Encuentro en la sede del Ministerio en Madrid

Hacienda y PNV retoman la negociación de los Presupuestos con una reunión secreta

El ministro de Hacienda vuelve a impulsar las conversaciones para aprobar los PGE de 2018 con un gesto hacia el Gobierno vasco, la actualización del cupo y la revisión del concierto vasco

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), y el consejero de Hacienda y Economía vasco, Pedro Azpiazu. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), y el consejero de Hacienda y Economía vasco, Pedro Azpiazu. (EFE)

La última semana de septiembre el Gobierno tenía todo preparado para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 como marca la Constitución, sin embargo, todo se precipitó ante el referéndum del 1-O. Los ecos de la tensión entre Madrid y Barcelona llegaron hasta Vitoria y el Gobierno del País Vasco bloqueó las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y, sin sus apoyos, el Gobierno decidió anunciar la prórroga de las cuentas de 2017 para no sufrir un fracaso estrepitoso en el Congreso. Un mes después, la situación en Cataluña va encaminada a unas nuevas elecciones autonómicas y la Moncloa considera que ya ha llegado el momento de volver a intentar poner en marcha la maquinaria presupuestaria.

Las dos partes quieren cerrar un acuerdo, pero para los nacionalistas vascos el cómo es tan importante como el qué. Por eso las conversaciones han comenzado en estricto secreto. La semana pasada se reunió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, y el portavoz del Grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, en la sede del Ministerio en la calle Alcalá de Madrid, explican fuentes conocedoras del encuentro. En la reunión se abordaron todos los temas económicos que están sobre la mesa, desde los Presupuestos de 2018 hasta la actualización de la ley del cupo y las inversiones para el desarrollo de la 'Y vasca'.

Hacienda prefiere que su interlocutor directo sea el Gobierno vasco antes que el Grupo parlamentario del Congreso. En primer lugar, por la buena sintonía entre Montoro y Azpiazu lograda en la Comisión Mixta del Concierto Económico, y, en segundo, porque el Gobierno vasco es quien realmente se juega algo en las negociaciones, desde las inversiones en la región hasta los propios Presupuestos de la Comunidad. Conviene recordar que la formación 'jeltzale' necesitó la abstención del Partido Popular para sacar adelante sus Presupuestos de 2017 con el apoyo del PSOE y ocurrirá lo mismo este año.

[¿Y por qué no el cupo vasco (bien calculado) para Cataluña?]

Así, mientras el PNV decía públicamente que “no tiene sentido” hablar de Presupuestos con el Gobierno, se sentaba en la mesa con Montoro en una reunión privada para avanzar en las negociaciones. En esa primera toma de contacto Hacienda decidió tener un gesto con el Gobierno vasco y el resultado se ha visto este viernes con la decisión del Consejo de Ministros de actualizar la ley quinquenal del cupo vasco y el concierto económico.

El Gobierno vasco cuenta con que Hacienda lleve la actualización de la ley quinquenal del cupo al Congreso antes de fin de año

De esta forma, el ministro de Hacienda da el primer paso que pedía el PNV para poder vender ante su electorado. "Estos acuerdos dan claridad y estabilidad a las relaciones financieras entre la Administración del Estado y la Administración vasca", explicó Montoro tras el Consejo de Ministros. Esta medida supone culminar los acuerdos de mayo de la Comisión Mixta del Concierto Económico. En esa reunión, Montoro se aseguró el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2017 y se comprometió a actualizar la ley quinquenal del cupo para que “esté lista en el último trimestre de 2017”.

El consejero de Economía y Hacienda vasco también puso sobre la mesa la necesidad de impulsar la inversión en la 'Y vasca' para mejorar las comunicaciones por ferrocarril de la región. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha anunciado que el Gobierno presentará “el estudio informativo para poder sacar el proyecto a información pública, una vez consensuado con las dos administraciones”, la vasca y la castellano-leonesa. Montoro está dispuesto a realizar un esfuerzo presupuestario destinado a infraestructuras (el 'frente vasco' se une al 'frente catalán'), pero para ello necesita contar con el apoyo del PNV para aprobar las cuentas de 2018.

Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña serán clave para facilitar el acuerdo. Una derrota del independentismo en los comicios calmará el desafío soberanista y permitirá al PNV acercarse al Gobierno sin sufrir ante su electorado. Las negociaciones entre las dos partes serán muy intensas en la recta final del año. Montoro reconoció que será difícil que pueda presentar las cuentas "antes de que acabe el año", pero confía en hacerlo "al inicio de 2018" con el apoyo del PNV.

Un giro inesperado

En el Grupo Popular daban por hecho desde primeros de septiembre el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, y asumieron después, ante el 1-O, que el desafío independentista en Cataluña abría un paréntesis hasta fin de año para que los nacionalistas vascos hicieran público el acuerdo. Pero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat, Mariano Rajoy rescató ya ese objetivo de legislatura esta misma semana. En la reunión del comité ejecutivo del PP, el presidente del Gobierno anunció que aunque la marcha de la economía es positiva, también resulta urgente retomar las negociaciones sobre las cuentas del Estado para el próximo ejercicio.

Rajoy comentó que una vez apuntalada la estabilidad política con la puesta en marcha de las medidas del 155 y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21-D, el Ejecutivo se proponía reeditar el acuerdo presupuestario de este año. En fuentes del PP apuntaron que para fin de año o principios de enero, si se confirma la normalidad constitucional en Cataluña, se podrá hacer público el preacuerdo alcanzado con el PNV y contar con sus cinco diputados para la tramitación parlamentaria del proyecto.

El texto ya estaba pactado con Ciudadanos y consultado con los dos diputados regionalistas canarios, Ana Oramas y Pedro Quevedo. Ambos necesitan además un nuevo ejercicio para que se acaben de cumplir las exigencias que arrancaron este mismo año al Gobierno en materia de inversiones en infraestructuras y subvenciones para distintos sectores de las islas. El Gobierno ni siquiera quiere descartar como socio para el acuerdo presupuestario al PSOE, para que al menos se abstenga en las votaciones fundamentales.

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