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La subasta fiscal deriva en una guerra de guerrillas: todos contra todos
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CARRERA POR BAJAR IMPUESTOS

La subasta fiscal deriva en una guerra de guerrillas: todos contra todos

La carrera se acelera. La rebaja de impuestos se extiende como la pólvora entre las CCAA a menos de un año de las elecciones. La no actualización del modelo alienta esta guerra de guerrillas

Foto: El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)
El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)
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No deja de sorprender que la Comunidad Valenciana, la segunda región peor financiada tras Murcia, que se ha convertido por primera vez en el territorio con menos recursos per cápita con población ajustada, se haya sumado a la subasta iniciada por Andalucía, cuyo presidente, Moreno Bonilla, anunció la práctica supresión del impuesto del patrimonio y la deflactación parcial de la tarifa del IRPF.

Todavía es más singular si se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana es hoy —datos hasta el cierre del primer semestre— la que tiene un mayor déficit de España en un contexto en que el sector público está recaudando como nunca debido al alza de los precios, lo que beneficia los ingresos debido a que la presión fiscal (en particular el IVA) opera sobre bases más altas. En total, en apenas seis meses, la comunidad valenciana ya registra unas necesidades de financiación equivalentes al 1,9% de su PIB, el triple que en el conjunto del Estado (0,62%). O lo que es lo mismo, 2.317 millones de euros de déficit.

El movimiento de Ximo Puig riza todavía más el rizo si se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana, según las previsiones de la AIReF, será en 2022 la que tenga mayor desequilibrio entre ingresos y gastos, únicamente por detrás de Murcia, aunque solo por una décima. Valencia, en concreto, acabará el año con un déficit equivalente a 2,5% de su PIB, frente al -0,9% del conjunto del Estado.

Y qué decir de la deuda pública regional. El endeudamiento valenciano casi duplica al del conjunto de las comunidades autónomas (un 46% de su PIB frente al 25%), mientras que, en el caso de Murcia (34,9%), se sitúa casi 10 puntos por encima. Ni que decir tiene que son dos de las tres regiones más endeudadas (la tercera es Cataluña).

Foto: La ministra portavoz, Isabel Rodríguez. (EFE/Javier Lizón)

También el presidente murciano, Fernando López Miras, ha adelantado una rebaja de impuestos que está en línea con lo anunciado en Valencia, lo que de alguna manera introduce un aspecto ciertamente novedoso en el actual debate sobre la rebaja de impuestos. Son las regiones peor financiadas —Murcia y Valencia— las que llevan la iniciativa, mientras que las que se encuentran en una mejor posición fiscal, Navarra, País Vasco, La Rioja y Baleares, han renunciado, por el momento, a realizar movimientos en esa dirección.

Fuga hacia adelante

Como se sabe, también Andalucía, que es la tercera región peor financiada, como revela un reciente trabajo del profesor Ángel de la Fuente sobre la última liquidación del modelo de financiación autonómica, también ha anunciado una rebaja de impuestos. Es decir, que las tres regiones que obtienen menos recursos del sistema son las más agresivas, lo que sugiere una especie de fuga hacia adelante —más allá de razones electorales o ideológicas— a la vista de que el actual modelo, que caducó en 2014, no ha sido renovado.

En esto, hay que decirlo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son los responsables, lo que ha facilitado que cada gobierno autonómico haga la guerra por su cuenta. Entre otras razones, porque sin reglas fiscales en la Unión Europea, que siguen suspendidas, no existe un perímetro de consolidación presupuestaria. Es decir, el contexto legal favorece que cada región haga de su capa un sayo. Hasta el punto de que las recomendaciones de la AIReF son solo eso, recomendaciones, sin ninguna acción coercitiva.

Por lo visto, tampoco sirven de mucho las recomendaciones de la Comisión Europea, que en su último informe sobre España, del pasado mes de mayo, pide al Gobierno de la nación que procure lo que llama “saneamiento fiscal”, lo que obviamente afecta no solo a la Moncloa, sino a los gobiernos regionales, tanto con relación a los ingresos como a los gastos. Entre otras razones, porque las autonomías son responsables de buena parte del gasto público (sin contar la Seguridad Social), lo que indica que sin su participación activa reducir el déficit es, simplemente, imposible.

