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El defecto de la financiación autonómica: solo las CCAA beneficiadas pueden bajar impuestos
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El defecto de la financiación autonómica: solo las CCAA beneficiadas pueden bajar impuestos

El debate sobre la fiscalidad autonómica adolece de un problema de base que ahora aflora la AIReF: las CCAA que han bajado sus impuestos son aquellas que salen beneficiadas en el reparto

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE/Miguel Osés)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE/Miguel Osés)
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La crisis inflacionista actual ha acallado el debate sobre la financiación autonómica. Todas las preocupaciones están centradas en cómo evitar que hogares y empresas sufran una gran caída de su renta disponible como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, con unas elecciones autonómicas y generales a menos de un año vista, todo apunta a que el debate resurgirá pronto. La Autoridad Fiscal (AIReF) ha publicado esta semana los cálculos sobre la verdadera situación fiscal de las comunidades autónomas, que muestra las deficiencias del actual sistema de financiación, que premia a algunos territorios y castiga a otros. El reparto de los recursos determina, a su vez, qué comunidades tienen margen para bajar sus impuestos autonómicos y cuáles están obligadas a subirlos para financiar unos servicios públicos de calidad.

El sistema muestra que existe una gran correlación entre financiación normativa (los recursos que le corresponden a cada territorio) y las subidas o bajadas de impuestos que ejecutan. Esto es, el diseño del sistema influye de forma decisiva en el margen que tienen los gobiernos autonómicos para determinar su política fiscal.

Foto: Fachada de la Agencia Tributaria. (EFE)

Las comunidades que han podido bajar sus impuestos son aquellas que están mejor financiadas. Madrid es el caso más destacado por ser un outsider dentro del sistema, pero hay otras que están incluso mejor financiadas. La más beneficiada es Cantabria, que recibe casi 600 euros más que la media por habitante ajustado.

Uno de los grandes avances que aporta la AIReF con sus cálculos es que están elaborados en términos homogéneos, de modo que son comparables entre comunidades autónomas. En concreto, lo que hace es calcular los datos a competencias comunes, esto es, los servicios públicos que tienen transferidos todas ellas y los recursos que reciben para sufragarlos. También están calculados con la fórmula de habitante ajustado que se utiliza en el propio sistema, ya que todos los ciudadanos no consumen los mismos recursos públicos. Por ejemplo, en los territorios con baja densidad de población, el coste de los servicios públicos se encarece, y lo mismo ocurre en regiones con población muy envejecida que necesita más atención sanitaria o recursos de dependencia.

Una vez ajustados los datos de ingresos y gastos, Cantabria se erige como la comunidad mejor financiada, seguida por La Rioja, Canarias y Madrid. Estas cuatro regiones son, además, las que más han bajado sus impuestos. Cantabria tiene beneficios fiscales netos (beneficios fiscales que aplica menos los impuestos autonómicos que recauda) equivalentes al 0,5% de su PIB. La Rioja tiene los mismos beneficios; en Canarias ascienden al 0,7% y Madrid rompe todas las métricas al renunciar al 1,8% de su PIB en impuestos.

Entre los beneficios fiscales más importantes de la Comunidad de Madrid se encuentra la bonificación del impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones, pero también las rebajas del IRPF. En el extremo opuesto se encuentra Baleares, que tiene un sistema de financiación por el cual percibe casi el 4% menos que la media nacional y ha hecho uso de su capacidad normativa para recaudar 1,3 puntos del PIB adicionales.

La correlación entre los dos indicadores no es perfecta, ya que hay dos comunidades que están peor financiadas que la media y que igualmente han bajado sus impuestos, Andalucía y Castilla-La Mancha, y otras dos que han subido sus impuestos teniendo más recursos que la media, Extremadura y Aragón. En cualquier caso, son regiones cuyos ingresos no están muy lejos de la media nacional. Por el contrario, las que se alejan de la media son las que parecen tener su política fiscal maniatada por los recursos que reciben.

La Comunidad Valenciana es una de las que ha liderado la oposición al sistema actual. En el año 2021 obtuvo una financiación normativa (antes de sus impuestos) casi un 10% inferior a la media nacional, para compensarlo, utilizó su capacidad normativa para elevar la recaudación un 0,6% de su PIB. Cataluña está también en una situación similar: aplica un recargo fiscal del 0,5% del PIB para compensar que recibe una financiación un 3,1% inferior a la media.

El nivel de ingresos determina el de los gastos, como es comprensible. Las comunidades con más recursos son también las que tienen mayor capacidad de gasto para financiar sus servicios públicos. Por ejemplo, en Andalucía los ingresos del sistema de financiación per cápita son 260 euros inferiores a la media nacional y los gastos son también 291 euros inferiores. Por el contrario, Cantabria está en el extremo opuesto: ingresa 560 euros más (antes de las bajadas de impuestos autonómicos) y gasta 370 euros más.

Hay algunas comunidades que gastan mucho más de lo que ingresan porque incurren en un elevado déficit público. Es el caso de Comunidad Valenciana o Murcia, que en 2021 cerraron con un saldo negativo superior al 1% de su PIB.

Madrid y Cataluña

Madrid y Cataluña son las dos únicas regiones que se salen radicalmente de la correlación nacional. En el caso de Cataluña, gasta mucho más de lo que ingresa debido precisamente a las subidas de los impuestos propios y cedidos. De hecho, es la región con más gasto homogéneo por habitante, con casi 490 euros. También es una de las regiones con más déficit público (gasta por encima de lo que ingresa) con un saldo negativo del 0,4% de su PIB.

Por su parte, Madrid, que tiene una financiación normativa superior a la media en casi 200 euros por habitante, hace el menor gasto de todo el país. La diferencia es mayúscula, con casi 540 euros menos de gasto al año por habitante. El motivo es que los beneficios fiscales que aplica Madrid son tan abultados que los recursos públicos que tiene son muy inferiores a los del resto de regiones. Los beneficios fiscales netos (una vez restados los impuestos en los que tiene capacidad normativa) es del 1,8% de su PIB, lo que significa devolver a los contribuyentes 4.200 millones de euros.

Esta política fiscal de impuestos bajos es posible gracias a la mejor posición de Madrid en la financiación autonómica (es una comunidad con un gran poder recaudatorio al aglomerar bases tributarias más elevadas). Pero también conlleva un importante sacrificio en términos de financiación de los servicios públicos que ahora ha quedado cuantificado con el observatorio de la AIReF. Los madrileños son los españoles que tienen menos recursos para financiar su sanidad, educación, dependencia, etc. Es el coste a cambio de tener tal rebaja de impuestos.

La crisis inflacionista actual ha acallado el debate sobre la financiación autonómica. Todas las preocupaciones están centradas en cómo evitar que hogares y empresas sufran una gran caída de su renta disponible como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, con unas elecciones autonómicas y generales a menos de un año vista, todo apunta a que el debate resurgirá pronto. La Autoridad Fiscal (AIReF) ha publicado esta semana los cálculos sobre la verdadera situación fiscal de las comunidades autónomas, que muestra las deficiencias del actual sistema de financiación, que premia a algunos territorios y castiga a otros. El reparto de los recursos determina, a su vez, qué comunidades tienen margen para bajar sus impuestos autonómicos y cuáles están obligadas a subirlos para financiar unos servicios públicos de calidad.

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