que la Administración llevó a cabo las actuaciones que constan en los hechos probados, dentro de sus posibilidades y en las condiciones más adversas que se recuerdan en los últimos años", señala. Sin embargo, añade, ello no obsta para apreciar claramente que "las medidas de que disponían los trabajadores no cumplían con los requisitos legales y reglamentarios para garantizar la salud y seguridad en el trabajo".

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"Consideramos que esta falta de medios no puede, ni debe, repercutir en perjuicio de los trabajadores, que son quienes afrontaron de forma directa e inmediata el mayor riesgo para la salud colectiva que se recuerda en los últimos años. La responsabilidad de la insuficiencia corresponde a la empleadora. Prueba de que los medios dispuestos entre los meses de febrero y mayo de 2020 no fueron suficientes, es el alto nivel de contagio que se registró en el personal sanitario de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, como se describe en los hechos probados, sobre la base de la documental obrante", asesta.

E insiste: "Los trabajadores demandantes prestaron servicios médicos en condiciones inadecuadas e insuficientes para salvaguardar la salud y seguridad en el trabajo, a pesar del deber de la empleadora de adoptar todos los medios necesarios para ello". La incógnita que abre el fallo, claro, es si la alternativa era no prestar el servicio por falta de material en plena pandemia. La salida a la encrucijada se resuelve así con una compensación dineraria.

El fallo abre la puerta a posibles nuevas reclamaciones económicas. Pero las demandas no pueden ser colectivas sino individualizadas, siempre que se certifique la ausencia de material en el momento de prestar el servicio en uno de los cuatro grupos susceptibles de ser indemnizados.