Foto: La presidenta del BCE, Christine Lagarde. (Reuters/Michael Probst)

No es irrelevante esta advertencia si se tiene en cuenta que España ha visto crecer en los últimos años su déficit estructural de forma significativa a consecuencia de la pandemia, es decir, aquel que no tiene que ver con el ciclo económico, sino con un problema que viene de lejos, aunque lo peor puede estar por venir. En palabras de la propia Comisión Europea, “la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio o largo plazo se verá afectada por el alto nivel de deuda y la desfavorable situación fiscal inicial”. Es más, sostienen los técnicos de Bruselas, reducir el déficit presupuestario estructural de las administraciones públicas ayuda a “consolidar las expectativas fiscales para hacer frente a la evolución demográfica''.

La servilleta de Laffer

Es en este marco, y ante la proximidad de las elecciones autonómicas (no es el caso de Andalucía), cuando algunos gobiernos regionales han pisado el acelerador de las rebajas fiscales que, mientras no se demuestre lo contrario, tendrán un coste en términos de recaudación. La famosa servilleta de Laffer sigue siendo eso, una servilleta. Es paradójico, en este sentido, que ninguno de los gobiernos que han anunciado recortes haya adelantado en la misma comunicación una bajada del gasto público ineficiente. Ni siquiera una racionalización.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE/José Manuel Vidal)

Y eso es así, lógicamente, porque hay un problema de incentivos políticos. Bajar impuestos siempre es más agradecido que subirlos cuando las necesidades aprietan, como también lo es obviar una reforma de la Administración regional en aras de reducir el gasto público prescindible. A veces se olvida, como se ha dicho, que quienes gastan realmente en España son los gobiernos regionales, que tienen que hacer frente a las grandes partidas de los presupuestos: sanidad, educación o dependencia.

En su lugar, se suele mirar —da igual que se trate de un Gobierno del PP que otro del PSOE— al inquilino de la Moncloa, probablemente porque la opinión pública todavía no ha interiorizado que España es constitucionalmente un Estado autonómico, tanto desde la vertiente de los ingresos como de los gastos, lo que la catedrática Núria Bosch ha achacado a una ausencia de cultura federal.

Negociar desviaciones

La consecuencia, como no puede ser de otra manera, es que la autonomía fiscal se ejerce preferentemente para bajar impuestos, y cuando se generan déficits —que es lo habitual en nuestra reciente historia— la responsabilidad es del Gobierno central, que es quien tiene que negociar las desviaciones con Bruselas. No estará de más recordar, algo que a menudo se olvida, que las CCAA son auténticas campeonas a la hora de gastar un 31,3% del total del gasto público, sin contar las prestaciones de Seguridad Social, pero solo recaudan el 18,6%, según un reciente trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), muy por debajo de los Estados federales.

Foto: María Jesús Montero, este lues. (EFE/Fernando Alvarado)

En definitiva, una auténtica ley del embudo en el ámbito fiscal que tiene su origen en uno de los problemas de fondo de un sistema cuasi federal, como es el español, y que no es otro que la inexistencia de instituciones que faciliten la coordinación entre los gobiernos autonómicos. También la corresponsabilidad fiscal, que es un equilibrio entre ingresos y gastos. Como todos los hacendistas saben, coordinar o armonizar no significa eliminar la autonomía fiscal, es justo lo contrario, ya que impone unos límites que de no existir acaban con la naturaleza del sistema autonómico, toda vez que obliga a intervenir periódicamente a la Administración central para reparar daños. Solo hay que recordar lo que pasó en la anterior crisis, cuando Hacienda tuvo que poner en marcha el célebre FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para tapar agujeros.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera no cumple ese papel, ni, por supuesto, el inoperante Senado, lo que ha derivado en una especie de guerra de guerrillas que ha acabado por destrozar el delicado equilibrio fiscal autonómico. Precisamente por la ausencia de lealtad institucional, que es intrínseca a cualquier sistema descentralizado o cuasi federal, como es el español. Tanto el PP como ahora el PSOE han descubierto que el debate fiscal descansa en los territorios, y esto no ha hecho más que comenzar. No puede ser casualidad que las tres regiones que han comenzado la subasta sean limítrofes.

No deja de sorprender que la Comunidad Valenciana, la segunda región peor financiada tras Murcia, que se ha convertido por primera vez en el territorio con menos recursos per cápita con población ajustada, se haya sumado a la subasta iniciada por Andalucía, cuyo presidente, Moreno Bonilla, anunció la práctica supresión del impuesto del patrimonio y la deflactación parcial de la tarifa del IRPF.

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