Por qué Andalucía es la comunidad autónoma peor financiada y tiene razón

Las cuentas las ha realizado Antoni Zabalza, padre de unos de los primeros modelos de financiación autonómica en los años 90. Y el resultado supone un vuelco respecto del actual 'statu quo' que quieren mantener a toda costa las regiones más beneficiadas con el actual sistema. En concreto, según sus cálculos, nueve comunidades autónomas del régimen común —quedan fuera País Vasco y Navarra por su singularidad fiscal— perderían recursos si se aplica al pie de la letra el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles "son iguales ante la ley". Es decir, si la financiación per cápita fuera la misma para todos.

En concreto, según las estimaciones de Zabalza, las regiones perdedoras con el nuevo sistema —por este orden— serían Cantabria, La Rioja, Baleares, Extremadura, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Asturias y Canarias. La horquilla entre las CCAA perdedoras por habitante oscilaría entre el -19,8% de Cantabria y el -1,5% de Canarias.

En el lado contrario, se encontrarían Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y Madrid, que ganarían recursos. La mayor financiación per cápita oscilaría entre el 7,4% de Andalucía y el 0,7% de Madrid y Galicia.

Los cálculos de Zabalza parten de una premisa: la media de los recursos que el sistema de financiación asignó a las comunidades autónomas por cabeza en 2015 fue equivalente a 2.407 euros, pero con una gran dispersión regional. Mientras que, en el caso de Cantabria, se alcanzaron los 3.003 euros per cápita, en Andalucía apenas se llegó a los 2.242 euros. Es decir, hay una diferencia del 34% entre arriba y abajo. O expresado en otros términos, si Cantabria alcanza hoy una financiación que representa el 124,7% de la media (igual a 100), Andalucía solo llega al 93,1%, lo que rompe algunos de los mitos en relación a la sobrefinanciación que reciben las regiones "pobres" frente a las "ricas". La distancia es, incluso, similar a la que obtienen los sistemas forales respecto de las regiones del régimen común.

El profesor Zabalza —unos de los mayores expertos en financiación autonómica del país— presentó su estudio en el Colegio de Economistas de Madrid, y recientemente lo ha actualizado. Los cálculos los ha realizado en relación a los recursos por unidad de necesidad, que es la medida que se utiliza en el actual modelo de financiación. Este concepto mide la población ajustada en función de algunas variables demográficas o geográficas, como la superficie, la estructura de edades o la densidad, lo que permite tener en cuenta factores que afectan al gasto real por habitante, por ejemplo el envejecimiento o el número de alumnos. Es decir, mide las necesidades reales con competencias autonómicas homogéneas y no es fruto de una simple operación aritmética entre recursos y población.

¿Más recursos?

Y lo que sucede con el actual modelo (aprobado en 2009 en tiempos de Rodríguez Zapatero) es que Extremadura obtiene un 13,1% más de recursos que Murcia, cuando ambas tienen, como sostiene Zabalza, "un nivel de renta parecido". Igualmente, en la parte alta de la distribución, Cataluña recibe un 4,4% más de fondos estatales que Madrid, a pesar, también, de su nivel parecido de renta.

La propuesta que hace Zabalza es avanzar hacia un modelo más equitativo eliminando las amplias diferencias actuales. Es decir, imaginando que todas las comunidades autónomas reciben 2.407 por habitante ajustado, que es la media del actual sistema. Por lo tanto, sin recursos adicionales, al contrario que sucedió en 2009, cuando en plena crisis se añadieron más de 9.000 millones de euros a la financiación de las regiones por la presión autonómica, fundamentalmente, de Cataluña.

Como se ha dicho, esa cantidad tiene perdedores y ganadores, y para hacer más llevadero ese ajuste para quienes pierden financiación, lo que propone el exsecretario de Estado de Hacienda es la creación de un instrumento que denomina Compensación Transitoria de Adaptación (CTA), y que no es otra cosa que permitir que esas comunidades vayan perdiendo recursos de forma gradual hasta alcanzar la media de España, lo que permitiría que al final del periodo transitorio se cumpliera la Constitución a rajatabla, aunque teniendo en cuenta las singularidades de partida por razones demográficas o geográficas. Es decir, lograr la igualdad de forma gradual.

Por el contrario, se propone que desde el primer año, las seis comunidades ganadoras —Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid— alcancen los 2.407 euros por habitante, mientras que las nueve perdedoras —el resto— se irían acercando de forma gradual a esa cantidad a lo largo de un período de cinco años.

La propuesta que hace Zabalza es avanzar hacia un modelo más equitativo eliminando las amplias diferencias actuales

La propuesta de Zabalza se concreta con una reforma significativa de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en particular suprimiendo la cesión de una parte del IVA y de los impuestos especiales, toda vez que esa cesión es más ficticia que real, ya que las regiones no tienen capacidad normativa sobre esos tributos. Por el contrario, lo que se propone es que los ingresos tributarios autonómicos solo incluyan figuras sobre las que las comunidades tengan competencias normativas para variar la base y los tipos impositivos. Es decir, esencialmente Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados y Juego y, por último, el Impuesto sobre la Renta.

Zabalza sostiene que aunque formalmente España aparece en los 'rankings' internacionales como uno de los países más descentralizados del mundo en cuanto a recaudación, la realidad es muy distinta. Recuerda, en concreto, que de los 95.717 millones que suponen los ingresos tributarios totales, nada menos que 42.345 millones corresponden al IVA y a los impuestos especiales, "y por tanto no son más que una transferencia camuflada que se distribuye según los índices de consumo territorial correspondientes a estos impuestos". Es decir, se ceden sin capacidad normativa alguna, lo que no supone ninguna capacidad de autogobierno.