Se beneficiará de cualquier mejora en el Régimen Común

País Vasco tendrá derecho a mejorar el cupo si hay reforma de la financiación autonómica

En el caso de que se modifique la cesión de tributos o los Presupuestos Generales del Estado para dar cabida a la nueva financiación autonómica, el País Vasco tendrá derecho a revisar su cupo

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, en la Comisión Mixta. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, en la Comisión Mixta. (EFE)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se llevó el jueves la reprimenda de la oposición en bloque por tramitar de urgencia la actualización del cupo vasco y mantener aparcada la reforma de la financiación autonómica. El ministro se comprometió a tenerla lista este año, pero todavía no ha realizado ni una propuesta para negociar con el resto de fuerzas políticas. Para responder a las críticas, Montoro propuso al PSOE incluir la reforma en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de modo que pueda desbloquear las cuentas que se niega a aprobar el PNV.

Los cuatro grandes partidos nacionales coinciden en la necesidad de alcanzar un acuerdo para cerrar la reforma a lo largo de 2018, por lo que nada debería impedir un pacto. Actualmente hay regiones que están infrafinanciadas y no cuentan con los recursos suficientes para sufragar todas las competencias que tienen transferidas, por lo que el nuevo sistema tendrá que dotar de más recursos a las comunidades.

Para mejorar la financiación de las regiones hay dos vías: o ceder más tributos a las regiones o elevar las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a las comunidades. En cualquiera de los dos casos, el Gobierno del País Vasco tendrá derecho a pedir una revisión del cupo para adaptarlo al nuevo reparto y, así, beneficiarse de la mejoría que consigan el resto de comunidades autónomas tras la reforma.

Es el as en la manga que ha conseguido salvar el PNV en su negociación con el Ministerio de Hacienda. De este modo, si las comunidades del Régimen Común consiguen una mejora en 2018, el País Vasco tendrá derecho a reclamar su parte. Sin embargo, no ocurre así en el sentido inverso: la actualización del cupo no implica una revisión de la financiación del resto de autonomías.

Cualquier renegociación del cupo se realizará también en secreto y en la Comisión Mixta de Hacienda y el Gobierno vasco

La revisión de la Ley del cupo para el quinquenio 2017-2021 incluye, en su disposición adicional quinta, el derecho del País Vasco a solicitar al Ministerio de Hacienda la revisión del cálculo. Podrá hacerlo tanto "si se produjese una reforma del régimen de cesión de tributos del Estado", como si se realiza una "modificación sustancial de los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas o de los entes locales". En cualquiera de estos dos casos, se convocará la Comisión Mixta del Concierto Económico que valorará si es necesario modificar el cupo base para el quinquenio.

[PP y PSOE ignoran a 'sus expertos' y pactan renovar el cupo sin enmiendas]

De esta forma, el País Vasco podrá renegociar el cupo en 2018 si finalmente se cierra la reforma de la financiación autonómica. Cualquier actualización será a su favor, ya que nadie estima que el nuevo reparto de fondos entre las comunidades vaya a ser menor tras la reforma. Cualquier renegociación del cupo se realizará también en secreto y en la Comisión Mixta.

Una reforma fiscal

Aunque Ciudadanos y Podemos reclaman la reforma de la financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda mira al PSOE para las negociaciones. En primer lugar, porque la suma de los votos del PP y el PSOE en el Congreso desbloquea cualquier ley. Y en segundo, porque la mayor parte de las comunidades del Régimen Común están gobernadas por PP o PSOE, salvo Cataluña que está sin gobierno a la espera a las elecciones del 21-D.

Cristóbal Montoro durante la Comisión Mixta del Concierto Económico. (EFE)
Cristóbal Montoro durante la Comisión Mixta del Concierto Económico. (EFE)

Los socialistas tienen una línea roja muy clara que no están dispuestos a saltarse: la nueva financiación autonómica tiene que dotar a las regiones de los recursos suficientes para ser sostenible. En otras palabras: más dinero para financiar todas las competencias transferidas. "Hay algunas comunidades autónomas que están escandalosamente infrafinanciadas", explica el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura. El PSOE ya ha explicado que la mejor forma para conseguirlo es realizar una reforma fiscal que eleve la recaudación del impuesto de sociedades, de las rentas del capital y de las rentas del trabajo para los que más ganan.

Una forma de dar más recursos a las regiones es ceder una parte mayor de los tributos o incluso la creación de nuevas figuras tributarias, como puede ser un impuesto estatal al azúcar, que el Gobierno anunció hace casi un año y que todavía no ha puesto en marcha. En todos esos casos, el País Vasco tendrá derecho a solicitar una revisión del cálculo del cupo, como figura en la disposición adicional cuarta de la ley aprobada el jueves.

En concreto, se revisarán las transferencias de Euskadi al Estado si se modifica la concertación de los tributos, la distribución de competencias en los impuestos indirectos (en especial el ajuste del IVA) o si se crean nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta.

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Esta ley también incorpora la obligación del Estado de pagar el coste de las políticas activas de empleo. Esta competencia no está transferida, pero en Euskadi la gestiona el Gobierno vasco, por lo que el Gobierno tiene que encargarse de financiarla. En la actualización del cupo se determina que el coste de las políticas activas se "deducirá por compensación del cupo líquido a pagar en cada ejercicio".

En otras palabras, restará a los 1.300 millones que tiene que pagar cada año Euskadi al Estado. Entre 2011 y 2016, el coste de estas políticas se estimó en 152 millones de euros, esto es, unos 25 millones de euros anuales.

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